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martes, 26 enero, 2021

Asamblea Nacional de Guaidó regaña a la Procuraduría Especial, pero aprueba deudas contraídas

La Comisión de Finanzas presentó un informe en el que señala que se aprobaron contrataciones sin disponibilidad presupuestaria, pero argumenta que esto se hizo bajo un “contexto de crisis institucional”

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Por un lado hubo un regaño y por el otro, una palmada en la espalda y un “no lo vuelvas a hacer”. El “niño” regañado fue la Procuraduría Especial del Gobierno encargado, que realizó contrataciones sin disponibilidad presupuestaria y sin verificación de los requisitos jurídicos, según un informe presentado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional opositora. 

El presidente de la mencionada Comisión, diputado Carlos Paparoni (Mérida-Primero Justicia), fue el encargado de informar este martes, 12 de enero, a la Comisión Delegada durante la sesión virtual y luego de revisar la documentación que suministró la propia oficina de la Procuraduría y el Consejo Nacional de Defensa Judicial.

Paparoni señaló que la Comisión reconoce que dichas contrataciones se realizaron bajo un “contexto de una crisis política y humanitaria que derivó en ciertas limitaciones”. Además considera que el pago de las facturas es esencial para la defensa de los activos de la República y que el incumplimiento de pagos supondría un daño mayor para los intereses del país. 

Agregó el parlamentario que, aun cuando la Comisión exhorta a la Procuraduría a concertar y comunicar la estrategia que utilizan para la defensa de los intereses del Estado en el extranjero, las contrataciones de distintos despachos de abogados se hicieron en función de “proteger un bien jurídico superior en un contexto de crisis institucional, y el pago de esas facturas es indispensable para el desarrollo de los procesos judiciales y extrajudiciales en curso”. 

También recomienda el organismo subsanar errores procedimentales revisando los contratos con el Consejo Nacional de Defensa Judicial con montos establecidos y la explicación de motivos.

Asimismo, señala que todo contrato debe contar con la autorización del Consejo de Defensa, el cual, a su vez, debe estar respaldado por la Asamblea Nacional y tener la asignación presupuestaria establecida. 

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Con todo lo expuesto, Paparoni informó que se reconoce las deudas con la firmas de abogados que han representado al Estado y sus entes descentralizados en cortes extranjeras y se recomienda además la aprobación de fondos necesarios para hacer frente a dichas deudas. 

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En relación con este tema, la Comisión Delegada aprobó dos acuerdos: 

Uno llamado Acuerdo que reconoce las deudas sostenidas con las firmas de abogados que han representado al Estado venezolano y sus entes descentralizados en cortes y tribunales extranjeros en juicios concernientes a la defensa, protección o recuperación de activos del pueblo venezolano. En este se establece el reconocimiento de deudas por un monto de 18 millones 749.681, 49 dólares (18 millones 749.681,49), que fueron contraídas durante los años 2019-2020.

Además, el Acuerdo ordena al Consejo Nacional de Defensa Judicial que le exija a la Procuraduría Especial de la República subsanar los errores procedimentales, realizando el procedimiento de contratación y autorización conforme a lo establecido en las leyes de la República y estableciendo los montos, apegada al presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional.

Adicionalmente, el Acuerdo ordena velar porque cualquier requerimiento de recursos adicionales debe ser a partir de una extensión del contrato también debidamente autorizada por el Consejo Nacional de Defensa Judicial y enmarcada en la estrategia general de defensa de los activos del Estado en el extranjero.

También se solicita la presentación, por parte de la Procuraduría, de un informe sobre las posibilidades de la República y de otros entes del Estado de obtener o no decisiones favorables en los litigios cursados en tribunales extranjeros. Dicho informe deberá ser presentado a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. 

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Lo anterior permitirá, según el Acuerdo, que el Parlamento opositor conozca “la racioanalidad estratégica y económica” de cada proyecto de contratación de servicios profesionales judiciales y extrajudiciales en el extranjero.

De igual modo, se le solicita a la Procuraduría un informe con el presupuesto de gastos, desagregado caso por caso e indicando el total para el año 2021.

Por último, se aprobó designar una comisión especial que revise, junto con el Consejo Nacional de Defensa Judicial, la Procuraduría y las juntas ad hoc involucradas, la situación actual de los litigios y desarrollar lineamientos de un proceso de subsanación de los fallos ocurridos en el proceso de contrataciones y la evaluación de una estrategia que responda a los mejores intereses de la República.

El acuerdo número dos se denomina Acuerdo que autoriza a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y al Banco Central de Venezuela (BCV) el uso de recursos propios para hacer frente a deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos.

En ese documento, la Asamblea autoriza al BCV y a Pdvsa el uso de recursos propios que estén disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de dichos entes, para el pago de deudas por honorarios profesionales y gastos legales asociados a la protección, recuperación y control de sus activos.

En función de lo dispuesto en este Acuerdo, el Parlamento autoriza la ejecución de los siguientes gastos:

a) Para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos de las reservas internacionales administradas por el Banco Central de Venezuela, se autoriza el uso de un 1 millón 053.052,86 dólares.

b) Para el pago de deudas asociadas a la defensa judicial y extrajudicial de activos de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) se autoriza el uso de 7 millones 560.544,46 dólares.

No queda claro si la Comisión de Finanzas promoverá algún tipo de sanción administrativa contra la Procuraduría por haber contraído estas deudas. 

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Esequibo y medios de comunicación 

En la sesión virtual de este martes, 12 de enero, la Comisión Delegada también rechazó el manejo que el gobierno de Nicolás Maduro está dándole al diferendo con el Esequibo. 

El diputado Williams Davila (Mérida-AD) recordó que el Parlamento aprobó siete acuerdos y agregó que se le debe dar pertinencia al Acuerdo de Ginebra. Pide además a la Corte posponer su decisión ante la indefensión en la que se encuentra Venezuela. Dávila también sostuvo que no reconocen la jurisdicción de la Corte. 

Sobre este punto, Juan Guaidó considera que “es claro que el gobierno de Maduro utiliza el Esequibo de manera política”. 

En la sesión también se rechazó los recientes ataques contra los medios de comunicación, los cuales derivaron en el cese de operaciones del canal Vpitv y en el cierre, por cinco días, del diario Panorama. 

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