Caracas.- A partir del 12 de agosto de este año, luego de cinco meses de cuarentena nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por orden del Ejecutivo, entró en vigencia una medida que indica los lineamientos para la atención de los casos urgentes en los tribunales de protección para niños, niñas y adolescentes. Además, de acuerdo con la orden, los funcionarios deberán trabajar por guardias y, preferiblemente, de forma no presencial.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), asegura que el cierre de estos espacios limita el acceso a la justicia, profundiza las desigualdades en Venezuela y aumenta la situación de riesgo de la niñez y la adolescencia.
“No se pueden suspender los servicios de justicia. Debe haber acciones especiales para seguir garantizando el servicio durante la cuarentena”, apunta.
La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, establece como prioridad absoluta la atención y protección de esta población. En su introducción, se lee: “Es también obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la Convención”. También el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) fija como obligación del Estado, de la familia y de la sociedad la garantía de sus derechos, sin excepción.
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Aunque la medida del TSJ fija como urgentes los casos que atenten contra la vida, la seguridad, la integridad y la salud de la niñez y la adolescencia, Trapani insiste en que para cada niño o niña su caso es urgente. “Los problemas sociales de la niñez no están en cuarentena”, dice y además expone que, según la orden, quien decide sobre la prioridad que se le dará a cada denuncia es el funcionario de turno.
Trapani también denuncia que no haya claridad acerca de en qué situación quedarán aquellos casos que no estén dentro de la lista de urgencias del TSJ. “Lo que tendrás luego es un retardo procesal. Si en condiciones normales había demoras, ahora los casos se acumularán más”, alega.
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De cumplirse esta orden que limita el acceso a la justicia –derecho reconocido por las leyes venezolanas-, Trapani prevé que las personas pierdan cada vez más confianza en el sistema judicial por la falta de respuestas oportunas y una mayor vulneración de todas las garantías de los niños, niñas y adolescentes.
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