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jueves, 13 junio, 2024

CLAVES | Proyecto de ley de cooperación internacional resurge entre advertencias de ONG

La organización Acceso a la Justicia destacó que el resurgimiento del proyecto de ley puede interpretarse como otra acción en la arremetida contra la sociedad civil, luego de la aprobación en primera discusión de la ley de fiscalización de las ONG

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Caracas.- La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional electa en 2020, de mayoría oficialista, aprobó en sesión ordinaria, el 1 de marzo, el texto final de 26 artículos del proyecto de ley de cooperación internacional, propuesta que retomó el Gobierno 18 años después de que fue presentada, con el mismo texto, en 2005.

El diputado Timoteo Zambrano, quien preside la comisión parlamentaria, destacó que la propuesta fue revisada durante varias semanas. La instancia legislativa entregó el proyecto a la directiva del Parlamento, que preside el diputado Jorge Rodríguez, para que allí también la revisen y se inicie la consulta pública.

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Según la ONG Acceso a la Justicia, el resurgimiento de este proyecto de ley puede interpretarse como otra acción en la arremetida contra la sociedad civil, luego de la aprobación en primera discusión de la ley de fiscalización de las ONG.

«El gobierno de Nicolás Maduro desempolva el tema en medio de una arremetida contra la sociedad civil que ha incluido allanamientos y detenciones de activistas, así como la orden de vigilar las operaciones financieras realizadas por las organizaciones civiles», advirtió Acceso a la Justicia este lunes, 6 de marzo.

Propósito restrictivo

Acceso a la Justicia destacó que este proyecto de ley, igual que la legislación acerca de la fiscalización de las ONG, tiene como objetivo limitar el financiamiento que reciben las ONG desde el exterior, para obstaculizar y neutralizar programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica, asistencia internacional y demás actividades que ejecutan esas entidades asociativas en Venezuela.

«No solo controlaría la cooperación extranjera en el país, sino que también le serviría de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos que desde el exterior obtienen las ONG«, añadió la ONG.

Registro especial

El proyecto de ley establece un registro único obligatorio para las ONG, pues sólo las que estén inscritas serán reconocidas como legales por el Gobierno y, en consecuencia, podrán recibir los aportes desde el exterior bajo las condiciones del Ejecutivo.

«Las ONG que no se inscriban quedarían al margen de la ley y estarían vetadas para recibir recursos financieros o materiales del exterior (…) correrían el riesgo de desaparecer por la falta de recursos para funcionar, lo que representa una medida violatoria de su libertad de asociación», alerta Acceso a la Justicia.

Sin seguridad ni certeza jurídicas

De acuerdo con la propuesta, el Gobierno establecerá en un reglamento los requisitos y documentos que deben consignar las ONG nacionales y extranjeras. La medida, según Acceso a la Justicia, no genera seguridad ni certeza jurídicas, pues concede al Ejecutivo la potestad discrecional de solicitar, de manera arbitraria, un listado de requerimientos con el objetivo de dificultar el registro de las ONG.

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Plataforma jurídica contra ONG

La ONG Acceso a la Justicia alerta sobre la pretensión de la propuesta para establecer una plataforma jurídica de «asfixia», contra las ONG mediante el registro que prevé el proyecto, al impedirles el financiamiento de donantes extranjeros, quienes tampoco pueden transferir al Gobierno los fondos destinados a las organizaciones, según las regulaciones internacionales.

«Acarrearía la imposibilidad de financiarlas (…) ambas medidas gubernamentales son formas de hostigamiento con el propósito de neutralizar la labor de la sociedad civil organizada«, resaltó la ONG.

Violación a libertad de asociación

La iniciativa que evaluará la directiva de la Asamblea Nacional electa en 2020 vulnera el derecho a la libertad de asociación, que garantiza el artículo 52 de la Constitución, advierte Acceso a la Justicia, y también viola normas internacionales al desconocer los tratados que lo consagran.

«Este derecho no sólo implica la autonomía o libertad de las personas de conformar, en este caso, una ONG, sino también el de fijar y procurar sus fines, escoger su estructura interna, programas y actividades, así como los medios para alcanzarlos», añadió la ONG.

Pronunciamientos de organismos internacionales

Acceso a la Justicia precisa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado sus consideraciones sobre los casos de obstaculización por parte de Estados para la financiación extranjera de la sociedad civil organizada.

«La Corte IDH ha señalado que el ejercicio de la libertad de asociación implica el derecho a poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho», precisó Acceso a la Justicia.

Asimismo, la ONG destacó que la propuesta del Gobierno genera preocupación en otras instancias internacionales, como en los exámenes periódicos universales en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

«Al gobierno de Nicolás Maduro poco le interesa promover la libertad de asociación. Su política es la de dictar medidas cada vez más restrictivas que impidan el ejercicio de esa libertad», concluyó la ONG.

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