Sueldos de hambre y enfermedad

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Por: David Gómez Gamboa

La situación del profesorado universitario venezolano nuevamente estremeció al país cuando hace unas semanas se conoció el caso del profesor Salinas de la Universidad de Los Andes, quien  fue rescatado por los bomberos después de haber permanecido tres días encerrado en su vivienda junto al cuerpo de su esposa fallecida.

Cada día los profesores universitarios venezolanos viven su propio drama. La imposición unilateral por parte del Estado de salarios, con estándares de pobreza extrema, les ha puesto en la mayor vulnerabilidad, sin la posibilidad de garantizar una mínima alimentación, salud o seguridad social.

Según la Línea Internacional de Pobreza (LIP), una persona que gane menos de 1,9 dólares diarios se encuentra en pobreza extrema. Para el 2021, un profesor titular a dedicación exclusiva recibía un ingreso básico mensual equivalente a 3,72 dólares, es decir, 0,12 dólares diarios. En la actualidad, un profesor titular de tiempo completo devenga como salario base 9 dólares al mes y el titular a dedicación exclusiva gana 10,43 dólares mensuales.

De 580 profesores encuestados por Aula Abierta, tan solo 37 (6.4%) manifestaron poder adquirir la canasta básica alimentaria, basándose en ingresos complementarios.

¿Cómo se llegó tan bajo?

La respuesta es compleja. Puede resumirse en la política del Estado contra los y las universitarias. En ese contexto se destacan dos situaciones:

1. La asfixia presupuestaria inducida contra las universidades que alcanza, en algunos casos, entre el 97% y 99% de déficit,

2. La imposición unilateral por el gobierno nacional de tablas salariales desconociendo la negociación entre autoridades del Estado y representantes del sector universitario. Por ejemplo, la exclusión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, FAPUV, de los procesos de discusión salarial y beneficios laborales en el marco de las Convenciones Colectivas Únicas (CCU) del sector universitario. 

¿Qué pasa con los Institutos de Previsión Social (IPP)?

Los docentes universitarios y sus familias no cuentan con la prestación de salud y seguridad social que en el pasado garantizaban los IPP, debido a la precarización de los recursos para su funcionamiento. 

Desde la aprobación de las CCU, la política previsional del gobierno ha sido la centralización, en detrimento de las exitosas experiencias asociativas y autoadministradas que por décadas se habían impulsado en diversas universidades nacionales. En ese sentido, se eliminaron los servicios básicos autoadministrados de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) para imponer el mecanismo centralizado “Sistema Integral de Salud del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología” (SISMEU).

Además de la centralización, el gobierno ha ahogado financieramente a todos los institutos de previsión social universitarios, con el objeto de imponer el Instituto de Previsión Social Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras Universitarios (IPSU).

Desde que el gobierno nacional desconoció las actas convenios Universidad-Gremio y los recursos provenientes de los acuerdos federativos, los IPP no pueden ni cubrir los gastos de nómina de sus trabajadores. Obtienen recursos de los aportes que hace el Estado a través de las Cláusulas del Acta Convenio y Acuerdos Federativos, los cuales son cada vez más escasos debido a que la mayoría están atados a porcentajes calculados en relación a los salarios docentes. Además, el gobierno nacional hace entregas a destiempo –cuando lo hace- creando un cuadro muy crítico, agravado por la hiper-inflación e hiper-devaluación del bolívar.

La situación de cada uno de los IPP es muy grave. El funcionamiento del IPP de la UCV, desde el 2017, depende básicamente de sus inversiones, dado que el aporte que le corresponde vía presupuesto universitario alcanza a financiar el 4% de sus programas y servicios.

El IPP APULA funciona porque los profesores lo financian a través del pago anual de un programa de cobertura ampliada de HCM y el convenio con el Fondo de Jubilaciones ULA (Fonprula), que otorga el 50% de las ganancias operativas del instituto al programa de salud. Lamentablemente, no todos los profesores pueden cubrir el pago del programa de cobertura ampliada.

La situación del IPPLUZ es muy similar. Se espera que su directiva, recién electa en diciembre 2021, pueda gestionar su recuperación.

En general, el deterioro del espacio físico de los IPP, el secuestro de los recursos económicos por el Ministerio de Educación Universitaria, la falta de convenios con instituciones de salud privada debido a la ausencia de recursos económicos y el colapso del sistema de salud pública nacional, mantienen al personal docente universitario sin ningún tipo de atención médica, agravándose la situación a raíz de la pandemia.

Hoy, prácticamente el profesorado universitario no solo devenga un salario de extrema pobreza al mes, sino que vio desaparecidas sus prestaciones sociales acumuladas en décadas de trabajo, los ahorros y el seguro HCM, al punto de que la actual cobertura sostenida por los profesores con sus propios recursos, apenas alcanza para realizar algún examen de laboratorio, Rayos x o para adquirir la ración de unos  pocos días de algún medicamento para enfermedades crónicas. El panorama luce muy preocupante.

David Gómez Gamboa | @dgomezgamboa     
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión
de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ

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