La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitará al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, proteger la compañía procesadora de aluminio venezolana Alunasa, que está ubicada en Costa Rica y en riesgo de ser declarada en quiebra producto de la corrupción.
Esta empresa fue creada en el año 1971 y en 2000 la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) adquirió el 100% de sus acciones. En años anteriores procesó 12.000 toneladas mensuales, pero en este momento tiene 38 embargos de vehículos, 21 demandas sobre propiedades en la zona franca de Costa Rica, 40 demandas sobre cuentas bancarias y 77 sobre maquinarias, aseguró el diputado Julio Montoya.
El parlamentario alertó que la directiva tiene la pretensión de venderla en 8 millones de dólares, cuando su costo real se ubica en 100 millones de dólares.
A pesar de que señaló al general de división Noel Martínez Rivero como el responsable de la administración de Alunasa, en la página de la empresa figura como presidente Pablo Emilio José Gregorio Turmero Astros.
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De acuerdo con la denuncia del diputado, Alunasa podría ser vendida a “testaferros y amigos” de los funcionarios venezolanos. Por ello, no solo hay premura en proteger este activo de la República, sino en nombrar una junta administradora ad hoc, como ha ocurrido en los casos de Citgo y Pequiven. Ese será el segundo petitorio a Guaidó, quien tiene la facultad de nombrar juntas de empresas del Estado previa autorización del Parlamento, como lo dispone el artículo 15 de la Ley de Estatuto que rige la transición.
“Alunasa era el mejor secreto guardado de los corruptos en Centroamérica. Hay una investigación del gobierno estadounidense sobre varios funcionarios venezolanos involucrados en legitimación de capitales y lavado de dinero proveniente del narcotráfico en Centroamérica. Alunasa estaría siendo investigada por la DEA”, precisó Montoya, quien lleva adelante una investigación sobre la corrupción en Venezuela.
La Comisión de Contraloría aseguró que solo entre 30% y 40% del aluminio que salía de Guayana llegaba a Alunasa, cuya sede se encuentra específicamente en la provincia de Puntarenas.
Actualmente los parlamentarios realizan un inventario de empresas venezolanas en el extranjero que pudieran estar en riesgo de perderse.
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