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jueves, 22 abril, 2021

AN reitera que condición de venezolanos desplazados debe ser de refugiados

El presidente interino, Juan Guaidó, recordó que Venezuela forma parte de una de las cinco tragedias de movilidad de ciudadanos en el mundo. Los parlamentarios acordaron además solicitar a la OEA la iniciativa de una Tarjeta de Identidad Regional

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Migración, designaciones y concreción para uso de recursos congelados en el exterior. Esos fueron algunos de los temas abordados en la sesión virtual de la Asamblea Nacional de este martes, 23 de junio. 

La exigencia común, no solo de los diputados sino también del comisionado especial para la crisis de los migrantes, David Smolansky, es que se mantenga la condición de refugiados de los desplazados venezolanos, según el acuerdo aprobado por el propio Parlamento el 8 de octubre de 2019, así como en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, la cual establece que son personas que han huido del país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

El presidente del gobierno encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, mostró un gráfico de la Oficina de Refugiados de la ONU en la que se muestra que Venezuela forma parte de las cinco tragedias de refugiados en el mundo. Recordó que el país tiene el único caso de éxodo en la lista que no está relacionado a una guerra. 

“Venezuela vive la guerra de la dictadura contra el ciudadano”, señaló Guaidó, quien pidió poner en contexto la magnitud del problema por el que atraviesa el país e insistió en la necesidad del “cese de la usurpación”. 

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Por su parte, el diputado Jonny Rahal (Nueva Esparta-PJ), pidió no minimizar la amenaza que significa el gobierno de Nicolás Maduro no sólo para los venezolanos, sino para toda la región. Además, no descarta que la migración siga en aumento una vez superada la crisis generada por el coronavirus.

Rahal insistió en que es necesario que la región apoye a los venezolanos que están en el limbo y que aún no cuentan con el reconocimiento de refugiados.  

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El acuerdo aprobado por la mayoría de diputados opositores contempla: 

  • Ratificar la responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro ante la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela como causa del éxodo masivo de venezolanos.
  • Insistir en que la comunidad internacional reconozca la crisis venezolana, así como insistir en los esfuerzos políticos para, “persuadir a los Estados de la región y otros a donde se dirijan los principales flujos de refugiados venezolanos, a que eviten la puesta en práctica de políticas dirigidas al aumento de restricciones migratorias” y a evitar en lo posible prácticas xenófobas.

Además insisten en que solo con un Gobierno de Emergencia Nacional será posible la creación de condiciones propicias para que haya un descenso de la migración forzosa. 

Los parlamentarios urgen a los más de 60 gobiernos de Estados-Naciones y Organizaciones Internacionales a que aumenten la presión sobre el gobierno de Maduro. 

Finalmente piden a la Organización de Estados Americanos (OEA) a retomar la iniciativa de una Tarjeta de Identidad Regional para “subsanar el tema de identidad de los refugiados venezolanos”.

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Recursos protegidos

El jueves 18 de junio, Juan Guaidó presentó el “acuerdo de voluntades» entre la presidencia encargada y la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV).

Aunque aún no se conoce el texto de este acuerdo, en la sesión de este martes se dio a conocer los términos del préstamo que hará la institución financiera, y que serán los 80 millones de dólares, al gobierno encargado. Ese monto es la base de la Ley del Fondo para la liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. 

Según leyó el subsecretario del Parlamento, este préstamo permitirá “sufragar los gastos” estipulados en dicha Ley.

Así, el BCV ad hoc fijó los términos y condiciones bajo los cuales se realizará esta transferencia a la República, la cual, “además de contar con la citada autorización legislativa que fue ratificada por la Asamblea en el acuerdo parlamentario del 19 de mayo de 2020”. 

El préstamo será pagado dentro de los 60 días siguientes del cese de la usurpación, tal como dice el Estatuto de la Transición, y se pagará por concepto de tasa de interés, la tasa a tres meses más 0,5% aplicables a 360 días desde el momento en el que se transfieran los recursos hasta el pago del préstamo.

Nuevo Procurador

Los parlamentarios también ratificaron la designación de Enrique José Sánchez Falcón como nuevo procurador especial, en sustitución de José Ignacio Hernández, quien permanecerá en el cargo hasta el 30 de junio. 

Sánchez Falcón se desempeñaba desde hace un año como asesor jurídico de la Asamblea Nacional. 

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