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sábado, 25 mayo, 2024

Naufragio en Güiria: la búsqueda que cumple un año

Este 23 de abril se cumplió un año de la desaparición de 28 personas de las 38 que zarparon en la embarcación “Jhonnaly José” desde Güiria, estado Sucre, con destino hacia Trinidad y Tobago. Familiares sostienen que el caso se trata de un secuestro

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Carúpano.- Ana Arias cumplió un año buscando a su hija este 23 de abril; la adolescente iba en el barco que naufragó en las aguas hacia Trinidad y Tobago en 2019 con 38 personas a bordo. Arias dirige el comité de búsqueda de desaparecidos en la embarcación “Jhonnaly José” de Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, y asegura que tras 365 días de duelo no deja de pensar que su hija sigue viva, tanto así que mantiene su cuarto intacto.

Pero quien no continuó en la búsqueda fue Margelys González, quien murió hace dos meses con ganas de ver a su pequeña Osmarly Velásquez (16), quien desapareció junto a su sobrina Unyerlz del Valle Vásquez (15); ambas iban junto a Luisannys Betancourt, la hija de Ana.

González, quien perteneció al comité de víctimas, fue una de las que sostuvo la tesis del secuestro de las jóvenes durante 2019. En reiteradas oportunidades denunció a El Pitazo que el rapto de las adolescentes era responsabilidad de otra, que para ese entonces tenía 17 años de edad; la muchacha permanece detenida en el comando de la Guardia Nacional de Cumaná.

El miércoles 22 de abril, Ana Arias contó vía telefónica a El Pitazo que Luisanny tenía 15 años de edad cuando la secuestraron; estudiaba cuarto año de bachillerato. Dos jóvenes se la llevaron de su casa a las 10:00 de la noche del lunes 15 de abril de 2019.

Ana Arias asegura que su hija Luisannys Betancourt se encuentra viva y está detenida en Trinidad y Tobago | Foto: Cortesía Ana Arias.

“Tocaron la puerta y al abrir, vi que estaban una compañera de clases de mi hija con una prima, quienes fueron a pedirle una camisa prestada. Le di permiso para que fuera a buscarla en casa de su abuela y le advertí que se apurara. Salió en bata, sin sostén y en cholas”, detalla.

La voz de Ana se entrecorta durante la conversación, se muestra consternada; describe a su niña como una adolescente tranquila, de buena conducta, estudiosa y cariñosa. “Mi hija me llamó llorando el jueves dieciocho de abril y me dijo que se quería venir, pero que le estaban pidiendo doscientos dólares, cuando le insistí que en donde estaba me cortó”, contó sobre uno de los pocos contactos telefónicos que tuvo con Luisanny.

Arias guarda la esperanza de estrechar pronto entre sus brazos a su hija | Foto: Cortesía Ana Arias.

El caso de su niña reposa en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y también en el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con sede en Cumaná. Recuerda que de esos organismos solo conoció que Luisanny llamó desde Güiria. “Está de rumba, debe regresar en setenta y dos horas”, recuerda que le respondían los funcionarios.

La última vez que la familia supo de ella fue el viernes 19 de abril, cuando la joven llamó a su mamá para decirle que la quería, que la amaba y que buscaba la forma de regresarse. “Tres días después de perder comunicación con mi hija, una muchacha me llamó desde Cumaná a mi teléfono para decirme que mi hija iba en la embarcación que naufragó en Güiria y que estaba muerta”, relata Ana.

Trata de personas

Los casos de trata de personas tienen un antes y un después del martes 23 de abril de 2019 en el estado Sucre, cuando una embarcación de 10 metros de eslora, identificada como “Jhonnaily José”, identificada con la matricula ARSI-CA-0067 partió del muelle 8 en el  municipio Valdez rumbo hacia Trinidad y Tobago con 38 personas a bordo.

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La cifra de las personas que estaban en la embarcación fue confusa desde que se conoció la información sobre el supuesto naufragio en redes sociales el jueves, 25 de abril. Sin embrago, el rescate de dos personas la tarde del miércoles 24, encendieron las alarmas entre los familiares de los que iban en el barco.

Yusmary Lezama y Francisco Martínez aparecieron con vida; Martínez era el capitán de la embarcación y de quien se descubrió que utilizó un nombre falso. A la fecha solo se sabe que nueve personas están vivas y que se consiguió un cadáver.

El caso lo lleva el Juzgado Quinto de Control  extensión Judicial Carúpano y además fue citado en el informe del 18 de diciembre de 2019 de la alta representante de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien además se pronunció sobre este caso por el que además manifestó su preocupación y por los derechos humanos en Venezuela.

Sin respuestas

Los familiares de las 28 personas desparecidas redactaron un comunicado en el que exponen que aún aguardan respuestas de las autoridades de seguridad a pesar de cumplir con los requisitos que les exigieron para iniciar las investigaciones y que incluyeron trámites legales e institucionales con los organismos competentes no solo en Venezuela sino en Trinidad y Tobago, para lo que acudieron a la embajada de esta acompañados de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela y Cáritas de Venezuela Carúpano, durante mayo y noviembre de 2019.  

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“Los familiares volvimos a insistir en febrero de este año (2020) acompañados con los familiares de las personas que iban en las embarcaciones desaparecidas en mayo y junio del año pasado y nos enteramos que no existe alerta amarilla en la Interpol por los desaparecidos”, agregó Ana Arias, del comité de víctimas.

El comité de desaparecidos llama a las autoridades venezolanas y demás organismos internacionales a que continúen con las investigaciones y generen los protocolos necesarios que comprometan a los Estados en la repatriación de los desparecidos.

“No vean esto como un delito, nuestros hijos están siendo sacados bajo engaños y coacción, hay un cerebro que las agarra y les llena la mente de porquerías. No me canso, seguiré luchando por mi niña y todas esas personas que se encuentran desparecidas”, afirmó.

Mediante un comunicado difundido este jueves 23 de abril, la Oficina de Cáritas de la Diócesis de Carúpano, en conjunto con la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, manifestó su preocupación por la impunidad del caso y expresaron que “el Estado venezolano es responsable a través de sus instituciones de investigar, perseguir, procesar y  sancionar a los responsable de estos crímenes”.

También exponen que coinciden y apoyan a los familiares sobre que están frente a un crimen de trata de persona y exhortan al Estado venezolano para que coordine a través de sus misiones diplomáticas en el extranjero una estrategia conjunta para la ubicación de las personas desaparecidas, en la que participen los dolientes.

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