Caracas.- Amnistía Internacional (AI) cuestionó este martes, 31 de octubre, la «arremetida del Gobierno de Venezuela» en contra de la Primaria opositora celebrada el 22 de octubre y aseguró que estas acciones representan «una muestra más de la política de represión del Gobierno venezolano».
«Las recientes medidas anunciadas contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP), sus representantes y los resultados del proceso son una muestra más de la política de represión del Gobierno venezolano que busca obstaculizar las libertades de quienes quieren ejercer sus derechos a la participación en asuntos públicos», afirmó la directora para las Américas de AI, Ana Piquer, en un comunicado.
Para la organización internacional, las acciones ejercidas contra los comicios opositores y sus organizadores por parte del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que abrió una investigación penal al proceso, «elevan las alarmas de posibles detenciones arbitrarias ampliamente denunciadas».
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«Esta política de represión no es una novedad y la comunidad internacional no debe bajar los brazos en la defensa de los derechos humanos en Venezuela», dijo Piquer.
AI señaló que instancias internacionales como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en Venezuela han concluido que «existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad», por lo que es necesario un escrutinio que impida «una nueva escalada de crímenes» y violaciones de derechos humanos.
Además, la organización recordó que en septiembre presentó un informe ante el Comité de DD. HH. de ONU en el que alertó sobre el uso de inhabilitaciones como mecanismos para «evitar que quienes son percibidos opositores políticos por las autoridades se presenten a cargos de elección popular».
La exdiputada María Corina Machado resultó vencedora en la Primaria de la oposición con el 92,35 % de los votos, un proceso electoral cuyos «efectos fueron suspendidos» por el Supremo en una sentencia emitida este lunes 30.
Sobre Machado pesa una inhabilitación impuesta por la Contraloría oficialista en 2015, por un año, que recientemente fue extendida hasta 2030. La exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular ni competir en las presidenciales de 2024 a menos de que la sanción le sea levantada.
EFE
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