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martes, 11 mayo, 2021

Providencia 001-2021: Nicolás Maduro a la caza de las ONG en Venezuela

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EL PODER EN ESTE PAÍS


Por: Rogelio Guevara Cantillo

En Venezuela las palabras crisis y amenaza son comunes. Hoy les toca el turno a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Las mismas llevan varias semanas en el ojo de un huracán llamado madurismo. Personajes de peso del régimen venezolano como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez o Tareck El Aissami las tienen monitoreadas en los últimos días. ¿Por qué? Son vistas ahora como una amenaza desde el Palacio de Miraflores. Maduro viene con una nueva arma contra estas organizaciones.  

La providencia 001-2021, publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 del día 30 de marzo de 2021, viene del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La normativa es liderada por el General de Brigada, Miguel Ángel Gallegos Matos, Jefe Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ese ente debe contar con información actualizada de toda persona natural y jurídica tanto de donantes como de personas beneficiadas y aquí está el controvertible tema de las organizaciones no gubernamentales.


Personajes de peso del régimen venezolano como Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez o Tareck El Aissami las tienen monitoreadas en los últimos días. ¿Por qué? Son vistas ahora como una amenaza desde el Palacio de Miraflores

Rogelio Guevara Cantillo

Según esta providencia, se crea un registro unificado de sujetos obligados (RUSO-ONCDOFT) con la finalidad de combatir aquellos riesgos como la legitimación de capitales, terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Entre los requisitos generales para su inscripción están los documentos de identificación en caso de personas naturales cuando sean propietarios de negocios y en caso de personas jurídicas sus representantes legales, miembros de las juntas directivas de sociedades mercantiles, miembros de consejos de administración de asociaciones cooperativas. Igualmente se solicita el registro de información fiscal (RIF) de los sujetos obligados, constancia de registro nacional de contratista si es el caso, estados financieros del sujeto obligado. Estos son algunos de los requisitos de conformidad con los artículos 4 y 5 de esta providencia.

Las ONG son abordadas en el artículo 6. Se solicita con carácter obligatorio el acta constitutiva y sus estatutos, constancia de inscripción ante el ente regulatorio, acta de asamblea de las autoridades vigente. El numeral 4 de este artículo es un punto álgido, listado de las organizaciones o entes nacionales o extranjeros de los cuales perciban aportaciones, donaciones o dádivas emitido por la junta directiva de la organización sin fines de lucro. Igualmente, el numeral 5 obliga que también sean identificados los beneficiarios personas naturales y jurídicas de las organizaciones no gubernamentales y el listado de asociaciones sin fines de lucro aliadas en el exterior. La misma providencia habla también de la figura de un “oficial de cumplimiento”.

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El inicio del registro contempla un lapso de entre 30 a 90 días y la correspondiente evaluación de los recaudos por parte del ente regulador en un plazo que no deberá superar los 30 días continuos y la posterior expedición del certificado de registro satisfactorio. Otro punto de interés es que los sujetos obligados deberán entregar sus estados financieros auditados en el lapso de los primeros quince días de abril de cada año para dar cumplimiento a la providencia 001-2021. La normativa legal para las organizaciones no gubernamentales sería la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. La providencia actual entró en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, el día 30 de marzo del año en curso.

Para analizar este tema, conversé con el abogado especialista en derecho administrativo, Daniel Betancourt, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. La Providencia 001-2021 está dirigida a aquellas personas que están sujetas u obligadas por la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, pero que específicamente su actividad no se encuentra regulada por ley especial o que no estén sometidos a ningún órgano o ente de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia. Es decir, a aquellas personas que realizan actividades que pudieran ser usadas para cometer delitos o ilícitos financieros, pero que no estén bajo la supervisión, vigilancia y control de otros entes especializados como Sudeban, Sudeaseg, Sunaval o BCV.

Betancourt agrega lo siguiente: “Vale destacar que los llamados a registrarse ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo no son solo las organizaciones no gubernamentales, sino también todas aquellas no vigiladas y supervisadas por otros órganos o entes de control especializados, dentro de la bastedad de personas sujetas a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, incluyendo personas naturales. Por ello, llama la atención los cortos plazos que se dan para la inscripción, tomando en cuenta el contexto de ralentización país por las medidas sanitarias tomadas para mitigar la epidemia de COVID-19”.

Así mismo Betancourt añade que es de destacar que parte de los documentos que se solicitan ya reposan ante registros públicos o bases de datos que lleva el Estado, por lo que queda en entredicho el imperativo de la simplificación de trámites administrativos y la actual gestión gubernamental se ha caracterizado por la constante creación de registros y bases de datos. El recién creado proyecto de ley se suma a las múltiples obligaciones formales y de inscripción que se imponen a las personas y cabe preguntar si solo responde a una coyuntura o si se mantendrá en el tiempo.


El numeral 4 de este artículo es un punto álgido, listado de las organizaciones o entes nacionales o extranjeros de los cuales perciban aportaciones, donaciones o dádivas emitido por la junta directiva de la organización sin fines de lucro

Rogelio Guevara Cantillo

Muchas personas directa e indirectamente trabajan en ONG y también estas personas hacen labor ciudadana construyendo un mejor país, además colaboran con el desarrollo económico del mismo, porque integran junto con las empresas privadas un sin fin de programas de ayuda para los venezolanos de todas las edades dependiendo del tipo de labor social que realizan. Es curioso que este “Estado socialista” que en los años previos al 2000 hizo mucha labor con ONG y en especial en derechos humanos como la anterior Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez o el actual Fiscal General del régimen, Tareck William Saab.  

Por ejemplo, recientemente estuvo de visita David Beasley, director general del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Se reunió tanto con Maduro como con Juan Guaidó para conversar sobre el tema de la inseguridad en materia alimentaria en Venezuela. Que el régimen de Maduro haya permitido la entrada del Programa Mundial de Alimentos es una prueba inequívoca que no pueden garantizar hoy ni en el futuro cercano el derecho humano de alimentación a los venezolanos, en especial de niños, niñas y adolescentes y personas jóvenes, que son el gran porcentaje del país. Este trabajo se ha podido hacer porque detrás hay numerosas ONG que presionan para que este tipo de reuniones ocurran y se busquen soluciones para los más necesitados.   

Ante esto surgen muchas dudas y preguntas. ¿Qué entes del Estado se encargarán de hacer inteligencia a estas organizaciones? ¿Qué organizaciones no gubernamentales serán consideradas “patriotas” y cuáles no? ¿Se busca eliminar la fuente de financiamiento a las ONG? ¿Puede el Estado concebir una lista de ONG del exterior como “antipatriotas” y negar su trabajo y recursos materiales y financieros en el país? ¿Qué ocurrirá con estas organizaciones que documentan, monitorean y denuncian crímenes contra los derechos humanos? ¿Cómo podrán hacer su trabajo las organizaciones que luchan día a día en beneficio de los venezolanos con condiciones de salud negativas? ¿Qué ocurrirá con los beneficiarios de estas organizaciones como personas menores de edad en condiciones de riesgo social o adultos mayores? ¿En esta categoría entran también organizaciones protectoras de animales? ¿Busca Nicolás Maduro ir suprimiendo a las ONG, así como ha hecho con medios de comunicación, radio y partidos políticos opositores? Las ONG son más que una piedrita en los zapatos de Nicolás Maduro, se han convertido en “recolectores de evidencia contra el régimen”.


ROGELIO GUEVARA CANTILLO | @Rogeliogcmundo

Analista del poder y economía en Latinoamérica.

El Pitazo no se hace responsable ni suscribe las opiniones expresadas en este artículo.

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