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lunes, 10 agosto, 2020

La extorsión campea en los tribunales de Cumaná denuncian privados de libertad

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Cumaná.- Privados de libertad en la entidad afirmaron a El Pitazo que en esta región oriental, los jueces, fiscales, alguaciles y hasta la defensa pública se prestan para la violación constante de los derechos humanos, estado de derecho, debido proceso y derechos constitucionales, la extorsión, manipulación psicológica y cobro de comisiones.

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Los denunciantes señalaron que es de terror cómo se administra «justicia» en Venezuela, específicamente en los tribunales de Cumaná, donde a los presos políticos o comunes se les violan los derechos por igual. Se puede decir que cada caso es una novela distinta, pero con el mismo nivel y trasfondo de terror y aberración judicial.

Uno de los entrevistados, quien omitió su nombre para evitar represalias, relató una historia de telenovela que se vivió en los tribunales de Cumaná, donde los protagonistas principales fueron la juez segundo de control, Karelina Arenas, un alguacil de nombre Elfo Bastardo y otro apodado «Caracas», amante de la juez en cuestión, quienes junto a otros actores involucrados formaban parte de una banda de extorsión judicial en Cumaná y cuyo modus operandi era el de solicitar grandes cantidades de dinero en moneda americana a los detenidos para otorgarles beneficios judiciales amañados.

Quien lograba cancelar la vacuna recibía medidas cautelares, reducción y/o cambio de calificativos, ayudas humanitarias y casa por cárcel. La presión por extorsión hacia los procesados era tan fuerte, que llegaban al extremo enfermizo y sádico de que aún pagando la extorsión, una vez dado el beneficio, seguían pidiendo dinero amenazando con revocar el beneficio si no pagaban, explicó.

Además, dijo que muchas personas inocentes quedan atrapadas en estas redes de corrupción, ineficiencia y terrorismo judicial y muchos hasta pierden la vida en el intento. Cabe destacar, que esta juez Karelina Arenas, junto con su amante, uno de los alguaciles involucrados, se encuentra huyendo específicamente hacia Colombia y todo bajo la ayuda y complicidad de los jueces compañeros y superiores de los tribunales de Cumaná donde entre ellos se tapan sus vagabunderías.

El que tiene contacto o recursos para conseguir dólares no pisa los pabellones de las cárceles o sitios de reclusión en Cumaná / Foto: El Pitazo / Archivo

“Investiguen e indaguen sobre este caso y verán. ¿Cómo puede impartir ‘justicia’ una señora juez con tantas denuncias en Inspectoría de Tribunales de otros niveles superiores del sistema judicial? Todo el tribunal de Cumaná se encuentra sumergido en tanta podredumbre y corrupción que raya en la maldad y terror judicial. Existen muchos otros casos y diferentes tipos de aberraciones como personas con penas cumplidas y aún privadas de libertad simplemente porque los jueces no están pendientes y no tienen el mínimo respeto por la vida humana y condiciones de los procesados, inocentes atrapados en el sistema, personas que necesitan una ayuda humanitaria o apostamiento por razones de salud donde muchos mueren”, afirmó el denunciante.

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¿Qué opciones tiene un procesado privado de libertad? 

Ante el panorama de corrupción y falta de ética de las personas encargadas de administrar justicia en los tribunales del estado Sucre, El Pitazo conversó con un abogado, quien prefirió omitir su nombre, sobre las opciones que tienen las personas que están detenidas esperando por su libertad o enjuiciamiento.

“Desde que una persona es privada de libertad se inicia el proceso judicial, deberían transcurrir 45 días para que se dé una audiencia preliminar y un periodo de investigación, pero ese proceso se lleva hasta un año; si pasa a juicio pudiera pasar hasta dos años cuando debería ser máximo unos meses meses”, informó.

Por otro lado, indicó que si las personas son condenadas, no significa que sean culpables. La espera de publicación para poder apelar debería ser de 15 días, pero eso se tarda hasta un año o más, luego el proceso de apelación, que debería ser unos tres meses, se lleva en realidad unos dos años y si por casualidad el caso llega a instancias del TSJ sería unos dos a tres años más.

“Saquen sus propias conclusiones y sepan que en Venezuela, y peor aún en Cumaná, ninguna persona está exenta de vivir un proceso judicial penal y de caer en este aberrante sistema. ¿Qué hacer? ¿Vivir y dejarse morir en el intento por tus derechos y que se aplique real justicia? ¿Ceder ante la corrupción y extorsión y pagar? ¿Desobedecer el sistema y apegarse a los derechos constitucionales y humanos y escapar? Lo dejo a su consciencia y análisis», cerró el profesional del derecho.

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