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martes, 24 noviembre, 2020

CLAVES | La persecución estatal contra allegados de presos políticos fugados

Luego de la fuga de Leopoldo López hacia España, el gobierno de Nicolás Maduro ha dirigido sus represalias contra su familia y personas que creen que pudieron ayudarle a escapar. Esta práctica ya se ha repetido antes con casos como el de Antonio Ledezma e Iván Simonovis

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Caracas.- La reciente salida del país del líder opositor Leopoldo López hacia España tomó por sorpresa no solo a la ciudadanía, sino también a los cuerpos de seguridad del Estado que, desde su fuga, han puesto en marcha una de sus prácticas más comunes y denunciadas en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas: la persecución y detención de familiares y personas de su círculo cercano con el fin de extraer información, amedrentar y, en última instancia, extorsionar a la disidencia política.

Este sábado 24 de octubre, día en que se conoció la fuga del fundador del partido Voluntad Popular, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Nubia Campos, una mujer encargada de llevarle la comida a López en la residencia del embajador de España, lugar en que el permanecía asilado luego de fugarse de su arresto domiciliario para participar en la Operación Libertad, el 30 de abril de 2019. Horas después también fueron arrestados Ibrahim Sojo, Carlos García y José Neira, trabajadores de la sede diplomática.

Aunque fueron interrogados y liberados 48 horas después, la persecución contra López continúa. Este lunes 26 de octubre, el Sebin allanó la casa de Diana López, hermana del dirigente, y se llevó detenida a su cuñada, Nathaly Sifontes, quien también fue liberada luego de 22 horas de interrogatorio en El Helicoide.

López no ha sido el único político opositor que ha visto los daños colaterales de su lucha. El propio presidente interino, Juan Guaidó, a pesar de no ser un preso de consciencia, sí ha recibido también múltiples ataques a sus allegados, desde la detención de asistentes y escoltas, hasta la de su propio tío, ocurrida al regreso de su gira internacional en febrero de este año.

Aquí un repaso de algunos dirigentes opositores cuyos allegados han sido perseguidos por el Estado luego de su fuga:

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Antonio Ledezma

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El exalcalde metropolitano de Caracas fue detenido el 19 de febrero de 2015, luego de ser acusado por el gobierno de Maduro de conspirar en el denominado «Golpe Azul». Tras un año encerrado en la Cárcel Militar de Ramo Verde, en febrero de 2016 se le concedió una medida de arresto domiciliario, permaneciendo en su residencia en la urbanización Santa Rosa de Lima hasta el 17 de noviembre de 2017, cuando salió clandestinamente del país.

Ledezma cruzó más de 29 alcabalas a lo largo de su viaje en carretera hasta el estado Táchira, donde cruzó la frontera hacia la ciudad de Cúcuta, Colombia, eludiendo los controles militares sobre el Puente Internacional Simón Bolívar. Luego tomó un vuelo hasta Madrid, donde reside actualmente y se mantiene como activista para la plataforma Soy Venezuela.

Su escape no tardó en poner en alerta a las autoridades venezolanas y, al día siguiente, el edificio Villa Magna, donde el exalcalde vivía y cumplía condena, amaneció tomado por funcionarios encapuchados del Sebin, quienes arrestaron al vigilante de las residencias, Jairo Atencia, así como al conserje Frank Borges y al presidente de la junta de condominio, Ignacio Benítez. Horas después, también arrestaron a Nelson Teixera, dueño de la empresa encargada de las cámaras de seguridad del edificio.

Las autoridades aseguraron que los hombres estaban detenidos en calidad de testigos y fueron liberados luego de 72 horas; no obstante, según declaraciones del abogado Joel García recogidas por el portal El Estímulo, “buscaban cómo sacarles que financiaron la ayuda para ponerles asociación para delinquir y privarlos de libertad«.

La persecución no terminó allí. En los días siguientes, varios dirigentes del partido Alianza Bravo Pueblo, del que Ledezma fue fundador, fueron intimidados y amenazados, mientras que en la sede de la Alcaldía Metropolitana se practicaron más detenciones. Así fueron llevados a El Helicoide el entonces director de Seguridad de la alcaldía, Carlos Luna; la exdirectora de Protocolo, Elizabeth Cárdenas; Gabriel Matute, director de Talento Humano; la gerente de Finanzas, Carmen Catalina Andarcia, y Simón Zorrilla, funcionario adscrito a la Dirección de Seguridad.

Todos los detenidos fueron puestos en libertad días después menos Matute y Andacia, quienes siguen presos en la sede del Sebin.

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Iván Simonovis

Casi todos los medios de comunicación coinciden en afirmar que el escape del excomisario fue digno de película de Hollywood. En medio de la noche del 16 de mayo de 2019, salió de su casa, en la que ya llevaba tres años de arresto domiciliario, y descendió con una cuerda por un muro de 25 metros para luego quitarse el localizador que le habían colocado en el tobillo. Luego de llegar a la costa, zarpó en una lancha que se quedó sin combustible a medio camino, pero logró salir del país y liberarse de los más de 15 años en los que fue el preso político estrella de los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro.

Un mes después del espectacular escape, el 14 de junio, el abogado defensor de Simonovis, Enrique Perdomo, fue detenido justo frente a la vivienda del expolicía, mientras daba declaraciones a los medios de comunicación luego de inspeccionar que los funcionarios del Sebin que se apoderaron de la casa no hubiesen robado los bienes del lugar. Perdomo fue llevado a El Helicoide, junto a un vecino de nombre Joel Reyes, quien posteriormente fue liberado.

El abogado estuvo incomunicado durante dos días y no se supo de él hasta que fue trasladado al Palacio de Justicia, donde se le imputaron cargos por obstrucción de la justicia, debido a que el inmueble al que ingresó por petición de la esposa de Simonovis poseía una medida de incautación y aseguramiento de la jueza Carol Padilla. Perdomo permaneció detenido en El Helicoide hasta el 31 de agosto de este año, cuando fue absuelto por el indulto concedido por Nicolás Maduro a 110 opositores.

Otra persona que salió en libertad el 31 de agosto por el indulto fue Antonia Turbay, una abogada de 67 años quien estuvo un año y dos meses detenida en el Sebin por el delito de haber sido vecina de Simonovis. Días después del arresto de Perdomo, el 27 de junio de 2019, agentes allanaron la vivienda de Turbay y se la llevaron bajo la acusación de que había ayudado al Simonovis durante su fuga.

Aunque el Tribunal 36 de Control comprobó su inocencia y emitió una orden de excarcelación, la directiva de El Helicoide, sin una justificación aparente, decidió mantenerla cautiva a pesar de que el mismo tribunal ratificó la medida dos meses después. «Me han alejado de mi familia», declaró Turbay la noche de su liberación, emocionada y entre lágrimas, pues su hija, quien era su único familiar en el país, migró a Colombia durante su tiempo retenida, luego de haber sido víctima de un secuestro express.

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Anyelo Heredia

El capitán Anyelo Julio Heredia Gervacio estaba adscrito a la compañía 1.047 del Ejército, en el estado Táchira, cuando en marzo de 2017 decidió denunciar ante el Ministerio Público la corrupción por parte de los cuerpos militares en el contrabando de gasolina en esa entidad. 20 días después, el 30 de marzo, fue detenido y procesado en un tribunal militar por los cargos de traición a la patria, instigación a la rebelión y atentar contra el orden de la nación de las Fuerzas Armadas Nacionales, según reportó en su momento el Foro Penal.

Estando detenido en la cárcel de Ramo Verde, Heredia luego fue vinculado como uno de los presuntos autores intelectuales de la Operación Fénix, la cual consistió en el fallido intento de asesinato contra Nicolás Maduro con unos drones explosivos, ocurrido el 4 de agosto de 2018. No obstante, la Navidad del 25 de diciembre de 2019, el capitán logró escapar del penal ubicado en Los Teques, estado Miranda, gracias a la ayuda de dos custodios que luego fueron aprehendidos.

Desde su huida, Heredia se ha mantenido en la clandestinidad, aunque la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ha hecho de todo para encontrarlo, incluido atacar a su familia. El 1º de enero de este año, la abogada defensora de los Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció que los agentes del cuerpo miliar habían allanado la casa de Heredia, donde se llevaron detenidos a cinco miembros de su familia, incluido un niño de 8 años de edad, además de a una vecina.

Suju compartió un video en sus redes sociales donde una allegada de la familia, de nombre Heidi Martínez, denunciaba que habían sido trasladados a la sede de la Dgcim, en Boleíta, los padres del capitán, su hermana, cuñado y el menor de edad. La mujer señaló que los funcionarios al irse dejaron abandonado en la casa a un bebé de un año, el cual quedó a su cuidado.

“La huida del capitán Heredia trajo una serie de represalias de manera injusta en contra de sus familiares, porque ellos son inocentes y no tienen ningún conocimiento de lo sucedido”, dijo.

Aunque el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó el hecho y exigió al gobierno venezolano información sobre el estado de la familia de Heredia, hasta la fecha todavía se desconoce su situación.

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