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viernes, 14 mayo, 2021

Abogada: exejecutivos de Citgo no son barajitas de cambio

La defensa de tres de los exdirectivos de la filial de Pdvsa señala que tendrán que esperar hasta la próxima semana para saber si la medida de arresto domiciliario responde a los recursos que introdujeron ante la Corte de Apelaciones y el TSJ. Reconocen que en torno a este caso se han dado reuniones con representantes estadounidenses

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Caracas.- María Alejandra Poleo, abogada de José Luis y Alirio José Zambrano y de José Ángel Pereira, tres de los seis exejecutivos de Citgo, la filial petrolera de la estatal Pdvsa ubicada en Estados Unidos, se refirió a la medida de casa por cárcel con la que fueron beneficiados este viernes 30 de abril.

Al respecto, señaló que en marzo de este año introdujeron una solicitud de avocamiento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en virtud de que la Corte de Apelaciones no había respondido al recurso de apelación para una revisión de la decisión de la condena del 26 de noviembre de 2020.

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En esta fecha, el Tribunal Primero del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas condenó a José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Tomeu Vadell, Jorge Luis Toledo y Gustavo Adolfo Cárdenas a 8 años y 10 meses de prisión, además de una sanción de dos millones de dólares, equivalentes al 40 % del valor de los bienes objeto del delito, mientras que José Ángel Pereira, expresidente de la empresa Citgo, deberá cumplir con una condena de 13 años y 7 meses de prisión, acusado de peculado doloso propio y concierto de funcionario con contratista.

La abogada considera que hubo vicios que los hace presumir que todo el proceso está totalmente plagado de nulidades que pueden ser decretadas por la Sala Constitucional.

Una de ellas, explica, es que los exejecutivos fueron detenidos sin una orden de aprehensión y se alegó que los funcionarios policiales habían recibido la orden luego de una llamada del fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, lo cual ponen en duda, ya que en el expediente no existe un indicio de que esto ocurrió así. “Esperamos a ver cuál es el resultado de estas decisiones que tienen que darse”, indicó.

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Pero para enterarse y poder verificar si la medida de arresto domiciliario la dictó la Corte de Apelaciones o la Sala Constitucional, los abogados tendrán que esperar hasta la próxima semana ya que esta que inicia es de cuarentena y los tribunales solo despachan casos de “urgencia inminente”.

¿Medida política?

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Consultada sobre si considera que esta medida responde a una decisión política, la abogada María Alejandra Poleo señala que quisiera pensar que se debe al trabajo jurídico que han realizado hasta la fecha los nueve abogados.

Sin embargo, “sí tenemos que reconocer que más allá del trabajo jurídico se han adelantado una serie de negociaciones con representantes estadounidenses, pero no tenemos la certeza de que la decisión sea el resultado de esas negociaciones”, reconoce la abogada.

Agregó que están satisfechos de que los exejecutivos hayan vuelto a su casa, aunque con arresto domiciliario, pero insiste en que deben obtener libertad plena ya que no existen elementos probatorios sino hechos inciertos que el MP no pudo probar.

Vale recordar que ya tres de los seis exejecutivos habían sido beneficiados con esta medida el año pasado y la misma fue revocada, luego de conocerse nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro.

La abogada espera que este precedente no se vuelva a repetir y que se respete este derecho. “Esperamos no se tome como retaliación política. Se trata de seis seres humanos y no de barajitas de cambio. Son personas que están sufriendo al igual que sus familias”, dijo.

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Poleo señaló, además, que tiene cinco meses sin ver a sus defendidos. Uno de ellos, Pereira, tiene 17 solicitudes para ser visto por un médico sin que se haya aprobado ninguna. José Ángel Pereira es diabético y sufre de la próstata y la columna.

Todos tienen puesto un grillete electrónico. Los seis exdirectivos de la empresa filial de Pdvsa están detenidos desde 2017 cuando fueron llamados por el gobierno de Nicolás Maduro para una supuesta reunión y al llegar al país fueron detenidos.

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