Buenos Aires.- El Gobierno argentino admitió este martes que «progresa» para garantizar que los seis opositores venezolanos refugiados en su embajada en Caracas «no enfrenten ningún problema», luego de que el gobierno de Nicolás Maduro retiró el permiso otorgado a Brasil para encargarse de la sede diplomática.
«Venezuela es un tema que tomamos con mucha cautela y que cuando, efectivamente, tengamos algo definido y algún avance en esa materia, se los vamos a comunicar», indicó el portavoz presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo).
“Brasil está en línea con este tema, que no puede escapar a las convenciones internacionales, a las buenas prácticas, a la ley y al respeto por, no solo la Argentina, sino que en ningún país del mundo se puede atacar o intentar quitarle el valor que tiene una embajada en un país extranjero”, agregó el portavoz.
Brasil asumió el control de la sede diplomática argentina en Caracas tras la expulsión del personal a comienzo de agosto, en el marco de las tensiones entre ambos Gobiernos por la denuncia del presidente Javier Milei, de que fue un fraude el triunfo de Maduro en los comicios del 28 de julio.
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Tras la decisión del líder venezolano de revocar la autorización de Brasil para custodiar la sede, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su preocupación por la situación y ratificó que Brasil «permanecerá con la custodia y defensa de los intereses argentinos hasta que Argentina designe a otro Estado» válido para la administración del presidente venezolano.
En paralelo, algunos de los asilados alertaron el fin de semana del 7 y 8 de septiembre sobre un «asedio a la sede diplomática» por fuerzas de seguridad venezolanas, que «tomaron los accesos y cortaron el suministro eléctrico».
Sobre esta cuestión, Adorni expresó hoy que «los episodios ocurridos el fin de semana trajeron mucha preocupación a todos» aunque aclaró que «han sido desactivados o no han pasado a mayores».
El viernes 6, la Cancillería argentina había instado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) a que solicitara “órdenes de detención contra Nicolás Maduro y otros cabecillas del régimen”, al considerar que se cometieron “delitos de lesa humanidad”, después de los comicios presidenciales.
“Estamos ante un dictador, (…) lejos de querer normalizar, por la vía democrática, la situación en Venezuela. El pedido se hizo porque es nuestra posición y porque e(…) despedazó al pueblo venezolano”, concluyó hoy el vocero argentino.