Caracas.- Eliminar los documentos de identificación y registro de los “traidores a la patria”, sugerencia de la diputada de la Asamblea Nacional (AN) Iris Varela el 21 de noviembre, es, para los abogados Andrés Soto y Simón Gómez, una tragedia jurídica que resultaría en la muerte civil de las personas.
Los especialistas en derecho administrativo y derechos humanos, respectivamente, calificaron la medida de contraria e incompatible no solo con la Constitución venezolana, sino también con los tratados internacionales. Además, al ser entrevistados por El Pitazo este 26 de noviembre, recordaron que es una práctica a la que recurren autoritarismos que violan derechos fundamentales.
Vulneración múltiple
Según Varela, “traicionar a la patria es como una renuncia a la nacionalidad”. Durante su discurso en el hemiciclo, y tras asegurar que el Gobierno es “respetuoso” de la Constitución, mencionó el artículo 35 y le recomendó al órgano legislativo “estudiar” la anulación de todos los documentos de identidad y registro.
La 35ª disposición de la Carta Magna establece que los venezolanos, por nacimiento, no pueden ser privados de su nacionalidad. También especifica que a los venezolanos naturalizados solo se les puede revocar la nacionalidad por medio de una sentencia judicial.
No obstante, Varela aseguró que “perfectamente” se puede remover la identidad de una persona o el registro de una empresa por vía administrativa, pese a que esa acción vulnera los derechos reflejados en la Constitución.
“Es contradictorio decir que se es respetuoso del artículo 35 y proponer que se anulen documentos por vía administrativa”, señaló Soto. La nulidad de la identidad es una privación del derecho a la nacionalidad que también está contenida en el vigésimo artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
De acuerdo con el asesor en derecho público y migratorio, la iniciativa no es viable jurídicamente. Pero, resaltó, ante un Estado fallido que no respeta ni los más mínimos estándares, “hay que estar preparados”.
Ante una vulneración al derecho a la identidad, Gómez repasó las consecuencias que tiene sobre otras facultades. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, reflejado en el artículo 21, también sería violado, así como todo el régimen de derechos políticos.
Una persona que sea despojada de su identidad no puede votar o postularse a un cargo de elección popular. Tampoco tiene derecho a la educación, salud o vivienda, por lo tanto, se le imposibilita hacer actividades académicas, financieras o laborales.
“Esta propuesta conlleva la muerte civil de un ciudadano, es la anulación del conjunto de los derechos de la ciudadanía”, afirmó el profesor de derecho internacional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
Sobre el procedimiento administrativo que propuso Varela, explicó que las restricciones deben estar especificadas de forma clara y precisa en la ley. Si hay una restricción por vía administrativa, los afectados deben tener acceso a una reclamación, a un recurso judicial, para hacer frente a esa restricción.
Alcance de la violación
La propuesta de la diputada del PSUV es, según Soto, parte del camino que busca recorrer el Gobierno venezolano para “perseguir a quien quiera defender la verdad”. Por eso la calificó de “despropósito jurídico”, ya que atenta contra los derechos humanos de las personas que no sigan el discurso oficialista.
El abogado advirtió que, si la sugerencia de Varela se convierte en ley, significaría un peligro para los venezolanos fuera y dentro de Venezuela. Además de las restricciones para entrar y salir del país, los afectados quedarían apátridas, sin nacionalidad. “No contar con ninguna otra nacionalidad es una verdadera tragedia para el desarrollo jurídico y personal de un ciudadano”, declaró.
Por su parte, Gómez recalcó que la revocatoria de la nacionalidad es algo prohibido en la Constitución. Aunque la propuesta de la diputada no especifica que haya un decreto de revocatoria, porque no existe formalmente este decreto, sí está exigiendo revocar de facto al afectado de su derecho a la identidad.
También especificó que, cuando Varela dijo que serían sancionadas las empresas cuya propiedad sea del afectado o este tenga acciones, conlleva una violación al derecho a la propiedad y a la libre asociación.
Referencia cercana
La violación al derecho a la identidad no es algo ajeno en la política de algunos aliados del oficialismo. Uno de los mandatarios latinoamericanos más afines a Maduro, Daniel Ortega, la ha aplicado en su país.
“Es el mismo mecanismo que se utiliza hace varios años en Nicaragua, donde se ha privado de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses por nacimiento y los dejan en condición de apatridia”, recordó Soto.
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El 9 de febrero de 2023, los sandinistas excarcelaron a 222 presos políticos que fueron deportados y despojados de su nacionalidad nicaragüense. Estados Unidos se encargó de recibir a los desterrados e instó al Gobierno nicaragüense a dialogar para resolver la situación, pero los esfuerzos no han funcionado.
Seis meses después, el presidente colombiano, Gustavo Petro, le otorgó la nacionalidad de su país al escritor exiliado Sergio Ramírez y a su esposa, Gertrudis Guerrero, cuya casa fue confiscada por Ortega en 2023.
Uno de los hechos más recientes ocurrió el 5 de septiembre de 2024. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, cuyas autoridades son aliadas de Ortega, les retiró los documentos de identidad a 135 presos políticos que fueron liberados y expulsados a Guatemala, que los recibió por un acuerdo conjunto con la administración de Joe Biden.
Gómez mencionó un antecedente más lejano en el tiempo, pero que está vinculado a las prácticas que el oficialismo asegura rechazar: la Alemania nazi. Entre la persecución y el destierro, a los judíos alemanes se les arrebató la nacionalidad durante la década de los 30.
“Es curioso que este gobierno, que dice proteger al pueblo venezolano en contra de la ideología nazi y propone una ley contra el fascismo, promueve este tipo de medidas que históricamente fueron ejecutadas por regímenes autoritarios”, reflexionó el docente.
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