Vargas | Suspenden venta de cajas Clap en cinco sectores de Macuto

Residentes de las comunidades de Álamo, Punta Brisas, El Playón, Las Quince Letras y La Guzmania indicaron que recibieron el aviso de la coordinación parroquial del Clap sobre la suspensión de la venta, por ser consideradas de “clase pudiente”

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| Foto: cortesía

La Guaira.- Vecinos de cinco sectores de la parroquia Macuto denunciaron que fueron excluidos del programa de venta de alimentos que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro bajo la denominación de los Comités Locales de Alimentación y Producción (Clap). La venta de esta caja o bolsa de alimentos subsidiados, en el caso del estado Vargas, es coordinado por el Estado Mayor de Alimentación y el gobierno regional.

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  La denuncia fue formulada a través del voluntariado de la Asociación Civil Acción Ciudadana, quienes desarrollan un trabajo de apoyo y formación ciudadana en la entidad costera, promoviendo el acceso a la información.

   “Voceros de los Clap de las comunidades de  Álamo, Punta Brisas, El Playón, La Guzmania y Las Quince Letras de la parroquia Macuto, han recibido información sobre la suspensión en la venta de las mismas, porque al juicio de las autoridades, no nos hacen falta, cosa que es un gran error. En estos momentos de pandemia y cuarentena es cuando más ayuda del Estado necesitan los ciudadanos. Nos parece una acción condenable”, señaló el vecino de Las Quince Letras, Nelson Galvis.

   De acuerdo a Galvis, esta decisión unilateral de la empresa gubernamental Vargas Alimentos, afecta a un promedio de 1.500 familias macuteñas.

   Vecinos aseguran que las razones que esgrimen las autoridades para la exclusión, es que estas zonas son consideradas de clase media.

    “Se nos ha dicho que nosotros no tenemos necesidad, porque somos gente pudiente. Yo me pregunto con esta hiperinflación, quienes no necesitamos ayuda. Aquí en Macuto ciertamente viven familias que pudieron construir sus casas o comprar apartamentos en otra época de prosperidad del país. Pero hoy hay personas de la tercera edad, muchos solos por la migración, docentes o personas jubiladas o pensionadas con sueldos mínimos. En todo caso, lo más justo sería que se hiciese un estudio socio económico y se determine a quien se le otorga y a quien no”, dijo el vecino de Álamo, Miguel López.

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   López agregó que en ocasiones para la compra de la caja o de los combos de proteínas, vecinos hacen una colecta para comprar el beneficio al que ha expresado no contar con los recursos. “Eso no es de gente pudiente, sino de gente solidaria, porque la mayoría somos vecinos de toda la vida. Lo que nos parece peor, es que esta decisión se tome cuando hay grupos familiares con ingresos disminuidos a causa de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena decretada por Nicolás Maduro”.

   Agregaron que iniciarán una jornada de recolección de firmas, con la intención les sea restituido el beneficio.

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