Regresión histórica del sistema electoral venezolano

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Foto cortesía: Twitter | @CNEesVenezuela

Por Alberto Navas

El sistema electoral venezolano tiene profundas raíces en nuestra historia que se remontan, inclusive, hasta las últimas tres décadas del período colonial, desde aquel siglo XVIII de madurez económica e institucional que hasta Andrés Bello se ocupó en celebrar. Se trataba de un sistema de sufragio corporativo y excluyente, pero adaptado a la realidad de su tiempo.

En los Cabildos eclesiásticos y los Ayuntamientos municipales se sometían a votación designaciones y decisiones de gran importancia pero, principalmente en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, por Real Cédula del rey Carlos III de 1784, el Claustro Pleno de Doctores y Maestros obtuvo el privilegio de elegir al Rector, quitándole ese facultad al Maestrescuela de la Catedral y Cancelario de la Universidad. Las bases de esta filosofía política electoral se extendieron lentamente hacia el período republicano y se fue ajustando lenta y progresivamente hacia parámetros liberales y democráticos cada vez más marcados.

Tanto en la elección de Diputados decretada por la Junta Central Gubernativa de España e Indias el 22 de enero de 1809, para escoger (por votación y sorteo) representantes de las colonias hispanoamericanas, ahora consideradas “parte esencial e integrante de la monarquía española” observamos el peso de los criterios del Antiguo Régimen, corporativo y excluyente, donde los Ayuntamientos oligárquicos serían la base de la gestión electoral y por tanto de sus resultados. Dentro de la misma filosofía tradicional y corporativa fueron electos los Diputados al Congreso venezolano de 1811, que el 5 de julio de 1811 declaró la Independencia Irrevocable de Venezuela y derivó de ello la elección del Primer Triunvirato del poder ejecutivo, correspondiéndole al Dr. Cristóbal Mendoza ser el primer Presidente civil de la República de Venezuela.

Terminada la Guerra de Independencia en 1821 y separada Venezuela de la Unión Colombiana en 1830, la nueva Constitución racionalizó los procesos electorales hacia un sistema censitario y por grados, con Asambleas Electorales Parroquiales con perfeccionamiento de la votación en los niveles del poder Municipal y el Congreso Nacional, con lo que permanecían algunos valores del viejo orden colonial, pero se había avanzado hacia un sistema electoral republicano hasta 1858.

Luego de la Revolución de Marzo de 1858 que derrocó la autocracia de los Monagas y con el desarrollo de la llamada Guerra Federal (1859-1863), emergió el concepto del sufragio popular y universal, con exclusión de las mujeres y menores, que se consagró como un verdadero avance relativo en relación al pasado; imperando este concepto desde la Constitución de 1864 hasta el año de 1880, bajo la tiranía personalista y liberal del General Guzmán Blanco, quien bajo el paraguas del llamado Consejo Federal creó un “suprapoder” político, judicial y electoral, que fue la base de las tiranías oligocráticas hasta la muerte del General Juan Vicente Gómez en 1935.

El sistema constitucional reformista y de contenido social que se fue construyendo en Venezuela desde 1936 en adelante con el gobierno del General López Contreras, pese a los retrocesos políticos de la década de 1950, nos llevaron desde 1958 con la presidencia de Rómulo Betancourt y hasta la década de 1990, hacia el definitivo triunfo de la democracia representativa bajo el sufragio universal pleno y directo, de hombres y mujeres, conformando un modelo perfectible pero eficaz a seguir en toda América Latina. La prosperidad material en alimentación, educación, salud, vivienda, etc. elevó la población y sus expectativa de exigencias sociales, a lo que la democracia de partidos respondió lenta e ineficazmente, pero el sistema del sufragio universal se mantuvo firme hasta 1998, permitiendo incluso a sus críticos de origen militar (surgidos desde 1992) llegar al gobierno dentro de tales parámetros democráticos y representativos.

Desafortunadamente en la últimas dos décadas del siglo XX se observa una regresión histórica hacia escenarios político-electorales cualitativamente superados. No solamente en el terreno de la desmedida intervención del Estado-Ejecutivo en el desarrollo de los procesos electorales, sino en el retorno a la peligrosa práctica corporativa y excluyente heredada desde los tiempos coloniales, es decir una regresión a valores de clasificación del ciudadano votante según tipos morfológicamente adaptados a las necesidades de la estructura de poder interna, con lo que la “elección” se convierte en una “inducción” altamente predeterminada desde el poder establecido, una especia de nueva “oligarquía” enquistada en una visión antihistórica de mantener el poder a perpetuidad.

Estamos a tiempo de corregir esos vicios políticos regresivos no solamente con la disolución de la llamada Asamblea Nacional Constituyente que no goza de reconocimiento externo ni interno, la renovación de la actual Asamblea Nacional con participación de todos los sectores políticos y la eliminación del corporativismo y de la exclusión. De lo contrario tendremos un sistema electoral con tecnología del siglo XXI, pero bajo principios ya superados desde la Revolución Francesa en 1789. Solo figuras reaccionarias extremas como Benito Mussolini se han atrevido a reeditar estos modelos disfuncionales y dañinos, bajo la distópica concepción de su libro “El Estado Corporativo”.

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