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miércoles, 25 mayo, 2022

ONG Acceso a la Justicia: Todos los poderes son ilegítimos, menos la AN

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Caracas.- “Estamos en dictadura porque no hay parlamento”, fue uno de los argumentos que utilizó la directora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, para definir el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Este miércoles 17 de julio, la organización presentó en Caracas su informe anual correspondiente a 2018, en el que hace énfasis en los pasos que han dado las instituciones del Estado que acompañan a Maduro para desaparecer a la Asamblea Nacional y al liderazgo opositor.

Louza señala que en Venezuela hay una dictadura moderna, un régimen autoritario que puede convertirse en totalitario si se terminan de cerrar por completo algunos espacios como la AN. Asegura que, aunque sesionan regularmente, las decisiones del Poder Legislativo no tienen efectos jurídicos, porque el Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de aplicar estrategias para sacar del camino al último Poder Público constituido conforme a la voluntad popular.

En “el camino a la dictadura”, como denominaron un capítulo del informe, Acceso a la Justicia hace un recuento de los últimos cinco años y concluye que cuatro Poderes Públicos, de los cinco, actúan bajo la ilegalidad.

“En Venezuela, todos los Poderes Públicos son de facto, menos la Asamblea Nacional”, es la premisa de Louza, abogado en derecho penal.

En diciembre de 2015, días antes de que la oposición tomara el poder de la Asamblea, la gestión saliente presidida por Diosdado Cabello, designó a 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley, por lo que sus actuaciones son altamente cuestionables. Al siguiente año, el TSJ asumió ilegalmente las competencias del Legislativo y designó a dos rectoras del Consejo Nacional Electoral.

Luego, con la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria fue ilegal, se dio pie a que se consolidara el Estado de facto. En agosto de 2017, los magistrados se sometieron al control de este organismo al que denominaron plenipotenciario y se nombró a un fiscal general de la República, órgano del Poder Ciudadano, contraviniendo el artículo 279 de la Constitución que establece los mecanismos para su designación.


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Y después de los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, cuestionados por la oposición y la comunidad internacional por la falta de garantías, Maduro tomó juramento en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, donde funciona arbitrariamente la ANC. Al finalizar el semestre de 2018, ese mismo órgano nombró a un Defensor del Pueblo y a un Contralor de la República, miembros de los órganos restantes del Poder Ciudadano, violentando la facultad que tiene la Asamblea de hacer estos nombramientos de altos funcionarios.

“La ANC, que es un órgano de facto desde su origen al no ser convocada por el pueblo como manda la Constitución y ser la elección de sus miembros contraria a las reglas más básicas de una democracia, ha ido nombrando o reconociendo autoridades del Poder Público constituido, con lo cual estas también se han vuelto ilegítimas e inconstitucionales”, argumenta en el documento Acceso a la Justicia.

Poder Judicial en la mira

Aun y con miembros incompetentes para el cargo, el Poder Judicial ha dictado 100 sentencias en contra de la Asamblea desde diciembre de 2015, cuando suspendió la proclamación de los cuatro diputados de Amazonas por supuestamente ser responsables de cometer un delito electoral. No obstante, el parlamento decidió incorporarlos a la cámara y el TSJ le salió al paso con una declaratoria de desacato.

Solo en 2017, los magistrados emitieron 33 sentencias contra el Poder Legislativo, entre la que destaca la decisión n° 155 en la cual el TSJ asume abiertamente las competencias del parlamento por considerar que continuaba en desacato. Y en lo que va de 2019 han dictado 17 medidas para continuar con su estrategia de desmantelamiento.

A 21 diputados se les ha violentado su inmunidad parlamentaria desde 2017. Solo desde el 30 de abril de este año, cuando se registró el alzamiento militar fallido, se ha despojado del fuero a 16 parlamentarios y se les ha acusado de traidores a la patria.

Maduro también ha desaparecido a las organizaciones políticas adversas. De 67 partidos que estaban legitimados en 2015, previo a las elecciones parlamentarias, solo quedan 17, de los cuales 5 son opositores, según el último proceso de renovación que el CNE realizó a discreción.

Acceso a la Justicia apunta que un acuerdo entre las partes permitiría avanzar hacia un gobierno de transición. Sin embargo, el oficialismo ha demostrado durante dos décadas que “no sabe gobernar con nadie”, ni siquiera cuando ha tenido al Poder Legislativo de su lado.

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