Pueblos rurales del Delta permanecen sin luz eléctrica los 365 días del año

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El colapso de las plantas eléctricas debido a la falta de mantenimiento y sustitución de los equipos deteriorados son la causa principal de la oscuridad que se vive en las 320 comunidades localizadas en los sectores rurales y zona fluvial que abarca el medio y bajo Delta, ubicados en los municipios Antonio Díaz y Pedernales.

De acuerdo con el testimonio de Armando Arena, habitante de Curiapo, capital del municipio Antonio Díaz, la localidad lleva varios años sin energía eléctrica. «Es la ciudad capital, donde se encuentra la administración de la Alcaldía, y la población no cuenta con luz eléctrica desde hace cinco años”, afirma Arena.

Interrogada sobre la gestión y la diligencia del alcalde, Amado Heredia, Arena asegura que la comunidad desconoce la gestiones hechas por el ciudadano alcalde. «Nadie sabe el papel que juega desde que fue electo. Llega por ratos y desaparece”, precisa Arena.

Desperfecto de plantas y falta de combustible

De acuerdo con los testimonios de los representantes de las comunidades,  recogido  por el equipo de El Pitazo, ninguna de las comunidades del municipio Antonio Díaz cuenta con el servicio de la energía eléctrica, ya sea por desperfecto en las plantas eléctricas o por falta de combustible.

La necesidad se acentúa en los hospitales y centros de salud. Los enfermeros del hospital Dr. Luis Gómez, de Nabasanuka, parroquia Manuel Renauld, aseguran que atienden los partos con linternas o lámparas de mechuzos.

En visita reciente a la zona, la ciudadana gobernadora, Lizeta Hernández, justificó la situación como producto del «bloqueo criminal del imperio». Por su parte, el alcalde Amado Heredia aseguró ante los medios de comunicación “la atención adecuada a 200 comunidades del bajo Delta”.

Mientras tanto, el ambiente no es nada alentador en las comunidades: pueblos en ruinas, asentamientos de indígenas waraos en decadencia por las enfermedades crónicas, pero tratables, son el drama de la población y la causa de la muerte en la población infantil, que evidencia una alta tasa de desnutrición, lo cual vulnera el derecho a una asistencia adecuada por el Estado venezolano.

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