Durante la 30ª Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada este martes 3 de diciembre en Bogotá, Colombia, cancilleres aprobaron sanciones contra 29 funcionarios y empresarios vinculados al gobierno de Venezuela, la cual prohíbe su ingreso y tránsito por los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar).
En la resolución, el Órgano de Consultas del Tiar resolvió «instruir a las autoridades competentes que apliquen, de conformidad con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales correspondientes, medidas de restricción de ingreso y tránsito en los territorios de los Estados Partes del Tiar de las personas incluidas en la lista consolidada».
El primer nombre que aparece en la lista es el del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, seguido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, así como su esposa y ministra de Obras Públicas, Marlene Contreras; y su hermano, el superintendente del Seniat, José David Cabello.
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Nicolás Maduro también figura entre los sancionados, así como su esposa, Cilia Flores y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Otros ministros de su gabinetes que aparecen son el de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami; Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; Petróleo -además de presidente de Pdvsa-, Manuel Quevedo y Defensa, Vladimir Padrino López. También el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Hernández Dala.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, y el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, también están en la lista; al igual que el extesorero nacional y comisionado presidencial para Asuntos Económicos y Financieros de Pdvsa, Carlos Malpica Flores.
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Por el Poder Judicial, está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, así como los magistrados Gladys Gutiérrez, Calixto Ortega, Luis Fernando Damiani, Arcadio Delgado, Juan José Mendoza, Lourdes Suárez y Carmen Zuleta.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron incluidos por sus acusaciones de violación de Derechos Humanos, entre ellos su exdirector de Investigaciones, Rafael Franco y a su director actual, Hannover Guerrero. También está el jefe de la Unidad de Asuntos Especiales, Alexander Granko.
No solo en la lista figuran funcionarios públicos, pues también fueron incluidos empresarios acusados por EE.UU de fungir como testaferros de políticos oficialistas y estar presuntamente involucrados en tramas de corrupción y lavado de dinero. Uno de ellos es el presidente del canal Globovisión y la aseguradora La Vitalicia, Raúl Gorrín, recientemente incluido en la lista de los más buscados de un tribunal de Florida; y el otro es el colombiano Alex Saab, a quien el informe sañala de supervisar «una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), quedánse para ellos la tasa más rentable».
Por el caso de Alex Saab, los cuerpos de inteligencia de varios países investigan a otros funcionarios involucrados por sobornos, entre ellos al gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, al exgobernador de Táchira, José Vielma Mora, y a los hijastros de Nicolás Maduro, Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, conocidos como «los Chamos». No se descarta que un futura pudieran ser incluidos en la lista de sancionados del Tiar.
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Con esto, los sancionados no podrán ingresar o circular por el espacio de las 18 naciones americanas inscritas en el Tiar, compuesto por Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Bahamas, República Dominicana, Brasil, Argentina, Chile y Trinidad y Tobago. Aunque Uruguay forma parte del tratado, actualmente mantiente un política de reconocimiento a Nicolás Maduro, aunque se espera que su estatus cambie tras la toma posesión de Luis Lacalle Pou. Igualmente, todavía es incierta la participación que podría tener Argentina cuando asuma su presidente electo Alberto Fernández, también afín con el régimen madurista.
Durante la reunión se acordó además mantener el seguimiento a la crisis venezolana, por lo cual convocaron a un próximo encuentro para el primer trimestre de 2020. Anunciaron también que no se descartan nuevas sanciones e incorporaciones a la lista, que ya en la primera reunión celebrada en Nueva York a finales de septiembre, contempla también la congelación de todos sus bienes y cuentas bancarias en dichos países.
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