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miércoles, 11 diciembre, 2024

Perfiles | Profesores, sindicalistas y defensores de DD. HH., los nuevos condenados del gobierno de Maduro

Estos sindicalistas y defensores de derechos humanos fueron condenados a 16 años de prisión y se les acusa son conspiración y asociación para delinquir

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Caracas.- Este martes, 1 de agosto, 6 sindicalistas fueron condenados por el Tribunal 2° de terrorismo a 16 años de cárcel por protestar y exigir derechos laborales y salarios justos a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

A estos ciudadanos se les acusa de conspiración y asociación para delinquir; sin embargo, sus familiares y ONG de Derechos Humanos aseguran que son inocentes y que fueron enjuiciados injustamente.

Estos son los nuevos condenados del gobierno de Nicolás Maduro:

  • Alcides Bracho: es un profesor y artista plástico; antes de su detención se desarrollaba como activista sindical en el magisterio venezolano, a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), y defensor de las reivindicaciones salariales del sector. Además, es militante del partido político Bandera Roja.
  • Gabriel Blanco: tiene 46 años, es activista sindical en Caracas y antes de su detención se desempeñaba como trabajador humanitario y defensor de los derechos humanos.

¿Qué es la Onapre y por qué los trabajadores públicos protestan contra ella?

  • Emilio Negrín: es un defensor de los derechos humanos, sindicalista y presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial.
  • Reynaldo Cortes: tiene 47 años y también es integrante del partido político Bandera Roja, del cual es secretario general regional y militante activo desde los 14 años de edad.
  • Alonso Meléndez: tiene 41 años es militante del partido político Bandera Roja y, antes de ser detenido, ejercía el activismo sindical.
  • Néstor Astudillo: tiene 48 años, también es militante de Bandera Roja y fue presidente de Sidor.

La Onapre está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Los trabajadores responsabilizan a este despacho de crear un tabulador para el pago de las nóminas, bonificaciones y primas; alegan que este ente se ha encargado de aplastar sus ingresos debido a que no cumple con los términos acordados en las contrataciones colectivas.

Con información de Provea

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