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domingo, 21 julio, 2024

Centro de Investigaciones Populares: el Gobierno no tiene base comunal para hacer un fraude

En medio del desmantelamiento de la estructura comunal que por años impuso el chavismo como pilar de organización, el oficialismo enfoca su estrategia electoral de control y presión en el sector de los empleados públicos

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Caracas.- El estudio Pulso comunitario, del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP), es una radiografía del momento político en la dinámica comunitaria, en medio del contexto electoral que marca los días previos al 28 de julio, fecha crucial para la definición del rumbo político del país.

Cinco conclusiones de características cualitativas destacan del trabajo del CIP presentadas el jueves en el foro Perspectivas políticas y sociales de cara a la elección presidencial, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Cepyg-UCAB).

La primera de las conclusiones tiene que ver con la situación en la que se encuentra la estructura comunal que durante años constituyó la base de organización que impuso el chavismo y que, tras 11 años de gestión del gobernante Nicolás Maduro, las comunidades comienzan a percibir como un esquema que se agotó y que avanza una suerte de desmantelamiento.

«La situación en la que se encuentra la estructura comunal pudiese estar indicando que el régimen no cuenta o no puede confiarse en ella para realizar el inmenso trabajo que requiere un fraude como el que es presumible busca realizar», destacaron en la presentación los investigadores del CIP, Alexander Campos, subdirector, y Mirla Pérez, directora del CIP.

El estudio Pulso comunitario, parte de una serie de investigaciones del CIP, se basó en grupos focales de los estratos sociales C, D y E, con la participación de entre 130 y 150 personas, en el occidente del país (Zulia, Barinas y Táchira), en la región de centro-occidente (Aragua y Lara), en el sur (Bolívar), en oriente (Sucre) y en la región capital (municipios Libertador, Baruta, Sucre, Chacao, La Guaira y Guarenas-Guatire).

«Hoy podemos decir que el Gobierno no cuenta con la base comunal para hacer un fraude como el que necesita; no cuenta, digamos, con la gente que le haga el trabajo sucio. Eso refleja el desmantelamiento de la estructura comunal y puede tener diversas causas, la falta de recursos de un sistema político clientelar, por ejemplo, pero también hay otros factores», destacó Campos.

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Menos control

La segunda conclusión está relacionada con la merma del control que ejercían las estructuras comunitarias impulsadas por el chavismo. «El aparato comunal se agotó y ya no cumple con la función de control», acotó Pérez.

«Las comunidades están percibiendo el desmantelamiento de la estructura comunal y con esa percepción viene el convencimiento de que ya no tienen la fuerza para el control comunitario, lo que se traduce en que el miedo que puedan haber producido, hoy es mucho menor y, en algunos casos, prácticamente inexistente», resaltan Campos y Pérez en su presentación.

De acuerdo con los resultados del estudio, las personas consultadas reconocen como instancias operativas del sistema comunal sin efectividad a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) y al propio Consejo Comunal, así como a los llamados jefes de calle.

«La presión electoral está dirigida a los empleados públicos, más que a las comunidades. Los niveles de fiscalización, coacción y control que estos reciben están encaminados a mantener el control de la intención electoral. Los mecanismos aislados son claros en este sector», detalla la investigación.

Aunque el Gobierno confía en su estrategia electoral y presume, según el propio Maduro, de unas 15.000 UBCH en todo el país, así como de una red de Consejos Comunales y CLAP, la realidad -por lo que evidencia el estudio del CIP- es mucho más compleja.

Sin incentivos

En plena precampaña de un proceso electoral visto como existencial, la tercera conclusión del estudio del CIP, que tendrá un nuevo corte en las próximas semanas, destaca la ausencia de incentivos «para impulsar o amarrar el voto» hacia el Gobierno. «Los pocos que se están ofreciendo parecieran estar centrados en la militancia y en aquellos que pueden garantizarles algún tipo de fidelidad».

«Por primera vez no encontramos que haya una estrategia ni incentivos (…) Los proyectos bandera del Gobierno, CLAP y bonos a través del sistema Patria, no son una solución y las expresiones de rechazo a esa política llegan al hastío. Resumen la imagen de lo que la gente no quiere», agregó Campos.

El 28J como catalizador

La cuarta conclusión del estudio se refiere a que pese a la realidad de la estructura comunal, que parece desactivada, esa circunstancia «no basta para derrotar al sistema (Gobierno) ni para ganar las elecciones», pues quienes integran esa estructura y aquellas personas vinculadas con su influencia tienen que ser incorporadas al movimiento político que impulsa una democratización por la vía electoral.

«La estructura comunal parece desactivada, pero esto no basta para derrotar al sistema ni para ganar las elecciones, hay que sumarlos. Consideramos que esta podría ser una posible audiencia para el resto de la campaña», detalla el estudio.

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De acuerdo con Campos, lo que sucede en las comunidades es un fenómeno inédito. «Lo que se está produciendo en las comunidades es la conversión del miedo en convivencia».

Pérez, por su parte, resaltó que hay una determinación en las personas que es consecuencia de una situación política, un factor inédito que no tiene equivalencia. «El venezolano se ha encontrado con la vecindad como forma de organización social por su potencialidad política y para revertir la estrategia del Gobierno de despolitizar a la sociedad».

El liderazgo de María Corina Machado

La quinta conclusión de la investigación del CIP resalta que «la gente percibe que es María Corina Machado la que marca la pauta de lo político y que el régimen reacciona ante esa pauta. No quiere decir que perciban que el Gobierno está acorralado, pero sí que ya no es quien define totalmente lo que aquí pueda o no estar pasando».

Esa percepción tiene su origen en la elección Primaria del 22 de octubre que tuvo «significados subyacentes»: un camino electoral y la elección de una líder. «La fortaleza del liderazgo de María Corina Machado, amplio, firme, coincide en el tiempo con la debilidad más profunda del chavismo», precisa el estudio del CIP.

«El evento político real es la Primaria. La unidad viene siendo el gran relato de lo que estamos viendo en este momento. Nos hemos encontrado con un sujeto popular que está muy claro en su decisión en cuanto a lo político. Hay un factor emotivo, sin duda lo vemos en los recorridos de María Corina, pero detrás de eso hay una decisión», destacó Pérez.

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Es en ese contexto que funciona el endoso o transferencia de votos que favorecen al candidato de la unidad Edmundo González, quien según diversos estudios de opinión pública cuenta con una intención de voto de al menos 50 % frente a Maduro, con aproximadamente 25 %.

«El venezolano es consciente de la dupla María Corina Machado-Edmundo González. En eso no hay duda», acotó Pérez.

Según la investigación del CIP, la ganadora de la Primaria se ha convertido en un «agente imprescindible, coyunturalmente hablando, porque es la líder ante la ausencia de credibilidad de los liderazgos nacionales por todos los eventos que han ocurrido durante todos estos años».

«Dos palabras: esperanza y confianza, como construcción de las propias comunidades. estamos en una cultura de personas. El desprendimiento que demostró María Corina, cuando muchos decían que era imposible, y que la gente asocia con desprendimiento por el bien del otro, del país, es fundamental. De esa manera lo lee la comunidad. Cada día aumentan los costos para el Gobierno a nivel comunitario», añadió Pérez. 

Creciente intención de voto

El contexto electoral en Venezuela no es justo ni competitivo y eso lo sabe la ciudadanía. De acuerdo con Campos, en las comunidades son conscientes de que la elección presidencial no es un proceso electoral más y por eso todo lo que se ve en la precampaña se vive como un fenómeno distinto al de una elección común.

«Tenemos una población que no cree en el CNE y que muy difícilmente pueda aceptar algo distinto a lo que vea en su comunidad. Lo interesante es que a pesar de eso la gente va a votar porque así lo manifiesta: ‘lo tengo que hacer porque tengo dignidad, porque lo que están diseñando es algo para que no vaya a votar'», destacó el investigador.

Campos resaltó, además, que la percepción de que el voto es secreto ha aumentado respecto a estudios e investigaciones pasados. «Teníamos tiempo que no lo veíamos y en el último mes eso se está afianzando. La gente te dice: ‘sí, puedes diseñar algo totalmente ilegal, pero el voto es secreto y lo voy a ejercer’. Por lo tanto, la intención de voto tiende a crecer día a día».

El dilema gubernamental

En su presentación, el director del Cepyg-UCAB, Benigno Alarcón, resaltó que calculan un nivel de participación el 28 de julio de unos 13.000.000 de electores, de los que aproximadamente el oficialismo pudiera tener a favor, en el mejor de los escenarios, alrededor de 4.000.000 de votos y la oposición, en el peor de los casos, 7.000.000 de votos o más.

«Esto establece una diferencia, a seis semanas, de 3.000.000 de votos entre el candidato de la oposición y del Gobierno. Eso es muy dificil de revertir», dijo Alarcón y agregó que los resultados del estudio cualitativo presentado por el CIP son coherentes con los trabajos cuantitativos del Cepyg-UCAB.

El contexto actual de precampaña, pero también el escenario del día de la elección, le plantean varios dilemas al oficialismo. Las decisiones frente a determinadas circunstancias que ya definen la elección también marcarán el rumbo político, según Alarcón.

«El Gobierno está en un dilema: si permitir que la elección suceda como debería producirse, con los candidatos que están inscritos y las tarjetas que hay, o interrumpir el proceso, que puede significar hacer cosas descabelladas como eliminar al candidato que tiene la mayoría de los votos o eliminar la tarjeta que lo representa. Eso sería acabar con la elección. Llegado el día del proceso habrá otro dilema y es si el Gobierno reconoce o no los resultados», explicó el politólogo.

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