Tres años, tres informes, una realidad: violación sistemática de derechos humanos en Venezuela

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La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bajo la responsabilidad de Zeid Ra’ad Al Hussein y ahora de Michelle Bachelet, ha presentado a la comunidad internacional desde 2017 una radiografía dramática de la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Los informes presentados desde el año 2017 advierten la sistemática violación por parte del régimen de Nicolás Maduro de las normas previstas en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente las desarrolladas bajo el Titulo III: De los derechos humanos y garantías y los deberes.

El informe 2019 complementa los informes anteriores y presenta ante la comunidad internacional argumentos suficientes para advertir la inexistencia del Estado Venezolano y la urgente necesidad de un cambio político que permita restablecer los estándares mínimos de dignidad humana y calidad de vida en Venezuela.

Violaciones de los derechos humanos y abusos en el marco de las protestas ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela desde el 1° de abril hasta el 31 de julio 2017, fue el título del informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Luego, en 2018, un nuevo informe se presentó bajo el título de Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin; muy apropiada la frase “que no parece tener fin”, pues ella expresa la sensación que deja en muchos la situación dramática que vive el país.

A diferencia del Informe 2019, aquellos se realizaron a distancia, porque el Gobierno venezolano no permitió en su momento la visita institucional que Michelle Bachelet logró efectuar el pasado mes de junio de 2019.

Además del cambio en el Alto Comisionado, ¿qué otros elementos cambiaron en Venezuela para que el régimen permitiera la visita de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet? En este sentido, solo es posible advertir que claramente la situación del país se ha agravado y las presiones internacionales se han intensificado.

Si bien es cierto que las miradas y la atención están sobre el Informe 2019 presentado por Bachelet, no es menos cierto que los otros dos deben ser valorados y no olvidados, porque complementan la información suministrada por el último informe, pero, además, porque evidencian con suficiente claridad el deterioro progresivo y sistemático de los derechos humanos en Venezuela.

El informe 2017 registró los hechos violatorios de derechos humanos, recogidos de unas 135 entrevistas con muchos actores diversos de la sociedad venezolana: 47 mujeres, 88 hombres, algunos de ellos víctimas, otros familiares de víctimas. Otros son testigos; asimismo, en esas entrevistas participaron periodistas y abogados, entre otros.

En el caso del informe de 2018, se realizaron 150 entrevistas con víctimas y testigos, y no faltó en esa metodología la presencia de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y universitarios. Además, en esta oportunidad se hizo un examen detallado de numerosos informes y datos aportados por diversas fuentes.

Por su parte, el informe publicado el 4 de julio de 2019 destaca que se realizaron 588 entrevistas y 159 reuniones con diversos actores. Algunas de esas entrevistas, destaca el informe, se hicieron directamente a venezolanos refugiados y migrantes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México y Perú.

El informe permite conocer que antes de la visita institucional de la Alta Comisionada, su equipo logró visitar Venezuela a los fines de realizar otras entrevistas a distintos actores de la sociedad venezolana en Caracas, Barquisimeto, Valencia y Ciudad Guayana.

Son en total tres informes en tres años y una visita institucional que finalmente se concretó, luego de varias solicitudes formales al Gobierno de Venezuela. Son tres documentos útiles a los fines de ejercer la presión necesaria sobre el régimen de Maduro, que como se mencionó previamente, no pueden ser ignorados y menos aún olvidados.

En esos informes, con el uso de términos sencillos y claros, la sociedad civil puede encontrar los argumentos que por años ha venido denunciando con fuerza y coraje. Las voces de la sociedad civil democrática encontraron en las líneas de esos informes el eco por el que tanto han reclamado.

Ahora la gran incógnita es ¿qué impacto tendrá este nuevo Informe?

Es oportuno recordar que en el 2017 el informe destacó los siguientes hechos:

  1. Sobre los derechos económicos y sociales, advirtió sobre la erosión de los mismos y alertó sobre su deterioro como consecuencia de la hiperinflación.
  2. Reconoció la existencia de una severa crisis alimentaria, de acceso a las medicinas, en la salud pública en general y en la prestación del servicio eléctrico.
  3. Destacó los altos niveles de inseguridad.
  4. Reconoció la violación al derecho de la Asamblea Nacional a cumplir sus funciones, describiendo la crisis política que ha generado la actuación del Gobierno para debilitar a la Asamblea Nacional desde 2015, la suspensión indefinida del referendo contra el Presidente Maduro; se aborda el tema de la Constituyente y la pérdida de independencia de las instituciones claves como el TSJ.
  5. El informe advirtió sobre el incremento de venezolanos buscando asilo político.
  6. Reconoció que hay violación de DD. HH por parte de las autoridades y que se expresa a través de: exceso de fuerza pública; muertes como consecuencia de las protestas; uso inapropiado de las armas de fuego por parte del Estado y violación del derecho a la integridad física durante las protestas.
  7. El informe advierte sobre allanamientos violentos y destrucción de la propiedad; torturas y maltratos a las personas detenidas como consecuencia de las protestas; detenciones arbitrarias, uso de la justicia militar para procesar civiles y violación al debido proceso.
  8. Reconoce la violación del derecho a la libertad de expresión.
  9. Alertó sobre ataques contra los miembros de partidos políticos de oposición y restricciones.
  10. El informe concluyó que hay una extensa violación de derechos humanos, en el marco de unas demostraciones de protesta contra el Gobierno. Reconoce que las demostraciones contra el Gobierno son formas de expresar la disidencia, la cual debe ser acompaña por un dialogo significativo e incluyente para buscar soluciones a los problemas.

En el 2017 el informe advirtió a la comunidad internacional que el riesgo de un mayor deterioro de los derechos humanos era alto y el Informe 2019 así lo demostró.

Por su parte, el informe de 2018 reiteró el dramático deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela y en tal sentido reconoció:

  1. Violaciones a la libertad de reunión pacífica.
  2. Violaciones a los derechos a la verdad y la justicia de los familiares de las personas muertas durante las protestas.
  3. Muertes en el contexto de operaciones de seguridad no relacionadas con las protestas.
  4. Detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso.
  5. Tortura y malos tratos. Condiciones de detención. Impunidad.
  6. Ataques contra opositores políticos, activistas sociales y defensores de los derechos humanos.
  7. Violaciones a la libertad de opinión y expresión.
  8. Violaciones al derecho al más alto nivel posible de salud.
  9. Violación al derecho a una alimentación adecuada. Políticas de Estado han afectado el derecho a la alimentación.

El Informe 2019 reafirma y denuncia la violación de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos; alerta sobre las dificultades que se experimentan para el acceso efectivo a la justicia y a la reparación adecuada de las víctimas y destaca la situación de los llamados grupos vulnerables.

La comunidad internacional tiene la radiografía de un Estado inexistente y/o fallido, que le exige definir una posición sólida frente a su compromiso con los valores y principios de la democracia. Por su parte, estos informes son instrumentos útiles para que la diáspora, con inteligencia y estrategia, asuma una tarea de lobby político a medios de comunicación, periodistas, políticos e instituciones públicas en aras de hacer comprender la realidad venezolana y garantizar que sigan mirando desde la distancia a Venezuela.

Y en el caso de la sociedad civil que se resiste a la dictadura en Venezuela, el desafío es contribuir a que esos informes se conviertan en instrumentos de presión efectiva contra el régimen y más aún, en el marco de un supuesto diálogo o negociación.

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