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lunes, 7 octubre, 2024

Comerciantes del mercado municipal en Puerto La Cruz reclaman mayor atención

Informales que hacen vida en el principal expendio de alimentos de la zona norte del estado Anzoátegui, responsabilizaron a la alcaldesa del municipio Sotillo por acumulación de desperdicios e irregularidades

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Puerto La Cruz.- Indignados dijeron estar los comerciantes informales y adjudicatarios del mercado municipal de Puerto La Cruz, tras la acumulación de desperdicios que ha comenzado a afectar a quienes laboran en los alrededores de la zona de descarga de desperdicios.

María Rosalía Gómez es una de las afectadas, contó que hace tres semanas tuvo que cerrar su negocio porque el mal olor le impedía laborar, situación de la que hace responsable a la alcaldesa del municipio Sotillo, Herminia Ron.

“No es posible que la alcaldesa quiera asumir la administración del mercado municipal y como no le conceden su petición, prohíba a los colectores de desperdicios que dejen de visitar el vertedero del mercado. Vivimos entre zamuros y enfermos por la pudrición”, relató.

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Comentó que los camiones colectores pasaban diariamente por la zona a recoger los desechos que se acumulan a diario, pero hace más de cuatro meses suspendieron el servicio, lo que ha obligado a la directiva de la Asociación de Trabajadores del Mercado Municipal a contratar una empresa privada, la cual sólo pueden cancelar una vez por semana.

Yesenia Montes es otra de las adjudicatarias que se queja por la conducta de la alcaldesa de Sotillo, quien según comentó, instaló un mercado paralelo en lo que antes funcionaba como estacionamiento principal, lo que ha generado el cierre de algunos locales y bajas ventas en otros.

“Necesitamos que alguna autoridad intervenga en esta situación, porque la alcaldesa nos está asfixiando para ella mantener un mercado paralelo en el que también se autoriza la compra y venta de dólares sin ninguna supervisión. Es muy injusto”, añadió.

Destacó que la mandataria local intenta asumir el control de las adjudicaciones y ellos se niegan a esta acción que, supuestamente, está dirigida a la ocupación ilegal de algunos locales, cuyos adjudicatarios se han visto en la necesidad de cerrar mientras reponen mercancía porque resultaron afectados tras el aumento de costos.

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