Universitarias de primera

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Por: David Gómez Gamboa

El Día internacional de la mujer representa una fecha importante para debatir sobre la universidad como espacio libre de violencia contra las universitarias, tema al que debemos aproximarnos desde una visión de derechos humanos con gran empatía, y considerar las desigualdades históricas que han puesto a la mujer como “ciudadano de segunda” en nuestra cultura.

Las cifras de violencia son serias y alarmantes. ONU Mujeres ha informado que en América Latina se ubican 14 de los 25 países con los índices de femicidios más altos del mundo. Se encuentra Venezuela entre esos 14. En 2019 se registraron, al menos,  3.800 femicidios en América Latina , según la CEPAL.

En ese contexto, lamentablemente en las universidades venezolanas ―y Latinoamericanas―, se reproducen situaciones de violencia contra las mujeres que desnaturalizan la misión fundamental de la universidad como espacio idóneo para la educación de calidad, el debate crítico y la producción del conocimiento científico.

Las víctimas de violencia en las universidades tienen varios rostros: el de alumnas por parte de docentes u otros alumnos que ocupan cargos o roles en la institución; el de trabajadoras o docentes por parte de autoridades u otros trabajadores. La mayoría de los casos no son denunciados. La violencia dentro y fuera del aula de clases es muy nociva e impacta no sólo física y psicológicamente de las víctimas y sus familias, sino que trastoca el proceso educativo y desnaturaliza la misión universitaria.

Sobre el problema de la violencia y desigualdad con respecto a las mujeres en las universidades venezolanas, Aula Abierta documentó que:

a) 7 de cada 10 universitarias encuestadas alegan que en los recintos no se informa y difunde la Ley Orgánica sobre el derecho a vivir una vida libre de violencia,

b) 3 de cada 10 encuestadas han sufrido desigualdad y discriminación en entornos universitarios.

c) 4 de cada 10 universitarias han vivido, al menos, una situación de violencia por condición de género. Ademas, afirman que no hay paridad en los puestos claves directivos.

Un estudio en Ecuador revela que las mujeres de la comunidad universitaria que sufren violencia pierden casi 29 días de productividad académica y laboral al año; lo cual equivale a más de 68 millones de dólares en costos indirectos, que representaría el 3,13% del presupuesto universitario.

Derechos humanos y universidad inclusiva

El caso de la profesora universitaria Monica Godoy es un referente para entender que la autonomía universitaria no puede ser invocada para justificar la violación a los derechos humanos de las mujeres en las universidades. Esta profesora fue despedida de una universidad colombiana por denunciar abusos sexuales y laborales contra el personal universitario.

Después de varios procesos judiciales el caso fue sentenciado por la Corte Constitucional de Colombia (T-239 del 2018), que dictaminó que el despido de Godoy se fundamentó en motivos discriminatorios para suprimir el discurso de defensa del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y concluyó que la autonomía universitaria está limitada por el respeto a los derechos fundamentales; además, que la discriminación por razón del género constituye un límite al ejercicio de la autonomía universitaria.

En Venezuela, se ha luchado por años para garantizar los derechos de las mujeres dentro de las universidades. Ha sido muy positivo que en 2020 la UCAB aprobara el Protocolo para la Prevención y Atención en casos de acoso y violencia sexual, y que distintas organizaciones académicas, así como de la sociedad civil, hayan trabajado constantemente para visibilizar y documentar casos de violencia contra las mujeres en las universidades e igualmente, realizado actividades de prevención y formación.

Por ejemplo, los resultados del proyecto de lideresas universitarias de Aula Abierta hablan de logros muy importantes. Sin embargo queda mucho camino aún pendiente por recorrer.

Quizás el mayor reto en el corto plazo es que todas las universidades venezolanas (públicas y privadas) cuenten con su propio protocolo para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres y de género, lo cual es necesario y urgente. Tal como se dispone en los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, se deben adoptar estos protocolos de atención, investigación y sanción a la violencia y acoso sexual, al igual que a la violencia contra las mujeres o la basada en orientación sexual o identidad de género (Principio IX).

Además, el principio II dispone que las políticas de evaluación en las instituciones académicas deben buscar reducir las limitaciones que enfrentan colectivos y personas sujetas a especial protección por haber sido históricamente excluidas o estar en riesgo de ser discriminadas; mientras que el Principio III afirma que la libertad académica debe ser garantizada en igualdad de oportunidades, sin discriminación por ningún motivo, mencionando expresamente el género, la orientación sexual, la identidad y expresión de género.

La universidad debe ser el espacio inclusivo, seguro, plural  y libre que contribuya al desarrollo educativo de todos y todas. En ella no deben proliferarse discursos de odio, acciones discriminatorias, ni la violencia sexual o de género.

Todos y todas estamos llamados a superar la cultura en la que se afinca la idea de que los espacios públicos son lugares para hombres y se niega la participación de las mujeres o se acompañan formas de violencia que pueden empezar con simples expresiones verbales “machistas”, que por cierto, abundan en las redes sociales.

DAVID GÓMEZ GAMBOA | @dgomezgamboa                                                                                       

Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ

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