El abogado y coordinador de la Alianza Nacional Indígena desestimó las modificaciones hechas por el CNE el 14 de agosto, pero anunciadas el 16, al reglamento  que regula la elección de representantes indígenas al Parlamento, al considerar que restringe el voto directo de los miembros de las más de 3.500 comunidades originarias venezolanas, al imponer una elección de segundo grado que no está previsto en la Constitución Nacional

Entrevista: César Batiz | Redacción: Lewin Granados

Luego de anunciar el 24 de julio un reglamento especial que cambió las reglas de juego para la elección de la diputados indígenas al Parlamento Nacional, el Consejo Nacional Electoral aprobó el pasado 14 de agosto modificaciones a la norma, que pese a reemplazar el sistema de votación público a mano alzada por parte de los representantes electos en 4.349 asambleas comunitarias, por un sistema en el que el voto “será secreto y se efectuará manualmente mediante boleta”, mantiene el carácter de votación de segundo grado para los indígenas. 

Para José Bartolomé Pérez, miembro de la etnia wayuú y coordinador de la Alianza Nacional Indígena, los cambios del reglamento, más que un paso atrás por parte del CNE, ratifica la violación de los derechos humanos de las minorías étnicas del país, al imponer condiciones discriminatorias y segregacionistas, bajo el argumento del respeto de “usos y costumbres” de los pueblos originarios. 

Pérez dio una entrevista a El Pitazo, el 14 de agosto, cuando sostuvo que ninguna organización indígena fue consultada ni para la elaboración de la medida, ni su posterior actualización, la cual afecta a 52 pueblos originarios, repartidos entre 3.500 comunidades en diez estados del país. Tras el cambio anunciado por el CNE el domingo 16, el dirigente amplió su primera declaración.


El reglamento no fue consultado, hay discriminación y opresión porque el hecho de poner a los indígenas a votar a mano alzada es para presionarlos con el carnet de la patria

José Bartolomé Pérez, abogado y coordinador de la Alianza Nacional Indígena

Además, el jurista denunció que las autoridades electorales exponen la salud de los pueblos indígenas al organizar reuniones públicas, cuando la crisis por el coronavirus ya ha superado los 34.000 casos en toda Venezuela al 18 de agosto. A su juicio, detrás de estas decisiones existe un interés de la cúpula que gobierna al país por apoderarse del control político indígena.

Su petición, apoyada por más de 18 organizaciones indígenas, es clara: anular el nuevo reglamento, retomar las condiciones electorales a los indígenas dispuestas en los últimos 20 años y que garantizaban el voto universal, secreto y directo; de lo contrario, sostienen que no participarán en los comicios del próximo 6 de diciembre. Los indígenas ya se preparan para interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del TSJ para exigir la anulación de la medida por inconstitucional. Aun con precedentes en contra en el organismo judicial, como la suspensión de la elección de los cuatro parlamentarios indígenas en 2015, Pérez resaltó que no cesarán en la lucha por defender los derechos políticos de sus comunidades. “Vamos a seguir por la vía que nos corresponde haciendo uso del derecho que nos corresponde”, dijo.

—El CNE anunció el 16 de agosto cambios en el reglamento especial que regirá la elección de representantes indígenas en la Asamblea Nacional ¿Esta decisión ha mejorado las condiciones electorales de los pueblos indígenas?

—No. Con la decisión tomada el 14 de agosto -pero anunciada el 16- estamos recibiendo del CNE lo mismo del reglamento publicado el 24 de julio. Ahí no hubo cambios ni reformas. No ha sido consultado por ninguno de los 52 pueblos indígenas y tampoco ha tenido ninguna reforma que beneficie a los pueblos y comunidades indígenas para hacer uso del derecho del voto universal, directo y secreto. Solo se modificaron los artículos 6, 12 y 17 del reglamento. Nosotros lo que estamos exigiendo es que ese reglamento se anule porque es inconstitucional. Primero está fuera de lo que establece el artículo 298 de la carta magna, donde se dice que cualquier cambio a la ley que regula los procesos electorales no podrá realizarse seis meses antes del anuncio del día de la elección. Institucionalizaron y desaplicaron normas establecidas en la ley orgánica de procesos electorales y en la propia constitución por un reglamento, que es de rango sublegal, que no tiene ni garantías para estar por encima de una ley orgánica ni mucho menos de la constitución

El debate está en que nos están llamando a una elección que no es elección. En realidad, será una asamblea de barrio, comunitaria. Una artimaña inconsulta, discriminatoria, segregacionista y violadora de los derechos humanos.


Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad cuando se cercena a los pueblos indígenas el derecho al voto universal, directo y secreto

José Bartolomé Pérez, abogado y coordinador de la Alianza Nacional Indígena

Pérez, quien también es miembro de la Asociación de Abogados Indígenas de Venezuela para la Defensa de los Derechos Humanos Indígenas, indicó que, de acuerdo con lo establecido por el CNE, la elección de tres diputados por las comunidades étnicas minoritarias fue dividida en tres circunscripciones: oriente, sur y occidente.

“En el oriente tenemos cinco estados que garantizan la presencia indígena. Más de 500.000 ciudadanos venezolanos, que votan entre los estados Anzoátegui. Monagas, Delta Amacuro, Sucre y Bolívar; en el sur: Amazonas y Apure; mientras que Occidente: Zulia, Trujillo y Mérida. Cómo van a elegir ese reglamento si se desconoce el sistema, no hay registro de quiénes van a votar. Esto nos señala que se está fraguando el más grande fraude electoral que haya ocurrido en algún país del mundo como este fraude electoral indígena”, remarcó.

—¿Ustedes fueron consultados para tomar esta decisión?

—El CNE nos llamó. Estuvimos tres veces allí. La primera vez nos pidieron que presentáramos nuestras propuestas. Lo hicimos. Allí participamos en el CNE, conjuntamente con todas las organizaciones políticas indígenas nacionales, dos a favor del gobierno y cuatro que son de los pueblos indígenas. Estamos en una alianza perfecta para decir que si tratan de imponer este reglamento, nosotros no participaremos en el proceso electoral. Se nos suman además 18 organizaciones inscritas en el Consejo Nacional Electoral que están con derecho a voto. No participaremos en las elecciones. Que participen ellos solos. Pero vamos a seguir adelante en la lucha porque no vamos a seguir permitiendo que se nos vulnere los derechos que hemos alcanzado.

—Ustedes han hablado de un amparo ¿Cómo ejecutarían ese mecanismo, sabiendo que el CNE ahora lo dirige Indira Alfonso, exmagistrada de la Sala Electoral del TSJ, quien ya ha fallado en contra de los pueblos indígenas en la decisión de los diputados de Amazonas en 2015?

—Nosotros frente a esa realidad estamos considerando, por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que el nuevo reglamento es un acto lesivo inconstitucional, por lo tanto la alianza, invocando el artículo 5 y el 26 artículo de la tutela judicial efectiva y la acción de amparo de conformidad con los artículos de la Ley Orgánica de Amparo, estamos solicitando que se interponga un amparo contenido de nulidad por violación de los derechos colectivos y difusos de los pueblos indígenas. Con suspensión de efectos hasta tanto haya un pronunciamiento contra ese vil reglamento especial, que regula la representación indígena.

—¿Qué inspira al CNE a hacer este reglamento? ¿Por qué le quitan derechos electorales a los indígenas?

—Pues querer mantener el control sobre los pueblos indígenas que no han podido porque nosotros en 2015 los sacamos de la Asamblea Nacional y por eso fue que atacaron a las partes más débiles, que eran los diputados de Amazonas, que hasta el día de hoy, después de cinco años, han sido ineficientes e ineficaces y se ha planteado la negación de la justicia para los pueblos indígenas. Ese proceso quedó engavetado.

—¿Cree que hay algo de racismo o menosprecio a los pueblos indígenas con esta decisión del CNE?

—Hay un desconocimiento de la realidad. Aquí hay usurpación. El reglamento no fue consultado, hay discriminación y opresión porque el hecho de poner a los indígenas a votar a mano alzada es para presionarlos con el Carnet de la Patria, obligarlos a que voten y señalarlos si votaron por candidatos distintos a su preferencia. Tienen miedo. Esto nos ha obligado a solicitar a la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, que renuncie por incompetente y estar ausente de la realidad indígena, por estar propiciando actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres de los indígenas. Cada uno de los 52 pueblos indígenas tiene sus propias particularidades y tradiciones.


La mano alzada no es costumbre de los pueblos indígenas. Cada pueblo tiene sus particularidades. Aún así, pretenden meter en un solo paquete a todos los pueblos como si fuésemos homogéneos

José Bartolomé Pérez, abogado y coordinador de la Alianza Nacional Indígena

—¿Existe algún conflicto en especial con la doctora Alfonso? ¿Han tenido la oportunidad de hablar con ella y preguntarle por esas decisiones que ha tomado en contra de los derechos electorales de los pueblos indígenas?

—Estamos reuniéndonos con la rectora Alfonso. Hemos sostenido encuentros con el vicepresidente del CNE, Leonardo Morales, y está muy preocupado porque dicen que el reglamento se hace por “usos y costumbres” de la mano alzada. La mano alzada no es costumbre de los pueblos indígenas. Cada pueblo tiene sus particularidades. Aún así, pretenden meter en un solo paquete a todos los pueblos como si fuésemos homogéneos. No es así. Están violando nuestros derechos políticos. Es un asunto supraconstitucional. Nosotros le exigimos a los rectores instalar una mesa de trabajo para discutir estos temas. Desde el primer momento que se presentó esta situación, lo pedimos por unanimidad. Hasta los representantes del chavismo estaban en desacuerdo con esa posición porque echa para atrás 500 años de lucha y la progresividad de nuestros derechos.

—¿La abstención es una solución ante esta situación?

—Nosotros dijimos y acordamos que con el nuevo reglamento no vamos ni a misa. Ahora, si el Consejo Nacional Electoral permite una apertura y provoca un cambio, aceptamos como veníamos eligiendo a nuestros diputados. Pero que se planteen condiciones, no solo para los indígenas, sino para el resto de los electores de Venezuela porque todos somos venezolanos. Las condiciones actuales no son muy católicas para poder asistir al proceso. Sin embargo, el que quiera ir a votar que lo haga. El que se abstenga también que lo haga. Los pueblos indígenas no vamos a votar con ese reglamento.

—Como venezolano y como wayuú ¿cómo se logra la transición política si no hay presencia opositora en la calle? ¿cómo los indígenas venezolanos pueden apoyar en este proceso de cambio?

—No vemos planes concretos, más allá del llamado a la abstención. Pero lo que sí vemos cuando analizamos las encuestas es que 80% quiere ir a votar, pero no vemos un movimiento. No tendremos la fuerza en este momento, pero algún día tendremos la fuerza para hacer los reclamos contundentes y necesarios para tener un país libre y democrático y funcionando como debe ser. Sin problemas políticos.

4.5/5 (2)

¿Qué tan útil fue esta publicación?