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miércoles, 3 marzo, 2021

Agresiones contra defensores de DD. HH. en Venezuela aumentaron 157 %

En el informe Enemigos Internos: defender derechos humanos en Venezuela presentado por tres organizaciones con presencia en el país, se evidenció la persecución contra organizaciones que respaldan los derechos humanos así como los ataques contra defensores del derecho a la información

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Las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos en Venezuela se incrementaron 157 % durante 2020, cifra que será expuesta en el 46° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tendrá lugar en Ginebra desde el 22 de febrero hasta el 23 de marzo.

La incidencia fue documentada el martes 2 de febrero en el informe Enemigos Internos: defender derechos humanos en Venezuela en el contexto por la pandemia de COVID-19, el cual fue desarrollado por miembros del Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero – marzo de 1989 (Cofavic), Organización Mundial Contra la Tortura (Omct) y Vicaría de Caracas para los DDHH de la Arquidiócesis de Caracas.

En una gráfica que muestra el documento se explica que en 2018 hubo dos ataques contra personas y organizaciones defensoras de los DD. HH., la cifra en 2019 fue de 18 mientras que en 2020 se ubicó en 71.

“Con la publicación de este informe lanzamos una agenda conjunta que hemos construido para que se defiendan los derechos humanos en Venezuela, estableceremos una hoja de ruta para analizar cómo puede hacerse para poner fin a la crisis que atraviesan quienes defienden derechos humanos, estos ataques merecen la atención internacional”, declaró desde Bruselas, Miguel Martín Zumalacárregui, representante de la Omtc, durante la presentación del informe que se realizó a través de una transmisión en Zoom.

El vocero indicó que las represiones ejercidas por el gobierno nacional contra defensores de los derechos humanos y también, contra quienes respaldan el derecho a la información, parten de una política de Estado que busca frenar las voces independientes y el actuar de la sociedad civil, agregó que la detención de los cinco trabajadores de la Organización Azul Positivo es “un ejemplo emblemático y perfecto de las políticas que cumple el gobierno”.

Martín Zumalacárregui dijo que durante el 46° periodo de sesiones ONU, habrán al menos tres espacios oficiales de discusión sobre la situación de DD. HH. en el país: el seguimiento a dos resoluciones del Consejo y una actualización del trabajo de la Misión de Investigación de la ONU en Venezuela.  “Desde la ONU hay una acción concentrada para atender el caso de Venezuela, el mundo está mirando, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, está siguiendo de primera mano todos los eventos del país”, precisó.

Medios de comunicación atacados

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En el informe se registró una serie de ataques contra medios de comunicación social en el país perpetrados por el gobierno nacional, los cuales fueron catalogados como “una contribución a la reducción significativa del espacio cívico”. Entre los medios y organizaciones violentadas que son reconocidas como defensoras del derecho a la información se encuentran: El Pitazo, Efecto Cocuyo, VPI TV, Panorama, Tal Cual, radio Fe y Alegría y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

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“El Estado busca una ruptura del tejido social que permita que la sociedad civil organizada no se exprese, para que no sea una respuesta. Los ataques a los defensores están muy vinculados con lo que hacemos, no están orientados a criticar o cuestionar nuestros informes porque estos tienen datos testimoniales que hacen imposible que la información sea controvertida”, agregó José Gregorio Guarenas, representante de la Vicaría de Caracas para los DD. HH.

Guarenas detalló que con la presentación del informe buscan “dar una mirada que permita mostrar la crisis del cierre del espacio cívico democrático, explicar sobre la política de Estado que procura cerrar aún más este canal”.

Comunidad internacional alerta

En el documento se hizo referencia a la detención de cinco trabajadores de la Organización Azul Positivo a inicios de este año, que según lo expresó Liliana Ortega, miembro de Cofavic, “cerrar una ONG es cerrar una voz que se alza en la comunidad internacional”.

Ortega explicó que el intento de persecución contra las ONG en el país es “un tema que la comunidad internacional tiene que tomarse muy en serio, el ataque a Azul Positivo es contra las Naciones Unidas y en segundo lugar contra cientos de personas que recibían esa ayuda que hoy en día ya no tienen”.

Se explicó en el documento que durante 2020, 96% de las ONG no recibieron salvoconducto para trasladarse durante el confinamiento, la paralización del sistema judicial también evitó que se pudiera hacer seguimiento a casos.

Por su parte, Claudia Carrillo, miembro de Cofavic, indicó que se determinó que en el confinamiento de 2020 se identificó ansiedad, estrés, cambios en el patrón del sueño, dolores musculares y de cabeza que afectaron la capacidad de desempeño de miembros de ONG que funcionan en Venezuela, el decreto de Estado de Alarma cambió el ritmo de trabajo y lo orientó hacia un sistema virtual.  

“El elemento positivo que hallamos en la investigación fue que los defensores encuestados reafirmaron su compromiso con Venezuela y con las respectivas organizaciones con las que trabajan”, puntualizó.

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