Caracas.- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet emitió un informe donde expresó una actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
En el informe Bachelet dice estar sumamente preocupada por la «magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional».
Indicó que era una medida positiva el que ya se encuentre en el país la comisión técnica de derechos humanos enviada por ellos, y que era esencial que el equipo tenga acceso total a los centros visitados, además exhortó que no se deben surgir represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos.
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Añade que desde junio de 2018 (ultima vez que publicaron un informe sobre Venezuela) el ejercicio de los derechos sociales y económicos siguió deteriorándose. «Los grupos de población más vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados», expresó la Alta Comisionada de la ONU, donde puso de ejemplo las complicadas condiciones de vida por las que pasa la etnia warao, misma que los lleva a cruzar la frontera con Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos.
Destacó que las autoridades venezolanas se han negado a reconocer la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.
Por otra parte, Bachelet resaltó el reciente problema eléctrico el cual ocasionó un apagón a nivel nacional y agravó la situación al reducir aún más el acceso de la población venezolana a los alimentos, agua, medicinas, y afectando gravemente también a los hospitales.
«Todavía no se conoce todo el alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones económicas que han desencadenado miles de protestas sociales», puntualizó.
Bachelet hizo referencia y dijo estar profundamente preocupada por la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas.
En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación. Sobre muchas de estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto.
Bachelet hizo referencia a las protestas, dijo estar profundamente preocupada por la continua criminalización de la desidencia pacífica. Además añadió que su oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos «perpetrados por las fuerzas de seguridad y colectivos armados progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarías, torturas y malos tratos en condiciones de detención, así cómo actos de amenaza e intimidación».
Lea el informe completo en: Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela
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