Caracas.- Una norma que haría que la sociedad civil y organizaciones tengan que pedir permiso para hacer una declaración pública, una protesta o incluso un acto, fue una de las advertencias hechas por la activista de derechos humanos Lexys Rendón, tras la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines.
El documento fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, el pasado 24 de enero. Ante ello, alrededor de 400 ONG y grupos afines iniciaron una campaña en la que advierten sobre las consecuencias de la denominada “Ley Antisociedad”.
“Esta ley muestra la necesidad de establecer una hegemonía en el control social, algo parecido a lo que se hace en Estados autoritarios de la región, como lo son Cuba y Nicaragua”, explicó la coordinadora del Laboratorio de Paz, en entrevista telefónica con El Pitazo, este sábado 11 de febrero.
ONG Acceso a la Justicia: ley de fiscalización atenta contra toda organización civil
La organización Caleidoscopio Humano emitió un escrito en el que se señaló que “resulta urgente alertar a ciudadanos el grave riesgo que corre el espacio asociativo venezolano, que prevé consecuencias para sectores vulnerables de la sociedad”.
Según lo explicó Rendón, el proyecto “estaría vinculado al inicio del proceso electoral y a un país que requiere del control de lo que se dice en la calle”. Dijo que de su aprobación definitiva en adelante, diferentes organizaciones podrían ser sancionadas por realizar algún evento social sin antes pedir permiso al Estado.
“Así como lograron la hegemonía comunicacional, del control estatal y frente a los partidos políticos, ahora les queda es un entorno asociativo que es el más beligerante, el que sale a la calle, se reúne, va a las estructuras internacionales, hace diplomacia ciudadana, pide reivindicaciones”, alertó.
Las ONG rinden cuentas
Las ONG y sectores similares rinden, actualmente, cuentas a organismos, como el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y Registro Automatizado de ONG. “Pagamos impuestos aunque somos sin fines de lucro, cumplimos con la Ley del Trabajo y Ley contra la Delincuencia Organizada, entre otras”, resaltó Rendón.
Al momento de su aprobación en primera discusión, Diosdado Cabello aseguró que la ley busca revisar y hacer seguimiento a las ONG que reciben financiamiento y no se supervisan. “Existe una deuda con el pueblo venezolano porque las ONG han sido utilizadas para desestabilizar al país, no dependen del gobierno y deben ser reguladas. Aquí funcionan 62 ONG y ninguna tiene fin social, sino político, lo que es un hecho contrario a las leyes de la República”, dijo en ese entonces.
Rendón, quien también integra la Red Latinoamericana Antimilitarista, opinó que el estatuto “podría ser utilizado de forma discrecional contra las organizaciones que han venido trabajando temas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actuación humanitaria, buscan establecer un control de lo que dicen y hacen, y de la posibilidad de denunciar y acompañar en primera línea de apoyo”.
Según lo que establece el Reglamento Interior y de Debates de la AN, el proyecto de ley se remitió a la Comisión de Política Interior para iniciar una consulta nacional.
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