Caracas.- El gobierno interino de Juan Guaidó afirma que no está involucrado con la venta irregular de 34 vehículos desde la Embajada de Venezuela en Bolivia y rechaza las acusaciones del ministro del gobierno de esa nación, Carlos Eduardo Del Castillo, quien aseveró que el negocio lo hizo el personal diplomático de Juan Guaidó.

El gobierno interino liderado por Juan Guaidó emitió un comunicado sobre el hecho a través del Centro de Comunicación Nacional este lunes, 17 de enero, luego de que la Policía de Bolivia recuperara 12 de los 34 vehículos vendidos, entre ellos ocho camionetas, un automóvil, un bus, una motocicleta y un minibús.

El Centro de Comunicación Nacional reseña que Del Castillo acusó a César Hernández, exfuncionario de la embajada venezolana en esa nación, de apropiarse ilegítimamente de cuatro carros y que para ello realizó una falsificación de testimonios de compra y venta y posteriormente los comercializó. El gobierno interino de Guaidó se defiende señalando que este caso de «corrupción» es del gobierno de Nicolás Maduro.

«Tal como queda demostrado en los documentos que hemos adjuntado a este comunicado, dicho funcionario pertenecía al régimen de Maduro y estaba a cargo de la exembajadora Crisbeylee González, durante el gobierno de Evo Morales», dice la misiva en la que agrega la carta credencial de González aunado a los respectivos carnet de ambos ciudadanos que estuvieron vigentes hasta el 31 de enero de 2020.

Resalta que el funcionario Hernández nunca colaboró con el gobierno encargado de Juan Guaidó y sostuvo que el interinato nombró embajador en Bolivia el 18 de febrero de 2020, posterior a la fecha de vencimiento de ambas acreditaciones, por lo que subraya que este caso vincula directamente al gobierno oficialista.

«El desvalijamiento de la Embajada de Venezuela en Bolivia y de sus activos fue denunciado por la delegación que presentó cartas credenciales ante el gobierno de la expresidenta encargada, Jeanine Áñez, contando hasta 89 vehículos que fueron hurtados o violentados por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, denuncias reposan en el informe VE-20-0002 entregado a la Procuraduría especial y que de igual manera fueron entregadas al Gobierno Boliviano de la presidenta Áñez.

Finalmente, el gobierno interino lamenta la declaración del ministro del gobierno de esa Bolivia.