Caracas.- Venezuela está a la expectativa de cada declaración del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que lo identifican como un funcionario polémico y mediático. Hace trasmisiones en vivo, responde con rapidez a casos sensibles para el Gobierno y ordena investigaciones.
En las últimas horas, ha ofrecido varias ruedas de prensa tras la ola de protestas, movilizaciones y manifestaciones pacíficas ocurridas en Venezuela, que además han causado fallecidos, detenciones y heridos. Sus declaraciones han sorprendido a los venezolanos al señalar que manifestantes usan hasta salsa de tomate para fingir un homicidio.
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Monitor de Víctimas, el observatorio de violencia homicida impulsado por Runrun.es y Mi Convive en Venezuela, reportó que hasta el 31 de julio contabilizan 17 fallecidos durante las protestas registradas en varias regiones del país, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio ganador de las presidenciales del domingo 28 a Nicolás Maduro.
El fiscal general aseguró el 31 de julio que al menos 1.062 personas han sido detenidas en Venezuela.
Pese a esto, la ONG Foro Penal registró que subieron a 672 las detenciones que han verificado sus colaboradores en distintas ciudades de Venezuela. La mayoría en el Distrito Capital.
¿Qué ha dicho el fiscal Tarek William Saab?
En El Pitazo te hacemos un resumen de lo que ha dicho el funcionario para criminalizar a los manifestantes, aunque es un derecho constitucional, además de otras situaciones que los exponen:
- Simulación de hecho punible. El fiscal se volvió tendencia en redes sociales después de que aseguró en una rueda de prensa, el 31 de julio, que manifestantes «hasta han simulado hechos punibles y van a ser detenidos por eso. Caen y le echan salsa de tomate a la persona en el suelo, algo jamás visto, de teatro». Esto en referencia a las imágenes que se han difundido de personas heridas durante las protestas.
- Criminalizar a manifestantes. En sus declaraciones ha detallado las penas de cárcel para las personas que protesten, pese a que es un derecho establecido en la Constitución nacional.
- “Llamar a desconocer los resultados oficiales puede ser delito de instigación pública, con una pena de 3 a 6 años de prisión. Obstrucción de vías públicas, con una pena de 6 a 10 años de prisión. Instigación al odio, con una pena de 10 a 20 años. Resistencia a la autoridad, con una pena de 1 a 2 años de prisión”, advirtió.
- Prisión por «muchos años». Durante su última intervención, aseguró que si se comprueba, tras la investigación correspondiente, que algunos de los detenidos no participaron en las protestas, quedarán libres, pero a los que se les determine la responsabilidad quedarán privados de libertad por muchos años.
- Uso de estupefacientes. En referencia a uno de los detenidos, cuestionó: “¿Quién puede aplaudir esto? Solo el adicto al alcohol y los estupefacientes”.