¿Se cocina una ley antiUniversidad?

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Por: David Gómez Gamboa

No es casual que el Gobierno esté impulsando una nueva ley de universidades en el contexto de los ataques que viene haciendo  por más de una década hacia las casas de estudio superior y de la política de Estado en contra de la autonomía universitaria.  

Ha sido tan grave la situación en Venezuela, que desde el 2018 distintos órganos internacionales de derechos humanos la han documentado en varios informes.

Por ejemplo, en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica. En 2020, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, en su informe sobre Venezuela (párrafo 28), señaló que continuaron las amenazas a la autonomía de las universidades.

Hablamos de una política de Estado contra la Universidad y los universitarios que se materializa en patrones de violación tales como la asfixia presupuestaria contra las universidades que las ha dejado con déficits cuya media a nivel nacional superan el 95%, porcentaje que les impide ejercer normalmente la docencia, investigación y extensión por falta de presupuesto.

Además, se han contabilizado más de 50 decisiones judiciales que transgreden la autonomía de las casas de estudio, se ha documentado la suspensión de procesos electorales universitarios y la designación arbitraria de autoridades universitarias como los “protectores en universidades”.

La imposición de la normativa sobre la educación multimodal recientemente, confirma la violación a la autonomía universitaria. Asimismo, lo hace la imposición desde el 2021 del pago a los universitarios a través del Sistema Patria, arrancándoles a las instituciones de educación superior los atributos más básicos de su autonomía administrativa y financiera. Para colmo, el sometimiento a salarios de extrema pobreza ha generado en los universitarios una situación humanitaria sin precedentes.

Es lógico que el gobierno busque hacer una nueva ley para terminar de controlar a las universidades a través de un nuevo marco normativo. Ya la Ley Orgánica de Educación de 2009 había creado la figura del “Estado docente” que asigna al Ejecutivo competencias de control sobre las normas y políticas de gobierno, ingreso y formación en las universidades, lo cual se agravó con los Planes de la Patria (2013-2019/2019-2025), que condicionan el proyecto educativo universitario a la construcción del ideario “socialista”.

No se esconden las intenciones de modificar con una nueva ley el concepto de “claustro universitario”, contenido en el artículo 109 constitucional, para controlar la elección de las autoridades universitarias, o la imposición de la concepción de la universidad comunal y el “estado docente” para reforzar la implantación de una única visión enmarcada en el proyecto socialista, contraria a la pluralidad del pensamiento en las universidades.

En vez de hablar de una nueva ley, debe exigirse el cese de la destrucción de las universidades y la violación de los derechos humanos de las y los universitarios.

Debe exigirse que se respete la autonomía universitaria conforme al artículo 109 constitucional y se respete la Ley de Universidades vigente.

Debe ratificarse que las universidades, en ejercicio de la autonomía universitaria garantizada constitucionalmente,  tienen la plena capacidad de resolver sus problemas mediante la creación de sus propios reglamentos.

Hablar de una nueva ley en el actual contexto de la política de Estado contra las universidades, contra la autonomía y contra los derechos de los y las universitarias, es caer en el juego entrampado por un gobierno que ya tiene las cartas puestas sobre la mesa.

DAVID GÓMEZ GAMBOA | @dgomezgamboa
Director de la Ong Aula Abierta / Docente y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ

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