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domingo, 20 septiembre, 2020

Asamblea Nacional rechaza la criminalización contra los retornados

Juan Guaidó designó al diputado José Manuel Olivares como comisionado de Salud y Atención Sanitaria de Migrantes. Olivares aseguró que la cifra de fallecidos hasta este 20 de julio sería de 205

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Caracas.- La criminalización de los migrantes que retornan y la crisis generada por el COVID-19, así como el aumento de los casos, fueron algunos de los temas abordados en la sesión virtual de este martes 21 de julio, de la Asamblea Nacional.

En la sesión, cuyo quórum, según la secretaría fue de 102 diputados, se designó al diputado José Manuel Olivares como Comisionado Presidencial de Salud y Atención Sanitaria de Migrantes para canalizar y concretar soluciones para la atención efectiva a los venezolanos dentro y fuera del país contagiados de coronavirus.

Olivares presentará dos informes a la semana sobre la situación del coronavirus en el país y, además, según se lee en una nota de prensa publicada en la página del Parlamento, ya que no se especificó durante la sesión, tendrá entre sus funciones la búsqueda de donaciones de particulares para atender la pandemia por COVID-19 y la crisis sanitaria en Venezuela, coordinar con los gobiernos la atención de contagiados, garantizar que la ayuda llegue y se ejecute en venezolanos, entre otras.

El diputado Olivares señaló que las cifras de fallecidos que presenta el gobierno de Maduro “no son verdaderas”. Sostiene que hay 85 personas que no han sido contabilizadas, con lo que la cifra real de fallecidos, hasta el 20 de julio, sería de 205 y no de 116 como señalan desde el gobierno de Maduro, lo que equivaldría a un 2% de mortalidad.

También cuestionó que Maduro decidiera comprar 42 mil máquinas de votación en vez de respiradores para atender a las personas enfermas.

Además, recordó que Venezuela es uno de los países que menos pruebas PCR práctica.

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“Es culpa de la dictadura que tengamos la peor respuesta ante la pandemia, dijo el presidente de la Asamblea y reconocido como presidente encargado por más de 50 países, Juan Guaidó, quien además se preguntó qué hubiese pasado si los 45 casos de contagiados en el canal Venezolana de Televisión hubiesen ocurrido en la Asamblea o en una alcaldía opositora.

Según Guaidó, el gobierno de Maduro solo responde con desprecio y terceriza su responsabilidad.

El diputado William Barrientos (UNT-Zulia) reiteró la importancia de agilizar el llamado bono «Héroes de la Salud” que aún espera ejecutarse.

Rechazan la criminalización

La mayoría opositora en la Asamblea también debatió sobre lo que consideran la criminalización contra los retornados por parte del gobierno de Maduro.

En el debate participó el comisionado de la Secretaría de la OEA para la crisis de migrantes, David Smolansky, quien dijo que aproximadamente 86 mil venezolanos han regresado. De esos, 81 mil lo han hecho por Colombia y 4 mil por Brasil.

El dirigente asegura, además, que el derecho de estos venezolanos es vulnerado, ya que son hacinados en los estados Táchira, Apure y Zulia.

Recuerda también a los venezolanos varados en otros países, mientras permiten vuelos desde Irán.

El acuerdo aprobado contempla ratificar la responsabilidad del gobierno de Maduro de la emergencia humanitaria compleja y ser la causa del éxodo de millones de venezolanos.

También estipula declarar a Nicolás Maduro como un “violador sistemático de los derechos humanos” e insistir en los esfuerzos políticos para que la región evite la implementación de políticas restrictivas a los migrantes venezolanos.

Declarar que solo un gobierno de emergencia nacional puede crear condiciones propicias para el retorno de migrantes.

Además, el acuerdo prevé urgir a los gobiernos que reconocen a la Asamblea Nacional y al gobierno encargado a que intensifiquen la “presión definitiva” para la transición.

Finalmente, se aprobó elevar las denuncia sobre la criminalización contra migrantes, llamándolos incluso bioterroristas, a la oficina de la alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet; a la comisión de verificación de hechos; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y a la Corte Penal Internacional.

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