Caracas.- Al cumplirse una semana de que la Asamblea Nacional electa en 2020 y controlada por el chavismo designara a 20 magistrados y sus suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), siguen generándose reacciones.
Miguel Ángel Martín, presidente del llamado TSJ en el exilio, considera que el propósito de estas designaciones, con base en la reforma a la Ley del Máximo Tribunal que redujo de 32 a 20 Magistrados, es “sacar a aquellos que son débiles para el madurismo y nombrar los fieles a las órdenes que dicta Maduro (Nicolás) y Cilia Flores. Le quitan cuota de poder al grupo de Diosdado Cabello”, señaló el abogado en una entrevista para El Pitazo.
Martín recuerda que, en 2004, la reforma fue a la inversa. Se aumentó de 20 a 32 magistrados aludiendo razones de «eficiencia», pero el propósito principal, dice, fue el de incluir abogados que acataran las órdenes de Miraflores y tener una mayoría fiel al chavismo para anular la sentencia de la plenaria del Tribunal que había declarado el abandono del cargo de Hugo Chávez como presidente a raíz de los sucesos del 11 de abril.
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“En el 2022, 18 años después, los disminuyen a 20 por razones de eficiencia también. La reciente recomposición del TSJ nos ratifica que para el régimen la justicia es y será siempre un valor de conveniencia», sostuvo Martín.
Para él, con la reforma al sistema judicial y la reciente designación, el gobierno de Maduro también buscaría ganar tiempo ante la Corte Penal Internacional (CPI) durante la fase de investigación en la que se revisa, entre otras cosas, si hay autonomía de poderes.
“Maduro vende políticamente la narrativa a los países que no lo desconocen, que hay autonomía y separación de poderes”, dijo, agregando que considera que el procedimiento de designación tiene una base jurídica muy débil, empezando por el hecho de que hay magistrados que repiten en el cargo, contraviniendo lo que establece la Constitución, que señala que el cargo es por un periodo único de 12 años.
¿Es legal que los magistrados del TSJ repitan?
Martín indicó a El Pitazo que él, junto a un grupo de profesores universitarios, están estudiando los espacios de denuncias ante estas designaciones.
“Solo se puede recurrir a los organismos multilaterales haciendo saber que no se cumple con los estándares internacionales de justicia”, sostuvo.