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jueves, 13 agosto, 2020

AN declara nulidad de decreto que permite minería fluvial

La medida tomada por gobierno de Maduro permitía la exploración y explotación de seis ríos. Los parlamentarios consideran que esta decisión profundizará el ecocidio y etnocidio que y se observa en el Arco Minero. Además, piden investigar al ministro de Desarrollo Minero y al presidente de la Corporación Venezolana de Minería

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En una nueva sesión virtual debido a las medidas de distanciamiento social, la Asamblea Nacional se reunió este 21 de abril, pese a los ya recurrentes problemas de conexión, para aprobar, con la mayoría de votos de los 106 opositores conectados, una declaración de nulidad de la Resolución 0010 que permite la exploración y explotación de la minería fluvial.

En concreto, la medida abarca a seis ríos del estado Bolívar: Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuruari y Cuyuní. Ejecutar la resolución, a juicio de los parlamentarios que participaron, generaría graves consecuencias para el ambiente así como el desplazamiento de comunidades indígenas.

Para la diputada María Gabriela Hernandez (PJ-Monagas), esta resolución aprobada el pasado 7 de abril por el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero, “profundizaría el ecocidio y etnocidio” que ya se ha denunciado en el Arco Minero del Orinoco.

El diputado Carlos Andrés González (AD-Trujillo) explicó que permitir la minería en estos ríos provocaría además mayor sedimentación en el Embalse de Guri, lo que podría originar una disminución de la capacidad de generación eléctrica.

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Por su parte, la diputada Yolibert Guacaran (VP- representación indígena Region Oriental) señaló que la resolución 0010 viola el artículo 127 de la Constitución que consagra la protección al ambiente.

De acuerdo a la parlamentaria, habrá un incremento en la deforestación y en el envenenamiento del agua con mercurio. Recordó qué hay 198 comunidades indígenas que podría estar en peligro.

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El llamado “oro de sangre”, como le ha denominado la oposición a la extracción de oro y otros minerales en el Arco Minero del Orinoco, también fue rechazado en la sesión virtual. Según el diputado Americo De Grazia (Causa R-Bolívar), es necesario que el mundo conozca lo que denomina como “actividad criminal” que se lleva a cabo en esta zona del estado Bolívar y que se estaría extendiendo a otros estados del país, controlada por bandas, como indicó.

El acuerdo aprobado se basa en cinco puntos:

  • La nulidad de la Resolución 0010.
  • Oficiar a las Naciones Unidas, sobre el riesgo de destrucción que recae sobre un bien Patrimonio Natural de la Humanidad como es El Parque Nacional Canaima.
  • Oficiar a la Organización de Estados Americanos y a otros países firmantes del tratado de París sobre Cambio Climático, sobre la amenaza de etnocidio y ecocidio.
  • Que de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de la Transición, se inicien los trámites necesarios para la firma del Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
  • Solicitar investigación y sanciones para el Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Gilberto Pinto Blanco; para el presidente de la Corporación Venezolana de Minas, M/G. Carlos Osorio y para la viceministra de Exploración e Inversión Ecominera, Magaly Enríquez.

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Más contraloría

Con urgencia parlamentaria también se aprobó la primera discusión del Proyecto de Ley para la Contraloría Especial.

Este documento legal, que por ahora consta de 40 artículos, tiene previsto volver a la plenaria la semana que viene para su segunda discusión.

De acuerdo al diputado Jose Prat, presidente de la Comisión de Contraloría, se busca dar un marco legal y operatividad al consejo de Contraloría, previsto en la creación de la figura de “contralor especial” y así tener mayor transparencia a la hora del manejo de los recursos.

Apoyo al gobernador de Nueva Esparta

La sesión de este martes incluyó un acuerdo para apoyar al gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Diaz, quien ha sido atacado desde el gobierno de Nicolás Maduro luego de producirse un brote del coronavirus en una escuela de béisbol de la isla de Margarita que ya ha afectado a más de 60 personas según la información que suministra el gobierno de Maduro. 

Según el oficialismo, el gobernador habría permitido que se infringiera la cuarentena decretada por el Ejecutivo.

Asimismo, rechazaron nuevamente las figuras de “protectores” que han sido impuestas desde el gobierno de Maduro en los estados donde gobierna la oposición y que actúan como gobernadores paralelos.

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