Caracas.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso sobre las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otras seis personas durante la denominada masacre de El Junquito, ocurrida en enero de 2018.
El organismo, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó que el uso de la fuerza letal por parte del gobierno de Nicolás Maduro fue incompatible con las obligaciones internacionales.
“No se cumplió con el principio de absoluta necesidad, ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas que ya estaban neutralizadas”, detalló en el informe.
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La Comisión señaló que “las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas”, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal. Además, destacó que el uso de la fuerza del Estado fue desproporcionada, teniendo en cuenta que las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición a iniciar una negociación.
“500 fuerzas de seguridad estatales ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todas las víctimas perdieron la vida durante el operativo, a pesar de que hay evidencia de su rendición”, señaló.
La masacre de El Junquito sigue impune
La comisión resaltó además la carencia de documentación sobre la apertura de una investigación, junto con la demolición del lugar de los hechos y la falta de preservación de evidencia.
La CIDH destacó la impunidad persistente y la violación de derechos de las familias por la imposibilidad de realizar entierros y ritos funerarios para despedir a sus seres queridos.
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«Esto constituyó una afectación a su integridad psíquica y moral, y una violación a los derechos a la integridad personal y la libertad de conciencia y religión», señaló en el documento.
Por todo lo expuesto, la comisión concluyó que el gobierno de Nicolás Maduro es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión y protección judicial.
La masacre de El Junquito
Óscar Pérez era funcionario activo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y crítico del Gobierno. Emitió declaraciones en contra de Nicolás Maduro y fundó el Movimiento Equilibrio Nacional.
A mediados de diciembre de 2017, este movimiento ingresó a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana en San Pedro de Los Altos, a las afueras de Caracas, de donde se llevó varios fusiles y pistolas.
Luego, Óscar Pérez publicó un video de lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, en el que manifestó que había realizado “la Operación Génesis”. El mismo día, Nicolás Maduro ordenó el uso de la fuerza contra el grupo terrorista, según lo describió.
Finalmente, en enero de 2018, alrededor de 500 miembros de fuerzas de seguridad atacaron la residencia en El Junquito donde se encontraban Óscar Pérez y otras 6 víctimas.
A pesar de que, tal y como lo muestran diversos videos grabados por Óscar Pérez, las víctimas se rindieron y manifestaron su disposición a negociar, las autoridades ingresaron a la vivienda, utilizando armamento pesado. Todos murieron. Las autopsias indicaron ejecuciones con tiros de gracia.