San Carlos.- Foro Penal y el Colegio de Abogados en Cojedes condenaron, este jueves 4 de abril, la represión desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado, durante las protestas registradas desde el 29 de marzo hasta el 2 de abril, en medio del apagón nacional que afectó esta entidad y Venezuela.
Los representantes de estas organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron el uso de lo mal llamados colectivos que lo que buscan es sembrar el terror y amedrentar a una población indefensa que tiene su legítimo derecho a manifestar. Señalaron que estos grupos paramilitares actúan de manera impune bajo la mirada complaciente del régimen.
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Néstor Gutiérrez, coordinador del Foro Penal en Cojedes, señaló que ven con preocupación cómo se ha intensificado la violencia de parte de los cuerpos de seguridad. Dijo que no se justifica la acción desmedida de estos funcionarios en contra de las personas.
Agregó que documentan estas agresiones, para presentar un informe que será entregado dentro y fuera del país, para que el mundo observe las violaciones a los derechos fundamentales que ocurren a diario en Venezuela en medio de la crisis que vive el país.
Artículo 68 de la Constitución está vigente
Del mismo modo, Roberto Andery, presidente del Colegio de Abogados del Estado Cojedes, señaló que hasta el momento se encuentra vigente el artículo 68 de la Constitución que establece el derecho a la protesta. “La gente ha salido a manifestar su descontento por el mal funcionamiento de los servicios público y no es justo que lo que reciban sean perdigones y bombas lacrimógenas”.
Los representantes de estas dos organizaciones de defensa de los Derechos Humanos también condenaron la muerte del funcionario de Policojedes en medio de una protesta y exigen al Ministerio Público una investigación transparente y que el responsable pague ante la justicia por este crimen.
Por otra parte, invitaron a los ciudadanos que hayan sido víctimas de abusos por los cuerpos de seguridad a contactarlos, para asesorarlos y que realicen la respectiva denuncia ante el Ministerio Público.