Claves | Informe de Bachelet sobre Venezuela destaca de nuevo torturas e intimidación

Dos oficiales de derechos humanos estuvieron trabajando en Venezuela, desde octubre de 2019, bajo el mandato de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

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Michelle Bachelet. Foto: Archivo

Caracas.- La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos la actualización del informe sobre la situación en Venezuela, en el que advirtió que en el país persisten graves violaciones a los derechos económicos y sociales, así como restricciones a la libertad de opinión y expresión; el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y moral.

Acá las claves del nuevo informe sobre Venezuela presentado por Bachelet:

Derechos económicos y sociales.

  • De acuerdo con la actualización del informe presentado por Bachelet, Venezuela sigue «padeciendo violaciones interrelacionadas de sus derechos económicos y sociales, debido a la prolongada y multifactorial crisis social y económica».
  • En el informe, Bachelet precisa que aunque el gobierno de Maduro ha aumentado el salario mínimo 1.200 % desde julio de 2019, en mayo de 2020 su valor se estimó en 2,82 dólares mensuales, lo que cubre 1,8 % de la canasta básica de alimentos.
  • En el informe de 2019, Bachelet detalló que el salario mínimo, que ascendía al equivalente de unos siete dólares al mes, cubría únicamente 4,7 % de la canasta básica de alimentos.
  • Asimismo, Bachelet advierte la persistencia en el deterioro de la calidad y el acceso a los servicios básicos, tales como transporte, electricidad, agua, saneamiento y gas, lo que ha afectado negativamente el derecho a un nivel de vida adecuado.
  • En el informe de 2019, la alta comisionada recalcó que «el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural».
  • En el más reciente informe, Bachelet señala que, según una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en octubre de 2019, 59 % de los hogares declararon no disponer de ingresos suficientes para comprar alimentos.
  • Bachelet confirmó en 2019, de acuerdo con información verificada, violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre.
  • Los médicos y el personal de enfermería informaron de las malas condiciones de los hospitales públicos, entre ellas la falta de medicamentos y suministros médicos, la escasez de agua y los cortes de electricidad, detalló Bachelet en el informe presentado este jueves 2 de julio.
  • En 2019, Bachelet precisó en su informe que las violaciones al derecho a la salud fueron el resultado del incumplimiento del gobierno con sus obligaciones fundamentales, vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud, incluyendo agua y nutrición adecuada, entre otros.
  • De acuerdo con lo presentado por Bachelet este jueves, desde julio de 2019 hasta mayo de 2020 se registraron 10.026 protestas en Venezuela. 73 % de éstas se debieron a los bajos salarios, los elevados precios de los alimentos, los retrasos en la distribución de las cajas de asistencia alimentaria y la falta de servicios básicos, entre ellos la atención sanitaria.
  • En el informe de 2019, Bachelet detalló que, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Ocvs), se produjeron 9.787 manifestaciones en 2017, 12.715 en 2018 y 9.715 entre el 1° de enero y 31 de mayo de 2019.
  • Según el más reciente informe de Bachelet, se documentó la muerte violenta de un hombre en el contexto de un saqueo en el estado de Bolívar, el 23 de abril de 2020, por la cual se inició un proceso penal en contra de cuatro funcionarios de la policía municipal por homicidio intencionado y uso indebido de arma orgánica.
  • En 2019, de acuerdo con lo detallado en el informe de Bachelet, según el gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron que 29 personas murieron entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, el Ovcs registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018 y la propia Bachelet registró 66 muertes entre enero y mayo 2019.

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El espacio democrático y cívico

  • La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos siguió documentando restricciones a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión y asociación pacíficas, y al derecho de participación en los asuntos públicos.
  • En 2019, el informe presentado por Bachelet advirtió que «en los últimos años el gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes».
  • El más reciente informe de Bachelet señala que las fuerzas de seguridad han bloqueado, incluso por la fuerza, el acceso a la Asamblea Nacional de parlamentarios que apoyan la renovación del nombramiento de Juan Guaidó como presidente del Parlamento.
  • En 2019, el informe destacó que durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones que controla, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional.
  • Bachelet precisó que hasta junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno de Maduro había retirado la inmunidad parlamentaria a 28 diputados de oposición; cuatro estaban detenidos y uno se encontraba bajo arresto domiciliario; mientras que 36 parlamentarios habían abandonado el país o se habían escondido, muchos de ellos acusados de traición, conspiración, incitación a la insurrección, rebelión civil y asociación para delinquir, entre otros delitos.
  • En los señalamientos del más reciente informe de Bachelet destacan la documentación de ataques de grupos civiles armados progubernamentales, colectivos, contra opositores políticos, manifestantes y periodistas. Las fuerzas de seguridad no hicieron nada por impedir esos ataques.
  • En 2019, Bachelet advirtió que los colectivos armados recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves.

El derecho a la vida

  • Considerando estadísticas oficiales, el informe más reciente de Bachelet precisa que en 2019 se registraron 6.710 homicidios, y entre enero y mayo de 2020, 1.363 muertes. Estos datos no incluyen las muertes violentas en el marco de operaciones de seguridad, calificadas de «resistencia a la autoridad».
  • De acuerdo con un análisis de información de fuentes abiertas realizado por la alta comisionada, entre el 1° de enero y el 31 de mayo de 2020, habrían muerto violentamente 1.324 personas, entre ellas nueve mujeres, en el marco de operaciones de seguridad.
  • En 2019, el informe de Bachelete precisó que el gobierno registró 5.287 muertes violentas en 2018, mientras que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas. Entre el 1° de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por «resistencia a la autoridad”. El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019. El informe advirtió que «muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales».
  • De acuerdo con el informe presentado recientemente por Bachelet, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) fueron presuntamente responsables de 432 muertes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), de 366 muertes, la Guardia Nacional Bolivariana (GN), de 136 muertes y las fuerzas de policía del Estado Zulia, de 124 muertes.

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El derecho a la libertad

  • Bachelet documentó, además, las restricciones al derecho a la libertad de manifestantes, profesionales de medios de comunicación y trabajadores de la salud, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.
  • En 2019, Bachelet advirtió que la situación empeoraba en 2018-2019. «Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión. Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación».
  • Asimismo, en el contexto de protestas relacionadas con los servicios públicos, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos documentó la detención de 17 manifestantes en todo el país, entre ellos menores de edad y personas adultas mayores, y tres casos de tortura y una agresión sexual a manifestantes detenidos por miembros de las fuerzas de seguridad el el 20 de mayo en el estado Lara.

Tortura y malos tratos

  • Bachelet advirtió que en el período que abarcó el más reciente informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, recibió denuncias de tortura y malos tratos. El recurso a tales actos tiene por objeto intimidar y castigar a las personas detenidas y arrancar confesiones o incriminar a terceros mediante videos o declaraciones escritas, precisó.
  • Asimismo, recalcó que las personas privadas de libertad eran interrogadas por los servicios de inteligencia después de su detención, tanto en las instalaciones de la Dgcim como en lugares no oficiales y desconocidos.
  • En el informe de 2019, Bachelet señaló que pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019. En la mayoría de esos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante.
  • Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el Sebin y la Dgcim, precisó Bachelet en 2019, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas.

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