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jueves, 26 noviembre, 2020

Comercios chinos suspenden ventas tras cierre de supermercados en Maturín

La comunidad asiática decidió cerrar sus puertas este 20 de noviembre en solidaridad de los cuatro supermercados que el pasado fin de semana fueron sancionados por la Alcaldía de Maturín tras incumplimientos de pagos de tributos

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Maturín.- La comunidad asiática en Maturín cerró sus comercios este 20 de noviembre en protesta, pero al mismo tiempo en solidaridad, por el cierre de los cuatro supermercados en el sector Mercado Viejo el pasado fin de semana, que fue ejecutado por la alcaldía.

A través de un comunicado, que rodó este viernes en redes sociales, los empresarios chinos-venezolanos aseguraron que no se niegan a pagar los impuestos sino que solicitan a la Alcaldía de Maturín reconsiderar los cálculos porque los montos son excesivos y «afectan las estructuras de costos, imposibilitando la continuidad de las actividades comerciales», se lee en el texto pegado en las santamarías de los negocios.

Los comerciantes también advierten que corren el riesgo de quebrar debido a las altas cifras de los tributos municipales. «Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando en bienestar de la familia monaguense y cumplir fielmente con nuestras obligaciones tributarias no abusivas», concluye el comunicado.

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El Pitazo consultó con algunos consumidores de la ciudad y confirmaron que ningún establecimiento asiático abrió sus puertas este viernes en las 10 parroquias de la ciudad, solo los negocios árabes funcionaron. En Maturín, los comerciantes asiáticos mueven mayoritariamente la economía y los cuatro negocios cerrados pertenecen a esta comunidad.

Sobre este caso, la gobernadora Yelitze Santaella se pronunció el jueves, 19 de noviembre, en su programa de radio y cuestionó la medida aplicada por el alcalde Wilfredo Ordaz por considerarla inapropiado en tiempos de «guerra inducida contra el Estado venezolano», aseguró. «Ningún funcionario está autorizado para cerrar negocios«, enfatizó ese día.

Pese al llamado que le hiciera Santaella de considerar los métodos de pago propuestos por los comerciantes, Ordaz no ha ordenado la suspensión de las sanciones en contra de los cuatro establecimientos que ponen en jaque el trabajo de 200 personas, según han denunciado los voceros de los empleados.

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