En medio del contexto de cuarentena por COVID-19 el Estado venezolano ha transgredido derechos consagrados en la Constitución como el libre tránsito, la legítima defensa y el debido proceso

HAZ CLIC AQUÍ PARA LEER TODOS LOS ESPECIALES

El Decreto N° 4.160 que declaró el estado de alarma en Venezuela el 13 de marzo de 2020 ante las primeras detecciones de COVID-19 ha sido el argumento del gobierno de Nicolás Maduro para violar la Constitución y, en consecuencia, los derechos de la ciudadanía. Detenciones arbitrarias, limitaciones al libre tránsito y violación al derecho a la defensa son algunas de las irregularidades que marcan este primer año de cuarentena.

En un informe publicado por la ONG Acceso a la Justicia en agosto del año pasado se asegura que la llegada del coronavirus le abrió la puerta al reforzamiento del control territorial por parte de militares y policías. También, a la desarticulación de protestas por servicios públicos de calidad.

En El Pitazo destacamos las transgresiones a la ley que han cometido funcionarios de Maduro:

Cuando apenas se cumplía un mes de cuarentena, los habitantes de El Cuartel y Lomas de Urdaneta, de la parroquia Sucre del municipio Libertador, comenzaron a recibir un “pase” por parte de consejo comunales con el que podían transitar por la zona. Para justificar la limitación al libre tránsito, derecho consagrado en el artículo 50 de la Constitución, aseguraban que debían “minimizar los riesgos de contagio y la propagación” de la enfermedad. Este documento fue autorizado por el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas.

En un reportaje publicado por El Pitazo al cumplirse 100 días de pandemia, en junio, el coordinador de Provea, Marino Alvarado, ya alertaba la aplicación de “diferentes normas y sanciones que contravienen la libertad personal”. Denunció que Provea ya había recibido denuncias por tratos humillantes y multas en el marco de esta cuarenta.


Estaremos investigando las cadenas de mando y establecimiento de responsabilidades de presuntos crímenes de lesa humanidad

Marta Valiñas, la jefa de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela

-El 2 de julio de 2020, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, prendió las alarmas de la comunidad internacional al decir que la misión había observado en Venezuela “la aplicación discrecional del estado de alarma” y violaciones al derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión, que devinieron en detenciones de manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos.

-Desde el 1° de enero hasta el 31 de julio, la ONG Foro Penal contabilizó 281 detenciones políticas. En ese momento, la organización advirtió el crecimiento de estas medidas arbitrarias a partir de marzo, cuando se emitió el decreto de cuarentena. Solo en julio se registraron 39 detenciones por motivos políticos.

-Hasta el 31 de diciembre, 421 ciudadanos fueron detenidos por razones políticas, y aunque es la cifra más baja desde 2014, Foro Penal destaca que el 94% de estos procedimientos se dieron después del decreto de estado de alarma. Algunos de estos ciudadanos fueron detenidos por alzar su voz ante las fallas en servicios públicos o la escasez de gasolina que hay en el país desde principios de 2020.


EN VENEZUELA HABÍA INDICIOS DE QUE EL ESTADO DE ALARMA SE ESTABA APLICANDO DE FORMA DISCRECIONAL Y VIOLANDO DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN


-De acuerdo con el reporte de esta ONG dedicada a la defensa de los presos políticos, “algunas autoridades asumieron el control total de la población, más allá de lo indicado en el decreto”. Recibieron información de detenciones masivas por no usar tapabocas o desafiar los toques de queda que impusieron en varios estados del país.

-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó a mitad del año pasado que los Estados no podían utilizar los estados de excepción de manera genérica ni para suprimir derechos ni para justificar actuaciones contrarias al derecho internacional; por ejemplo, el derecho a tener acceso a la justicia en caso de alguna violación de derechos humanos.

-Sobre este particular destaca la prohibición de visitas en los centros de reclusión, como le ocurrió a la madre del capitán de navío Luis De La Sotta (detenido en la Dgcim de Boleíta), que estuvo más de dos meses sin ver al militar, acusado sin pruebas desde 2018 de preparar un golpe de Estado. Los custodios obligaban a los familiares a entregar medicamentos y medicinas en un espacio cercano a la sede de contrainteligencia militar.


EL 94% DE LAS 421 DETENCIONES POR RAZONES POLÍTICAS REGISTRADAS EN 2020 SE DIERON EN EL MARCO DE LA CUARENTENA POR COVID-19


-También fue violado el derecho a la legítima defensa porque el Estado restringió el acceso a los tribunales. En este sentido también se violaron los siguientes derechos, según Foro Penal: derecho a la tutela judicial efectiva y derecho al debido proceso.

-Entre finales del 2020 y 2021, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, amenazó a organizaciones sociales por recibir financiamiento internacional. Es el caso de Provea, que publicó en su cuenta de Twitter un documento que indica que el Partido Socialista Unido de Venezuela había recibido recursos económicos de Reino Unido. Por esto, Cabello pidió investigar a la ONG.

-Uno de los casos de detenciones arbitrarias más recientes es el de seis miembros de la ONG Azul Positivo. Un tribunal del estado Zulia les imputó en enero delitos de manejo fraudulento de tarjeta inteligente, asociación para delinquir y legitimación de capitales. No obstante, el 10 de febrero, el tribunal concedió una medida sustitutiva de libertad con presentación cada 30 días.

-Recientemente, el 10 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidos mostró su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales que se han registrado en el país, específicamente las de La Vega, ocurrida en enero pasado. “Estaremos investigando las cadenas de mando y establecimiento de responsabilidades de presuntos crímenes de lesa humanidad”, dijo la jefa de la misión, Marta Valiñas, ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización multilateral.  

-La misión internacional destacó en su informe que han intentado establecer canales de comunicación con el gobierno de Maduro, pero no han obtenido resultados favorables. 

Detrás de la noticia que acabas de leer hay otra historia. Fue posible gracias al esfuerzo de todo un equipo que, como tú, valora la independencia y está empeñado en visibilizar las injusticias y los abusos del poder. Para seguir haciéndolo necesitamos tu aporte. Súmate a nuestra causa de mostrar la realidad y mantenernos despiertos.Hazte Aliadodel periodismo que te cuenta la realidad y te mantiene despierto.