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domingo, 19 mayo, 2024

Bloqueo al verificador de votantes es la más reciente traba a primaria opositora

El bloqueo del sitio web habilitado para que los electores busquen el centro que le fue asignado en la primaria abierta de la oposición es la más reciente acción contra el proceso, después de inhabilitaciones, la renuncia de rectores, el retiro del apoyo técnico del CNE, acciones judiciales y hasta una supuesta investigación del Sebin contra el financiamiento de los comicios

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Caracas.- Las denuncias sobre restricciones en el acceso al sitio web con el buscador para la elección primaria de la oposición emergieron en redes sociales a través de cuentas de votantes y organizaciones no gubernamentales (ONG).

La ONG VeSinFiltro documentó las fallas desde el 7 de septiembre y dio un aviso más formal del bloqueo en proveedores de servicios de Internet de la plataforma https://buscadorprimaria2023.com/, habilitada por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) para que los electores que participarán en los comicios abiertos conozcan el centro de votación asignado y sufraguen el próximo 22 de octubre.

La restricción al sitio web creado por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) en el que está alojado el buscador de centros de votación se trata, según indicó VeSinFiltro, de un bloqueo de tipo DNS —del inglés Sistema de Nombres de Dominio (DNS)— que no permitía el ingreso al sitio desde proveedores de servicios de telecomunicaciones, como la estatal Cantv, y las empresas privadas Digitel, Inter y Supercable. 

Ve Sin Filtro reporta bloqueo del buscador de la elección primaria

Movistar también aparece en la denuncia como un proveedor que tenía bloqueado el acceso al buscador con un método distinto, de tipo HTTPS/HTTP, que involucra protocolos de envío y recepción seguro de data. Este lunes 12 de septiembre, el acceso al verificador de centros de votación era posible desde la empresa Inter, pero presentaba interrupciones en teléfonos móviles. 

El bloqueo se suma a la larga lista de dificultades —y asedio— al proceso electoral opositor desde su génesis y que, desde entonces, ha discurrido en medio de sobresaltos e incertidumbre.

Entre los eventos que han hecho parte del proceso se cuentan las agresiones y violencia por grupos señalados como oficialistas en actos de proselitismo y campaña opositoras, las inhabilitaciones de los candidatos Henrique Capriles Radonski (Primero Justicia) y María Corina Machado (Vente Venezuela) —denunciadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), rechazadas y tildadas de «arbitrarias» por el Parlamento Europeo y condenadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). También está la renuncia abrupta de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el retiro del apoyo institucional del ente al proceso, enteramente gestionado por la CNP. 

Sobre el proceso también pesan acciones judiciales de electores por supuesta difusión de datos personales a través del buscador de centros de votación y críticas o acusaciones sobre el uso de data del Registro Electoral (RE), que es de carácter público, que el CNE entrega a todas las agrupaciones políticas y que ha sido usado en anteriores procesos.

En agosto de este año, el gobierno de Nicolás Maduro impuso el bloqueo de la plataforma AirTM, a través de la cual la oposición pagaría a médicos venezolanos un bono denominado «Héroes de la Salud» con recursos congelados por las sanciones de Estados Unidos (EE. UU.) al oficialismo y liberados a la coalición opositora. Al menos 62.000 miembros del personal sanitario en el país recibirían pagos desde 100 hasta 300 dólares. Pero el bloqueo de la plataforma para la creación de billeteras digitales trabó el acceso a los recursos a meses de la primaria.

Peticiones inviables 

El CNE reveló, en abril, la existencia de un informe técnico en el que rechazaba y consideraba «inviables» peticiones de la oposición, como el retiro de la verificación biométrica de electores; el escrutinio, transmisión y totalización de resultados en paralelo, y la apertura y actualización del Registro Electoral Permanente (REP). La oposición anunció el 16 de junio que asumiría el control total de los comicios, luego de la renuncia de los rectores del CNE y el inicio del proceso de renovación de autoridades por la Asamblea Nacional (AN) en control del oficialismo. 

La planificación, logística y gestión del proceso electoral quedó en manos de la CNP, que definió el número y distribución de los centros de votación. Los 3.008 centros de votación habilitados cubrirán, según la Comisión, 98 % del territorio. 

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El buscador permite a los electores identificar su centro asignado para estos comicios, que no es el mismo dado por el CNE. La difusión de los centros e información sobre reubicación de electores se considera un factor determinante en la movilización de electores, la concurrencia a la votación y el nivel de éxito que decida otorgarse al proceso de cara a una eventual elección presidencial en 2024 contra el oficialismo.

«El bloqueo, que sigue activo, se documentó a partir del 7 de septiembre y durante el fin de semana (9 y 10 de septiembre) fueron múltiples los reportes de usuarios que alertaban sobre dificultades para acceder a la página», precisó la ONG VeSinFiltro en su sitio en Internet.

A tribunales: datos personales versus Registro Electoral en la primaria

El uso de data del Registro Electoral proveniente del CNE y que la CNP empleó en el buscador de centros electorales es también el objetivo de varias acciones judiciales en tribunales en al menos siete estados, según reseñaron varios medios digitales. 

Según los documentos divulgados y presentados en varias entidades, un grupo de ciudadanos interpuso petitorios y acciones constitucionales —denominadas Habeas data— en tribunales regionales para que se ordenase el retiro de sus datos personales del verificador de la primaria. Los denunciantes argumentan no haber otorgado permiso para la difusión de data personal contenida en el RE y cuestionan que la CNP tenga facultades para usar esta información en un proceso interno.

Las denuncias se presentaron en Apure, Táchira, La Guaira, Miranda, Trujillo, Yaracuy y Lara, según consta en fotografías y documentos divulgados y cuentan con el respaldo público del diputado Diosdado Cabello, que salió en defensa de los denunciantes.

«Yo aparezco en esa lista, mi dirección está allí. Están haciendo uso indebido de mis datos sin autorización y eso lo puede denunciar cualquier persona ante cualquier tribunal», fustigó Cabello durante una emisión de su programa de televisión Con el mazo dando.

Sobre esta materia, portavoces de la CNP defendieron, en declaraciones a TalCual, el carácter público del Registro Electoral y el hecho de que la misma data haya sido usada en procesos anteriores, «con o sin apoyo del CNE». 

Parlamento oficialista investiga financiamiento

La Asamblea Nacional en control del oficialismo también anunció el inicio de una investigación sobre la financiación de la primaria opositora. Estas indagaciones serán adelantadas por la Comisión de Política Interior y estarán a cargo del presidente de esta comisión, Diosdado Cabello, según detalló el diputado Julio García Zerpa.

«Se roban la plata que les dan los gringos, por eso nosotros desde este programa y desde la Comisión de Política Interior hemos iniciado una investigación sobre el origen de esos fondos y los que se benefician de esos fondos, de dónde vienen, cómo vienen y quién los entrega», advirtió el parlamentario oficialista en su programa. 

Más de 12 agresiones en 7 meses han recibido los candidatos a la primaria

Violencia y agresiones a candidatos por grupos de choque

El período de precampaña de los candidatos opositores también ha estado marcado por episodios de violencia y agresiones, que la coalición opositora ha caracterizado como «política de Estado”. Al menos 12 eventos de ataques y agresiones durante actos y giras han sido documentados y denunciados por los candidatos. 

Golpes, detenciones arbitrarias, bloqueos en carreteras y vías, asaltos, confiscación de equipos y hasta amenazas de muerte han sido algunos de los hechos denunciados por los candidatos opositores que acusan a grupos de choque afiliados al partido de gobierno.

María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski han denunciado agresiones durante sus actividades políticas en el territorio nacional. También Delsa Solórzano recibió amenazas de muerte a través de redes sociales y Andrés Velásquez fue asaltado en el estado Bolívar. 

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