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viernes, 30 octubre, 2020

AN trabajará una «memoria histórica» sobre violaciones de derechos humanos

La muerte del concejal Fernando Albán fue llevada a la plenaria del Parlamento, donde se aprobó un acuerdo en rechazo a las torturas. La bancada del Psuv negó que el gobierno de Maduro violara los derechos fundamentales

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Caracas.- Hace un año, el concejal Fernando Albán perdía la vida bajo custodia de los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Un hecho que fue recordado este martes en la Asamblea Nacional, a través de un debate con un tono diferente al resto de los puntos y donde se acordó realizar una «memoria histórica» sobre las violaciones de derechos humanos.

Con la familia del concejal presente y a pocos metros de la bancada oficialista, se debatió y aprobó un acuerdo que rechaza todo tipo de torturas y tratos crueles contra los venezolanos.

Se solicitó realizar todas las investigaciones en torno a estos casos que ya han sido denunciados ante distintas instancias y también condena las desapariciones forzosas. Además, se exige la liberación de todos los presos políticos y se acuerda determinar un día especial contra las torturas y desapariciones forzosas.

La hermana del concejal, Mariela Albán, recordó quién fue en vida y cuál fue su obra, en medio de carteles y algunos gritos exigiendo «justicia». Desde la tribuna de oradores, aseguró que a su hermano lo asesinaron y ratificó que la familia no descansará hasta obtener justicia.

Los padres del concejal estaban también presentes. La madre aprovechó para reclamar a la bancada del Psuv entre lágrimas.

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Le tocó el turno a la diputada Adriana Pichardo, quien pidió un minuto de silencio en honor a Albán. Después que los opositores le exigieron a los oficialistas que se pararan por respeto, éstos accedieron.

Pichardo recordó que Albán no ha sido el único detenido que muere bajo custodia. Rodolfo González y el también concejal Carlos García se cuentan en esta lamentable lista.

De allí la solicitud de liberación de los 280 presos políticos civiles, así como los 216 militares detenidos.

En cuanto a las desapariciones forzosas, Pichardo reiteró la denuncia que hicieran los familiares del buzo Hugo Marino, quien ya arriba a cinco meses desaparecido, luego que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se lo llevaron detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Hasta la fecha, ninguna autoridad se ha atribuido su detención.

La parlamentaria aseguró que «tarde o temprano se hará justicia, no venganza» y pidió construir una «memoria histórica».

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano insistió en que, en Venezuela, se violan los derechos humanos de forma sistemática y que el caso de Fernando Albán fue aceptado en la ONU.

En un tono «conciliador», el diputado del Psuv, Juan Marín, sostuvo que hay disposición «a construir las condiciones necesarias para erradicar la violencia».


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Marin expresó sus condolencias e incluso señaló que «entiende» los reclamos de los familiares del concejal, pero al mismo tiempo aseguró que no existe una política de Estado del gobierno de Maduro que pudiera indicar la violación de derechos humanos.

Según él, hay más de 100 agentes del Estado sentenciados y 335 policías detenidos por actuaciones que consideran «individuales».
El parlamentario además le dijo a la familia que «eran libres» de utilizar los instrumentos que se acordaron con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU y los representantes que, asegura, tienen plena libertad de estar en el país.

Marín también aseguró que por el caso del asesinato de Albán había dos funcionarios detenidos.

Aunque manifestó la intención de votar el acuerdo, planteó que este fuese uno en el que se incluyera rechazar las acciones que calificó de odio y se planteen todos los casos de violencia, haciendo solo mención a las muertes que ha denunciado el oficialismo.

La intención solo se quedó en eso. La bancada oficialista tampoco alzó su mano en esta oportunidad.

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