Caracas.- La Asamblea Nacional (AN) de mayoría oficialista, aprobó el 29 de noviembre la Ley Libertador Simón Bolívar, que busca contrarrestar los efectos de las sanciones internacionales impuestas contra el país y sus funcionarios.
Durante su discusión, se presentó como una herramienta para defender la soberanía nacional y proteger los derechos de la población frente a lo que se considera una estrategia de presión extranjera.
La aprobación se dio en una sesión plenaria donde los diputados oficialistas destacaron la necesidad de consolidar un marco legal que permita sancionar a quienes colaboren con estas medidas coercitivas. En contraste, la oposición, aunque minoritaria en la Asamblea, criticó la ley y la señaló de instrumento para la persecución política.
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En El Pitazo explicamos en claves las normas expuestas en la nueva ley:
- La ley permite imponer inhabilitaciones de hasta 60 años a quienes soliciten o promuevan sanciones internacionales contra el Estado venezolano; participen directa o indirectamente en acciones que afecten la economía o los activos de la República o respalden medidas que socaven la soberanía y autodeterminación del país.
- El texto legal prevé prisión de entre 25 y 30 años para quienes colaboren con organismos o funcionarios extranjeros en la adopción de sanciones; promuevan acciones armadas contra el territorio nacional o se beneficien directa o indirectamente de sanciones aplicadas a la República.
- La ley establece penas a los medios de comunicación que difundan propaganda que respalde sanciones, consistentes en la revocatoria de concesiones a radios y televisoras o multas de entre 100.000 y 1.000.000 de veces el tipo de cambio oficial, aplicables también a redes sociales y prensa escrita.
- El Registro Nacional de Infractores permitirá aplicar el congelamiento de activos, la prohibición de contratar con el Estado, la restricción de exportaciones e importaciones y la suspensión del Registro Nacional de Contratistas. El objetivo es limitar las capacidades económicas y operativas de quienes el Gobierno considere responsables de acciones contrarias a la soberanía nacional. Estas sanciones abarcarán aspectos financieros y comerciales.
- La Ley Libertador Simón Bolívar define las medidas coercitivas internacionales como crímenes de lesa humanidad, al alegar que constituyen ataques sistemáticos contra la población civil. Esta postura busca reforzar el discurso gubernamental que responsabiliza a estas sanciones de la crisis económica y social en el país, presentándolas como una violación de los derechos fundamentales de los venezolanos.
- La normativa otorga a los jueces la facultad de emitir sentencias en ausencia de los acusados, una medida que reserva las posibilidades de aplicar sanciones de manera más expedita.
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