A lo largo del confinamiento preventivo por el COVID-19 se han escuchado diversas versiones sobre civiles invadiendo inmuebles, cuyos propietarios, en gran parte, emigraron del país.
Ana María Carrasquero, socióloga y coordinadora del Observatorio de Derecho de Propiedad de Cedice Libertad, participó en un forochat de El Pitazo e indicó que el Ejecutivo planea convertir un país de propietarios en un Estado propietario.
En ese sentido aseguró que el Proyecto Nacional Simón Bolívar establece una meta clara con la se busca implantar un modelo productivo socialista y parte de su línea estratégica es sustituir la propiedad privada por la propiedad social.
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Los diversos ataques, rumores e invasiones a la propiedad privada son catalogadas como parte de una política sistemática de ataque contra el derecho de propiedad de todos los venezolanos, a pesar de que la propiedad privada es crucial para la calidad de vida y el logro del bienestar.
Una guerra contra la propiedad privada
Carrasquero afirmó que desde el 2005 se instauró en el país una política sistemática de confiscaciones, estatizaciones, ocupaciones e invasiones de propiedades rurales, terrenos urbanos y hasta de industrias. Sin embargo, no se ha cumplido el proceso establecido en las leyes, tampoco se ha cumplido con la debida indemnización y trabajadores de las mismas compañías destacan que han visto desmejoras en las condiciones laborales y lamentablemente no cuentan con el derecho a la protesta.
Los lectores preguntan
En visto de la política sistemática de ocupaciones e invasiones de propiedad, bien sea en terrenos o viviendas, Alejandro González, desde Macaracuay, preguntó: ¿qué recomiendan realizar en comunidades organizadas como conjuntos residenciales o urbanizaciones, cuando observan alguna sospecha de invasión o sencillamente para alertar a los vecinos que quizá no residen en la propiedad?
Carrasquero indicó que la organización en estas situaciones es clave para las comunidades. Asimismo, recomendó acordar una línea de acción con los trabajadores del urbanismo, en los que debería estar prohibido suministrar información sobre los inmuebles vacíos y ocupados.
«Tener contacto con los propietarios o responsables de los inmuebles que se encuentren vacíos para alertar cualquier conducta extraña con respecto a invasiones es una acción clave», expresó Carrasquero.
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Rubén Cortejo, desde Petare, preguntó: los recientes casos de invasiones a viviendas y supuestos censos inmobiliarios que se han registrado en Caracas y otras zonas del país, ¿qué relación guardan con todo esto?, ¿A dónde pueden acudir los ciudadanos para denunciar estos hechos cuando existe hasta un marco legal hecho a la medida para que sucedan?
Para finalizar, la socióloga indicó que guarda una relación de forma estrecha, ya que la afectación de la propiedad es una violación del derecho humano a la propiedad. En este sentido, Carrasquero recomendó que los ciudadanos que acudan ante las autoridades respectivas, aunque, aseguró, algunas de ellas se han dedicado a promover dichas invasiones.