Por: Nehomaris Sucre
Mientras la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez hablaba en su memoria y cuenta sobre supuestas mejoras económicas y sociales, los indígenas yanomamis de Parima B, en el estado Amazonas, lamentaban la muerte de cuatro miembros de su comunidad en un enfrentamiento con militares.
El detonante fue la conexión a internet, algo simple y cotidiano para muchos, pero tan valioso en la apartada localidad que costó la vida a varios de sus pobladores. La disputa se inició después de que los funcionarios de la aviación bolivariana negaran a los indígenas la posibilidad de conectarse al Wifi de la base militar. La reacción causó molestia entre los yanomamis y terminó con un fatal desenlace.
“Se supone que ellos nos vienen a cuidar… nosotros no hicimos nada, somos inocentes. Ellos no tenían porqué usar sus armas”, exclama una mujer indígena en el video compartido por la ONG Kape Kape. Con estas palabras se rompe el frágil discurso del gobierno sobre la protección del Estado a poblaciones vulnerables.
Según el periodista Magno Barros, los indígenas se defendieron con arcos y flechas, mientras que los militares utilizaron armas de fuego. Este señalamiento y el resultado de cuatro indígenas fallecidos constituyen indicios de uso excesivo de la fuerza por parte de los funcionarios.
Más allá de que la letalidad de un fusil de asalto o de una pistola puede ser mayor a la de una flecha, existía un abanico de opciones para los efectivos de la Fanb antes de desasegurar las armas y presionar el disparador.
Incluso, si se hubiesen agotado las posibilidades de llegar a un acuerdo y los indígenas persistieran en el uso de la violencia, los militares debían aplicar la fuerza de manera proporcional, neutralizando la “amenaza” sin quitar la vida.
Al final del día no solo se les negó una clave de Wifi, sino también el derecho a existir.
Hechos similares
No es primera vez que ocurren sucesos de este tipo. El mes pasado, en un procedimiento de incautación de chatarra en el Orinoco, efectivos de la Armada bolivariana hirieron a cuatro indígenas waraos, tres de ellos adolescentes.
“Nos dispararon a matar. A matarnos como si les hubiésemos echado plomo a ellos. La curiara estaba llena de sangre” Declaró Jean Carlos Valenzuela, uno de los jóvenes heridos.
Otro incidente lamentable fue el ataque militar a Kumarakapay, en 2019, cuando la comunidad pemón salió a manifestar solicitando el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. El trágico saldo de la represión fue de 8 pemones fallecidos.
A esta realidad se le suman otras problemáticas que enfrentan diariamente las comunidades originarias: violencia de la guerrilla y de las mafias dedicadas a la minería ilegal, deterioro de su hábitat, poco acceso al sistema educativo y de salud, entre otras.
Mientras tanto, en la narrativa del gobierno la Fanb resguarda los intereses del pueblo, las poblaciones vulnerables son protegidas y la calidad de vida de todos los venezolanos mejora. Sin embargo, los hechos desmienten esa ficción.
NEHOMARIS SUCRE | @Neho_Escribe
Politóloga y militar retirada.
El Pitazo no se hace responsable ni suscribe necesariamente las opiniones expresadas en este artículo.
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas de nuestro país visitan diariamente El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para muchos de ellos somos la única fuente de noticias verificadas y libres de parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso creamos un programa de membresías: No cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y contribuyan con un aporte económico que es cada vez más necesario.
Forma parte de la comunidad de Superaliados o da un aporte único.
Asegura la existencia de El Pitazo con una contribución monetaria que se ajuste a tus posibilidades.
HAZTE SUPERALIADO/A
