Este sábado, 26 de diciembre, se llevará a cabo la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para debatir en segunda discusión la reforma al estatuto de la transición, el documento que permitió darle base legal al gobierno encargado en 2019 y que ahora busca lo mismo con la continuidad administrativa del Parlamento que propone la oposición.
Esta continuidad administrativa se basa en el desconocimiento de las pasadas elecciones del 6D, pero la reforma al estatuto no solo plantea esto. El papel de trabajo, aprobado en primera discusión, cuenta con 44 artículos. Entre los principales puntos están la instalación de la Comisión Delegada para legislar y convocar sesiones extraordinarias, de ser necesario; la creación de un Consejo Político y más control parlamentario sobre el gobierno encargado y sobre los fondos protegidos. Pero además, la reforma al estatuto parece dejar atrás el mantra “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.
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La aprobación definitiva de este instrumento ha sido pospuesta en dos ocasiones pese a que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional decretara su urgencia parlamentaria. ¿La razón? Las discusiones internas del G4.
Discrepancias y exigencias de unos y otros han sido expuestas en largas discusiones en estos últimos días. Primero Justicia (PJ) colocó una serie de solicitudes, muchas de las cuales están expuestas en el papel de trabajo de la reforma.
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Pero no todos están de acuerdo con la reforma a este instrumento legal. En estos días, Acción Democrática (AD), la que lidera Henry Ramos Allup, fue noticia luego de conocerse que no votarán por la reforma.
Abstención blanca
Una fuente del partido confirmó a El Pitazo que la tolda blanca salvará su voto en la segunda discusión. Las razones aún siguen sin estar claras. Esta fuente sostiene que la continuidad administrativa no depende del Estatuto de la Transición. “Tal cual como está diseñada esa ley, nos da fuerza para continuar con el gobierno interino”, señala la fuente a El Pitazo.
Algo que coincide con la anuencia de Ramos Allup en la red social Twitter, al hacerse eco de mensajes como el del periodista Francisco Poleo o del dirigente de AD, Oliver Blanco, quienes adelantaron que AD no suscribiría la reforma al Estatuto.
Sin embargo, tal y como está el estatuto, la continuidad administrativa no pudiera efectuarse, pues está Ley señala en su artículo 13: “La Asamblea Nacional, electa mediante voto popular el 6 de diciembre de 2015, ejercerá sus funciones constitucionales en el marco de la presente Legislatura hasta el 4 de enero de 2021. El 5 de enero de 2021 se instalará la nueva Legislatura de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a cuyo efecto se celebrarán elecciones parlamentarias durante el último trimestre del año 2020, según lo establecido en la normas constitucionales y en las leyes electorales”.
Pese a que salvarán el voto sin más explicaciones que el hecho de que no es necesaria esta reforma, desde AD aseguran que no está en juego la permanencia de Juan Guaidó como presidente encargado y de la Asamblea ni el apoyo del partido.
“Creemos que no es necesario modificar el Estatuto para que se continúe con el Gobierno interino”, dijo la fuente a El Pitazo. Éste es un nuevo escollo que debe enfrentar la oposición venezolana previo al 5 de enero de 2021, un año en el que además habrá elecciones regionales que desde ya pondrán a prueba, otra vez, a la unidad opositora.
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