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jueves, 22 octubre, 2020

Asamblea Nacional juramenta al comité organizador de la consulta popular

Esa instancia deberá definir la fecha y las reglas del mecanismo propuesto en el llamado Pacto Unitario. En la sesión también se rechazó la “Ley Antibloqueo” aprobada por la ANC

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Caracas.– La sesión de este martes 13 de octubre de la Asamblea Nacional fue casi un rompecabezas debido a los problemas técnicos que se presentaron aún cuando fue una sesión semi presencial. Sin embargo, la prensa no fue convocada y tuvo que seguirla por las plataformas Zoom y YouTube.

En medio de las constantes caídas de la señal intercaladas con el sonido que quedaba congelado por segundos, la mayoría de los disputados opositores aprobó la designación de los miembros del comité organizador para la consulta popular.

Doce días después de haber aprobado las preguntas y la creación de esta instancia, los parlamentarios designaron y juramentaron a siete representantes de la sociedad civil divididos en: tres por parte de las organizaciones proponentes; dos del Movimiento Estudiantil y dos de las Academias e Intelectuales.

Los miembros de este comité son:

Blanca Rosa Mármol de León: abogada especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, docente, escritora y exmagistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Enrique Colmenares Finol: exministro de Ambiente. Coordinador Nacional de ANCO.

Horacio Medina: experto petrolero con más de 40 años de experiencia. Consultor especializado en el Desarrollo de Nuevos Negocios en Exploración y Producción de Hidrocarburos. Miembro de la Junta ad hoc de Pdvsa. Expresidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Petroleros.

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Estefania Cervó: Consejera Universitaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Estudiante de Salud pública.

-Rafael Punceles: Consejero Universitario de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab). Estudiante de Derecho.

Carolina Jaimes Branger: escritora. Miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua. Es ingeniero de sistemas, egresada de la Universidad Metropolitana.

Isabel Pereira Pizani: socióloga egresada de la UCV, con doctorado en Sociología del Desarrollo, en la Universidad París I, Panteón-Sorbona, Francia. Fue directora de Políticas Públicas de Cedice. Ha sido consultora de la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y diversas organizaciones públicas y empresas privadas.

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Este comité deberá fijar la fecha de la consulta y “organizar, administrar, supervisar y vigilar los actos relativos” a este instrumento, entre otras actividades.

También serán los encargados de totalizar, adjudicar y proclamar, con base en las actas de escrutinio, la consulta popular y de designar a un comité técnico y acreditar a observadores nacionales e internacionales, según lo aprobado el 1 de octubre.

Rechazan “Ley Antibloqueo”

En la sesión de este martes, 13 de octubre, los parlamentarios también debatieron y rechazaron la llamada “Ley Antibloqueo” que aprobó la semana pasada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los diputados calificaron el instrumento de “adefesio jurídico”.

El diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia-Lara), señaló que no se le puede llamar ley a ese documento porque “la única que hace leyes es la Asamblea”. Además, sostiene que se pretenden desconocer principios básicos de la Constitución, desconocer y desaplicar normas y garantías constitucionales que sólo pueden hacerse a través de una reforma y que esta se le consulte al pueblo.

Para Marquina, se busca “estafar al país y se tiene que denunciar ante Venezuela y el mundo”. Asimismo expresa que, desde que llegó Maduro, la economía del país ha disminuido 85%, por lo que considera una mentira argumentar el rescate del sector con este instrumento.

“No sólo se pretende dar poderes a Maduro para decidir qué leyes reconoce y cuáles no sino que además, usurpa funciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al desaplicar leyes”, dice el parlamentario, quien agrega que la intención es saquear a Venezuela.

Marquina denuncia además que con esta “Ley Antibloqueo”, el gobierno de Maduro endeudará al país sin control parlamentario y desconocerá la reserva prevista en el artículo 301 de la Constitución, que restringe actividades de comercialización y de producción a determinados sujetos, en determinadas actividades como la explotación y exploración de petróleo, que no podría estar en manos de un gobierno extranjero.

Otras de las irregularidades de esta Ley, según refiere Marquina, es que se pretenda contraer contratos también sin control parlamentario, así como eliminar la unidad del Tesoro. “Creando una especie de cuenta aparte para manejar lo que llama ingresos adicionales de manera discrecional” y liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314 sobre el régimen presupuestario. “Estamos en la obligación de resistir”, finalizó Marquina.

Por su parte, el diputado Omar Barboza (Un Nuevo Tiempo-Zulia) recordó que esta Ley se atribuye la confidencialidad violando el artículo 58 de la Constitución.

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Mientras que, el diputado Simón Calzadilla (MPV-Aragua) recordó que quien está sancionado es el gobierno de Maduro y que Venezuela no está bloqueada y por ello, el mismo el oficialismo habría eliminado la palabra del documento.

El acuerdo aprobado por la mayoría de los parlamentario, reitera que “la fraudulenta ANC es inexistente jurídicamente y sus actos son ineficaces”.

Desconocen además, por inexistente e ineficaz, a la supuesta “Ley antibloqueo”, como la definen, y piden investigar a los funcionarios del gobierno de Maduro a los fines de establecer las eventuales responsabilidades civiles, penales y administrativas a las que pueda haber lugar por la inconstitucional promulgación y aplicación de esa ley.

El Parlamento también aprobó advertir que toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones bajo este instrumento, podría estar incursa en delitos de “lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculados de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente”.

Dejan por fuera aquellos bienes producto de expropiaciones inconstitucionales que podrían ser objeto de devolución a sus propietarios originales.

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