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miércoles, 25 mayo, 2022

Habitantes denuncian cobro de salvoconducto en San Antonio de Monagas

Los afectados aseguran que la Alcaldía de Acosta les exige el pago de 100.000 bolívares en efectivo para entrar y salir del municipio con el documento, que es válido por dos días desde el mismo momento en que se emite

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Maturín.- Un grupo de habitantes denunció que la Alcaldía de Acosta, al norte de Monagas, cobra 100.000 bolívares por emitir un salvoconducto que les permite entrar y salir sin restricción al pueblo. Aseguraron que se trata de una medida que la municipalidad comenzó a aplicar una semana después de que el gobierno de Nicolás Maduro decretó la cuarentena nacional en marzo.

La afirmación fue hecha por las personas este miércoles, 27 de mayo, a través de un contacto telefónico en el que además solicitaron resguardar sus identidades para evitar represalias por parte de las autoridades municipales y los cuerpos de seguridad. Los denunciantes aseguraron a El Pitazo que a través de un programa radio local, los funcionarios públicos recuerdan a los conductores el pago de la cuota en efectivo.

“Una concejal del Psuv (Partido Socialista Unido de Venezuela) se instala en la entrada de San Antonio, específicamente en el crucero de Caripe, y cobra cien mil bolívares para entrar al municipio. Las autoridades aseguran que este dinero se usa en gastos administrativos de la alcaldía y que además se invierte en el pueblo, pero esto es algo que nosotros, como habitantes, no vemos reflejado en las calles y avenidas de San Antonio”, dijo uno de los habitantes.

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Sobre la vigencia del salvoconducto, una vecina explicó que el papel es válido por dos días, lo que obliga a los conductores, especialmente a los comerciantes y los agricultores, a renovarlo constantemente. “Nosotros calculamos que en promedio la alcaldía entrega doscientos permisos al día y no estamos seguros de que realmente sean utilizados en copias, impresiones o en la compra de papel, como ellos (los funcionarios) dicen en el programa de radio”, indicó.

Las personas aseguran que a los comerciantes y a los agricultores se les hace fácil conseguir el efectivo, pero no a quienes tienen otros oficios o se quedaron sin empleo tras el confinamiento. Consideran que tanto la gobernadora Yelitza Santaella, como el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, general de división Alfredo Parra Yarza, deben investigar lo que ocurre en San Antonio de Capayacuar.

“Nosotros no hemos escuchado que en otros municipios del estado Monagas estén cobrando un salvoconducto para entrar o salir de los pueblos y creemos que lo que ocurre en el nuestro es un abuso”, dijo un conductor. El Pitazo intentó establecer comunicación con el alcalde Justino Araguayán para conocer su posición al respecto, pero la llamada telefónica no se logró.

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