Caracas.- La Asamblea Nacional controlada por la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aprobó este martes, 28 de enero, solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la aplicación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar «en todas las fases» del venidero proceso electoral convocado por el ente comicial para el próximo mes de abril, cuando sucedan comicios de gobernadores, Consejos Legislativos estadales y Parlamento.
En sesión ordinaria, el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, propuso que el Poder Legislativo bajo control oficialista oficie al CNE, «a los efectos de que al momento de las postulaciones se apliquen las novísimas leyes e instrumentos que la Asamblea Nacional aprobó».
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Rodríguez además se refirió a un aspecto del instrumento jurídico aprobado el 28 de noviembre y que establece, entre otras medidas, inhabilitación política de hasta 60 años, aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y juicios en ausencia de personas señaladas de infringir la Ley.
«Empiezan a decir que las leyes no pueden ser retroactivas. Yo sé que eso es así. Pero si alguien hace tres semanas, que ya estaba aprobada a la ley, pidió y siguen pidiendo máxima presión, sanciones y acciones en contra de la República, están bajo el paraguas de la Ley Libertador Simón Bolívar y tiene que aplicárseles a ellos y a sus representantes en Venezuela, y a sus partidos y a sus grupos políticos en Venezuela», dijo Rodríguez.
El parlamentario oficialista, principal operador político de Nicolás Maduro, resaltó que «el peligro que está latente todavía no ha sido completamente yugulado». «Queda demostrado que hay un sector de la vida política en Venezuela que utiliza las elecciones y cargos de elección popular para conspiración».
Antes de la intervención de Rodríguez, el parlamentario del PSUV, Francisco Ameliach, pidió la aplicación, «con todo el rigor», de la Ley de Partidos Políticos, sobre la que el propio legislador oficialista dijo se cumplirán 60 años en abril y que establece las obligaciones cuyo cumplimiento el oficialismo ahora insiste en aplicar, sobre todo contra los partidos de la oposición mayoritaria que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
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Antes de la sesión del martes, el propio Ameliach señaló que la oposición mayoritaria mediante la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la más votada de la oposición, no podrá participar en las elecciones de gobernadores, Consejos Legislativos estadales y Asamblea Nacional.
«Ya hay instrumentos legales aprobados por la Asamblea Nacional, como la Ley Libertador Simón Bolívar, que no hacen otra cosa que desarrollar lo que está previsto en el artículo 130 de la Constitución: toda persona que haya pedido sanciones, invasión, no puede participar en un proceso de elecciones ni la organización política. Además, en la reunión de la mesa de diálogo, exigí que se cumpla la Ley de Partidos Políticos», puntualizó Ameliach.
Rodríguez también mencionó como requisito de participación en los comicios de abril el reconocimiento, mediante compromiso por escrito, de los resultados que anuncie el CNE para que «esta vez el que pierda las elecciones deje de cantar fraude».
«Desde ya hago mío el planteamiento del presidente Maduro: que cualquiera sea el resultado de las elecciones de la Asamblea Nacional y de gobernadores y gobernadoras de estado del próximo 27 de abril, el PSUV y el Gran Polo Patriótico reconocerán todos los resultados electorales que se emanen de las máquinas de votación», añadió Rodríguez.
En la oposición mayoritaria, los esfuerzos políticos están enfocados en hacer valer los resultados que reflejan las actas de escrutinio de la elección presidencial del 28 de julio y que muestran la victoria de González Urrutia por más de 4.000.000 de votos de diferencia sobre Nicolás Maduro.
Transcurridos seis meses después de la elección presidencial del 28 de julio, el CNE no ha publicado los resultados detallados, desagregados por mesa y centro de votación, del proceso electoral presidencial. Aun sin cumplir con esa obligación, el ente comicial proclamó a Maduro como ganador y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego lo convalidó.
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