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sábado, 1 octubre, 2022

CLAVES | Misión de la ONU denuncia centros de detención clandestinos de Dgcim

En el documento publicado por Naciones Unidas se reportan múltiples casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente o sometidas a desapariciones forzadas de corto tiempo y mantenidas incomunicadas

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Caracas.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció el martes, 20 de septiembre, que los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir a la oposición. 

Este informe ahonda en los hallazgos que esta misma misión expuso en 2020 y ahora se centra en las actividades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según el informe de la ONU las autoridades venezolanas no han investigado ni procesado a los responsables ni han proporcionado reparaciones a las víctimas

En ese sentido, El Pitazo te deja una lista de los puntos claves del informe que no han sido mencionados. 

  • Las detenciones por parte de la Dgcim incluyen la falta de presentación de órdenes de detención, o detenciones sustentadas en pruebas falsas. La Misión ha documentado varios casos en los que el organismo hizo un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, incluso disparando a las personas detenidas. Otra táctica frecuente es arrestar u organizar secuestros de familiares para presionar a los objetivos a entregarse.
  • La Dgcim planta o manipula habitualmente las pruebas para inculpar a los “objetivos”. Las tácticas incluyen la colocación de armas o propaganda política en los hogares de las personas, o el uso de la tortura para presionar a los detenidos para que formulen falsas acusaciones.
  • El informe señala que la Dgcim cuenta con una red de centros clandestinos de detención, conocidos como “casas de seguridad” en todo el país donde las personas detenidas son llevadas para ser interrogadas, sometidas a tortura y violencia sexual.
  • La Misión documentó múltiples casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente o sometidas a desapariciones forzadas de corto tiempo y mantenidas incomunicadas fuera de la supervisión legal en las casas de seguridad.
  • El Sebin supervisa los centros de detención en Caracas en su sede de Plaza Venezuela y en El Helicoide, donde se encuentran la mayoría de las personas detenidas. Pese a que el centro es administrado por el Sistema Penitenciario, los testigos le dijeron a la Misión que el servicio de inteligencia sigue teniendo el control de facto sobre las personas detenidas por motivos políticos.
  • El Sebin recurre a una serie de métodos de tortura, como palizas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posturas de tensión, amenazas de muerte y violación, así como otras formas de tortura psicológica.
  • El informe determinó que el Sebin utiliza con frecuencia la extorsión contra los objetivos, antes o después de su detención y que asalta sus casas para robar dinero u objetos de valor. A menudo lo hacen los empleados de bajo rango para aumentar sus escasos salarios
  • El informe determinó que el Sebin utiliza con frecuencia la extorsión contra los objetivos, antes o después de su detención y que asalta sus casas para robar dinero u objetos de valor. A menudo lo hacen los empleados de menor nivel para aumentar sus escasos salarios
  • En al menos siete casos revisados por la Misión, los agentes del Sebin perpetraron actos de violencia sexual o de género contra las personas detenidas en un intento de obtener confesiones o información. 
  • Los funcionarios que practicaban la tortura eran ascendidos y/o recompensados por otros medios. El informe también destaca que los funcionarios señalados se mantienen en sus puestos. 

Situación en el Arco Minero

Desde su primer informe en 2020, la Misión llamó la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, como una de las situaciones que requieren más investigación dentro del mandato de la Misión.

En ese sentido, el informe señala que varios testigos hablaron de casos de niñas, en su mayoría de entre 11 y 17 años, ejerciendo la prostitución en numerosas zonas mineras del estado de Bolívar entre 2016 y 2022, lo que constituiría explotación sexual o prostitución forzada. En algunos casos, los testigos relataron haber visto a miembros de las fuerzas de seguridad en las currutelas donde las niñas eran explotadas.

La Misión también recibió información y testimonios directos sobre violencia sexual en los puntos de control y puestos de control fronterizos en todo el estado de Bolívar. Mujeres y niñas han denunciado actos de violencia sexual cometidos por parte de agentes de la Fanb que trabajan en los puestos de control y de los actores armados que controlan las rutas de transporte.

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