Carúpano.- Durante la tarde de este domingo 26 de mayo, el Comité de Familiares de Desaparecidos en las embarcaciones Jonailys José y Ana María, que zarparon desde Güiria hacia Trinidad se pronunció mediante un comunicado.
En el texto expresan que los casos se han manejado de manera irregular y que no han sido naufragio sino desapariciones. Además, destacan que los organismos del Estado y autoridades no les han brindado respuesta ni han implementado métodos de búsqueda.
Los familiares alertan de una red de trata de personas y contrabando de materiales estratégicos hacia Trinidad y Tobago, exponen que no se quedarán de manos cruzadas y solicitarán ante los organismos que les den respuesta por las más de 60 personas que se encuentran desparecidas en las embarcaciones.
La embarcación Jonailys José partió el 23 de abril con 38 pasajeros y Ana María el 16 de mayo con 33 personas. Hasta ahora de las dos embarcaciones solo se han rescatado diez personas y el cadáver de una adolescente.
Encontrándose aún 60 personas desparecidas, según datos aportados por el diputado Robert Alcalá, vicepresidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN).
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En el comunicado también denuncian la falta de apoyo del gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, y el alcalde del municipio Valdez, Ander Charles.
El comunicado expresa lo siguiente:
Comunicado oficial del Comité de Familiares de Desaparecidos en Embarcaciones. Al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional, nosotros, el Comité de Familiares de Desaparecidos en las embarcaciones Jonaily José y Ana María que zarparon desde Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago, responsablemente denunciamos: Que las autoridades competentes, según la Ley Orgánica de Espacios Acuáticos, la Ley General de Marinas y actividades conexas: el Instituto de los Espacios Acuáticos (Inea) y el Comando de Guardacostas de la Armada, quienes tienen la responsabilidad directa en la coordinación, búsqueda y rescate de embarcaciones, al día de hoy no han sido diligentes y efectivos en planificación o ejecución de las labores de búsqueda de las 60 personas que iban a bordo de ambas embarcaciones. A pesar que la ley establece que la búsqueda y salvamento acuático es de carácter público, las autoridades de Güiria nos han cerrado las puertas en la cara, se niegan a dar respuestas a nuestras exigencias, así como a ofrecernos información oficial, veraz y oportuna sobre los sucesos.
El Comandante de la Estación de Guardacostas de la Zona Atlántica y el Vicealmirante de la Zodi se rehúsan a recibir a los familiares de las víctimas, por el contrario, hemos recibido maltratos y somos atendidos como si fuéramos ciudadanos de segunda.
A pesar de que ha transcurrido más de un mes de la desaparición de la primera embarcación, jamás nos han presentado un plan de búsqueda ni nos han dicho algo sobre gestión alguna. Tampoco nos han permitido aportar elementos de información que poseemos para la búsqueda e investigación de ambos siniestros.
El miércoles 22 de mayo, siete días después que zarpó la segunda embarcación, nos enteramos de manera extraoficial de la suspensión de la búsqueda, la cual inició de manera tardía, inapropiada e indeficiente.
En esta situación solo ha prevalecido el mal carácter de los jefes militares, quienes parecieran olvidar que a pesar de los grados militares y las medallas que ostentan, tienen y tendrán responsabilidades civiles, penales y administrativas en todas sus actuaciones y omisiones.
Igualmente, el gobernador del estado, Edwin Rojas, y el alcalde de Güiria, Ender Charles, por su apatía y negligencia en el caso. ¿Cómo es posible que el único rescatado y también capitán de la embarcación Ana María, al día de hoy se desconozca su paradero y que nadie haya investigado donde está ese señor que, según las autoridades de Trinidad y Tobago, tiene antecedentes penales por trata de personas.
¿Quién ha investigado sobre los despachos y zarpes otorgados por la Capitanía de Puerto y el Seniat a la embarcación? ¿Quién firmó esos despachos de zarpe? Sabemos que estas autoridades cobran hasta 500 dólares por embarcación sin importar las condiciones al momento de zarpe, ni muchos menos las vidas humanas en peligro. Denunciamos que todos los entes mencionados son cómplices de estas tragedias y como buenos compinches se tapan unos con otros. Aquí señores, están involucradas la mayoría de las autoridades civiles y militares. Para nadie es un secreto que en Güiria se comete el delito de trata de blancas, el tráfico de seres humanos y el contrabando de materiales estratégicos hacia Trinidad y Tobago ante la mirada cómplice de las autoridades civiles y militares.
TODOS tienen responsabilidades en estos delitos por ejecución o por omisión. Expresamos nuestra certeza de que no vamos a dejar estas tragedias en el olvido y vamos a insistir a nivel nacional e intencional hasta que se haga justicia. Nos arde la sangre cuando vamos al comando de Guardacostas y somos atropellados por el capitán de navío Ángel Sisco Mota, el vicealmirante Freitas o, peor aún, por el malandro que tiene el Almirante de la Zodiman como asistente (guardaespalda), quien nos humilla y maltrata.
Señores, queremos proactividad, acción en la búsqueda y en la investigación del caso de nuestros familiares. Hemos recaudado información valiosa sobre las personas en Trinidad y Tobago que esperan a los botes con las mujeres víctimas de la trata de blancas, los datos del oficial de Guardacostas trinitario que cobra por dejar pasar los botes con pasajeros y de los corruptos de capitanía y aduanas que dan zarpes y despachos a cambio de 500 dólares.
Así también tenemos identificada la agencia naviera que hace los trámites en Güiria con los corruptos, sabemos dónde está el capitán del bote y quien lo fue a buscar a la Isla de Granada.
¡No nos vamos a quedar de brazos cruzados!
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